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Llega al Congreso la batalla de la orientación sexual

Congreso

Vista general del Congreso de los Diputados

El Pleno debatirá la próxima semana la alternativa del PP a la proposición de ley de Unidos Podemos contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales

El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá esta semana la enmienda a la totalidad que el Grupo Popular ha presentado a la proposición de Ley de Unidos Podemos-En Común Podem-En Marea contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales. Puede leerla aquí.

El Congreso aprobó con 202 votos a favor, 2 en contra y 124 abstenciones (PP y UPN), la toma en consideración de esta proposición de ley el pasado 19 de septiembre de 2017, pero el Partido Popular defenderá el próximo jueves 22 un articulado alternativo en el que, entre otros cambios, sustituye la propuesta de Unidos Podemos de crear una Agencia Estatal contra la discriminación por orientación sexual por un Consejo adscrito al Ministerio de Sanidad.

Es la otra gran batalla educativa que se libra en España. Esta es entre los colectivos LGTBI y los que consideran que estos tratan de imponer una «ideología de género» en contra de la heterosexualidad y la familia convencional.

Por parte del colectivo LGTBI, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), autora del texto original de la Proposición de Ley de Igualdad LGTBI y principal impulsora de su aprobación, acusa al Partido Popular de «consumar la mayor traición desde el recurso al Tribunal Constitucional del matrimonio igualitario«. Se basan en el hecho de que el texto aceptado a trámite el 19 de septiembre de 2017 solo contó con el voto en contra de dos diputados. Obvian que hubo 124 abstenciones (del PP y UPN).

El presidente de la FELGTB, Jesús Generelo, tacha de «texto improvisado, carente de contenido, elaborado a espaldas del colectivo directamente afectado, e incluso incoherente», la enmienda de 33 artículos presentada por los populares. Y lo confronta con su propuesta «compleja, trabajada durante años y con 99 artículos».

Para este colectivo el PP excluye de su enmienda asuntos clave «como la despatologización de la transexualidad, las mejoras en los derechos de filiación o la formación en diversidad. Además, excluye lo relativo a sanciones, un aspecto fundamental para acabar con la discriminación y los delitos de odio».

«Le dimos al PP la oportunidad de sumarse a la lucha por la igualdad y la defensa de los derechos humanos de las personas LGTBI, históricamente discriminadas», señala Generelo, que promete «tomar buena nota de cara al futuro». Recuerda en este punto que invitaron a representantes del PP a encabezar la manifestación que celebró en España el Orgullo Mundial (WorldPride Madrid) porque «se comprometió a respaldar la tramitación de la Ley de Igualdad LGTBI».

Generelo reprocha a Javier Maroto, vicepresidente Nacional de Política Social y Sectorial del Partido Popular, que se comprometiese con él a «apoyar la tramitación de la proposición de «ley contra la discriminación de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales» y a que «el texto aprobado por el Parlamento sea, en términos generales, lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español».

Pero «el Partido Popular no solo no ha respetado el compromiso firmado sino que ha llevado a cabo la redacción de la enmienda a la totalidad completamente de espaldas a las organizaciones representantes del colectivo LGTB, en una nueva muestra de desprecio hacia estos colectivos».

La FELGTB, la mayor organización LGTB española -compuesta por 44 entidades de todo el país- y una de las mayores de Europa, quiere que las enmiendas que puedan presentarse al texto redactado por ellos «respeten al máximo la esencia del texto, ya que emana de los colectivos directamente afectados».

Este texto está firmado por Amnistía Internacional, Comisiones Obreras (CCOO), la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA), la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Confederación Estatal de Personas Sordas CNSE), la Coordinadora Estatal de VIH y sida (CESIDA), la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), la Confederación Intersindical, el Consejo de la Juventud de España (CJE), la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), la Fundación Cepaim, la Fundación ONCE, la Fundación Secretariado Gitano, Mensajeros de la Paz, Movimiento Contra la Intolerancia, Movimiento por la Paz (MPDL), la Plataforma de Organizaciones de Acción Social, la Plataforma del Voluntariado, Plena inclusión, RAIS, Red Acoge, Save the Children, la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España, la Unión General de Trabajadores (UGT) y la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local (Unijepol).

Enfrente de todas estas organizaciones se sitúa HazteOir.org, que celebra que el PP haya decidido presentar una enmienda a la totalidad «de la #LeyMordazaLGTBI de Podemos». Y eso, dicen, aunque el texto «todavía incluye determinados aspectos preocupantes, sobre todo en lo relativo al adoctrinamiento de menores». Esta asociación lleva luchando contra esta situación desde el pasado octubre de 2016 con su famoso #HOBus incluido.

El director de Campañas y portavoz de esta asociación, Miguel Vidal, califica la ley presentada por el partido liderado por Pablo Iglesias como «la más reaccionaria y totalitaria desde el franquismo». Destaca como aspectos positivos del texto alternativo presentado por el Partido Popular la desaparición de la Agencia Estatal LGTBI, «que en la propuesta de Podemos tiene una función censora y casi policial». Sin embargo, critica la creación del Consejo Estatal para Igualdad de Trato y No Discriminación de LGTBI «que concede privilegios y subvenciones a unas asociaciones que nadie ha elegido por su orientación ideológica».

Vidal espera que otras formaciones políticas rechacen la propuesta de Unidos Podemos porque, de aprobarse, «la izquierda más radical tendría en sus manos el control ideológico de todos los ciudadanos. Todos estaríamos obligados a acatar su moral, su sexualidad y hasta una visión de la biología absolutamente acientífica, comenzando por los niños en las escuelas».

También Enraizados y la Asociación para la Defensa de los Valores Católicos en la Enseñanza (ADVCE) hablan de dictadura de la ideología de género dirigida por los lobbies LGTB y feminista. Se da la circunstancia de que esta misma semana el Ateneo de Santander ha suspendido una conferencia de Alicia Rubio, profesora y autora del libro Cuando nos prohibieron ser mujeres… y os persiguieron por ser hombres, en la que denuncia «la dictadura de la ideología de género».

Estas dos organizaciones acusan a los colectivos LGBTI de acallar al disidente con dos objetivos: «por una parte, conseguir dinero (subvenciones) y privilegios, y por otra, la reducción de la población». Y todo, aniquilando «la libertad de expresión».

Todo este cruce de ideas y acusaciones se produce en un contexto en el que hasta las Asociaciones Judiciales -Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente- han tenido que protestar por el acoso que sufren algunos jueces y magistrados especializados en violencia de género.

Algunas federaciones de mujeres progresistas, juristas, separadas y divorciadas quieren denunciar a aquellos jueces con competencias en violencia sobre la mujer que «no están dando un trato adecuado a las víctimas de violencia de género». Estos grupos quieren que se supervise aquellos juzgados que tengan una alta tasa de peticiones de protección denegadas a víctimas de violencia de género.

Las asociaciones de magistrados y jueces defienden que España es referente internacional por contar con órganos judiciales especializados en violencia de género. Y que sus titulares son independientes, imparciales y sometidos exclusivamente al imperio de la Ley. En este sentido, argumentan que «todos los miembros de la Carrera Judicial investigan, exclusivamente, hechos presuntamente delictivos y que la instrucción penal no es sólo correcta si el imputado resulta condenado, por cierto, por otro órgano enjuiciador distinto del instructor».

Insisten los jueces españoles en que «obtener Justicia no es sinónimo de que nos den necesariamente la razón y que la tutela judicial efectiva implica el derecho a obtener una resolución fundada en derecho». Por todo ello, muestran su apoyo a sus compañeros con competencia en violencia de género advirtiendo de que «tratar de influir en las resoluciones judiciales a través de denuncias sistemáticas ante el CGPJ y otros organismos cuando aquellas nos son desfavorables -incluso después de haber sido confirmadas en segunda instancia-, constituyen un ataque directo a la independencia judicial y, por ende, al normal funcionamiento de la democracia».

El «acoso» a los jueces especializados en violencia de género ha obligado incluso a pedir amparo a varios magistrados a los que se les han realizado «escraches». Uno de ellos es la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Arganda del Rey (Madrid), que ha sido increpada por una mujer personada en varios procedimientos tramitados en su Juzgado.

Esta juez pidió amparo al Consejo General del Poder Judicial después de que esta mujer esperase en la entrada de su juzgado la llegada de otras víctimas de violencia de género para avisarlas de que «allí no se las trataba bien». Además, tiene un blog en internet en el que cada día publica comentarios contra su persona y cuestionando su labor como magistrada. E incluso ha llegado a abordarla en la entrada del colegio en el que estudian sus hijos.

La cosa promete y la semana será «caliente». No sólo en el Congreso, también en la calle. HazteOir.org y su plataforma internacional CitizenGO celebran el próximo viernes 23 de febrero en Madrid el I Congreso Internacional sobre Género, Sexo y Educación (#GenderAndSex Conference) que dará a conocer «las terribles consecuencias del adoctrinamiento ideológico LGTBI en los niños».

La asociación ha invitado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, al consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido; a la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, a su delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero; a los secretarios generales del PSOE y Podemos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias respectivamente; al coordinador general de IU, Alberto Garzón, a la diputada socialista de la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli, a los dirigentes de Podemos Pablo Echenique e Íñigo Errejón, y al alcalde de Pamplona, Joseba Asiron.

El portavoz de HazteOir.org, Miguel Vidal, recuerda que también se han remitido cartas de invitación a los presidentes de la FELGTB, Jesús Generelo, COGAM, Jesús Grande, COLEGAS, Samir Bargachi, y al coordinador de ARCÓPOLI, Yago Blando. El objetivo, según se indica en la carta de invitación, es que «aprendan a enfocar la defensa de sus derechos de otra manera, respetando la libertad de las personas homosexuales para decidir en libertad lo que quieran hacer en sus propias vidas».

Este congreso ha sido denominado por el Área federal de Libertad de Expresión Afectivo-Sexual (ALEAS) de Izquierda Unida como «el de la intolerancia». IU acusa a HazteOir de ser una plataforma ultraconservadora y reclama al Ejecutivo de Cristina Cifuentes que «aplique la Ley de Protección Integral contra la LGTBIfobia, que prohíbe las expresiones vejatorias contra la diversidad sexual y de género en el ámbito madrileño».

Para IU, Hazte Oír pretende ahora «poner en duda la dignidad y la igualdad de derechos de las personas trans» con «supuestos expertos internacionales». Recuerdan que esta asociación ya «ha lanzado mensajes que incitan al odio contra la diversidad sexual y de género patrocinando el famoso ‘homobús’ y enviando folletos a colegios e institutos con argumentos discriminatorios«.

«Y todo ello -denuncia el Área de Libertad de Expresión Afectivo-Sexual de IU- utilizando los recursos y los beneficios económicos públicos de los que disfrutan por mantener desde 2013 la declaración de asociación de utilidad pública que les otorgó el Gobierno del PP».

Ante esta situación, Izquierda Unida insta, por un lado, al Ejecutivo madrileño de Cristina Cifuentes a que «no permita lo que no es más que un congreso de la intolerancia» y al Gobierno de Mariano Rajoy a «retirar a Hazte Oír esa declaración de asociación de utilidad pública», para impedir que «continúe sirviéndose de beneficios fiscales para atacar los derechos humanos de una parte importante de la ciudadanía».

En este estado de «tensión social» serán los diputados los que esta semana voten si a partir de ahora el texto sobre el que se realizarán las enmiendas al articulado será la propuesta original o la enmienda a la totalidad.

Mientras, alejada de los problemas ideológicos y más cerca de la rutina diaria, la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) ha solicitado al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, una batería de medidas que compense a las familias numerosas por la aportación que hacen a la sociedad en forma de capital humano; y, de paso, contribuir a atajar el problema demográfico.

La FEFN ha pedido la ampliación de las deducciones fiscales por familia numerosa, para dar un tratamiento especial a estas familias, que compense lo que invierten en la educación y cuidado de los hijos, futuros cotizantes que ayudarán a mantener el estado del bienestar en un contexto seriamente amenazado por el envejecimiento de la población. Según datos de Naciones Unidas, en el año 2050 España será el país más viejo del mundo, por detrás de Japón, por lo que «es necesario introducir medidas que favorezcan que las familias tengan los hijos que quieran tener y protegerlas adecuadamente en el plano fiscal», apunta la presidenta de la FEFN, Eva Holgado.

En este sentido, plantean crear una nueva deducción fiscal por gastos de guardería, que supondría que las familias con hijos menores de 3 años que estén escolarizados en un centro de educación infantil puedan deducirse 1.200 euros por este concepto. La FEFN apoya su argumento en la insuficiencia de plazas de la red pública de escuelas infantiles para cubrir la demanda de las familias en esta etapa educativa, que no está incluida en la educación obligatoria.

También en relación con la conciliación de la vida laboral y familiar, la FEFN ha pedido que se cree una nueva deducción por la contratación de personal doméstico, una figura necesaria en las familias con varios hijos en las que los dos progenitores trabajan fuera de casa.

Otra forma de compensar y proteger especialmente a las familias numerosas vendría, a juicio de la FEFN, por la vía del empleo. En concreto, la entidad familiar pide que se bonifique en las cuotas a la Seguridad Social a aquellas empresas que contraten a miembros de familias numerosas –padres, madres o hijos-, y que se aumente el importe máximo a percibir en la prestación por desempleo que otorga el Servicio Púbico de Empleo Estatal (SEPE), ya que actualmente hay un máximo fijado para parados con dos hijos, de manera que los desempleados con 3, 4, 5 ó más hijos perciben el mismo dinero al mes, claramente insuficiente si se tienen más personas a cargo.

Y por último, ampliar la categoría especial de familia numerosa para las de 4 hijos, anunciada en febrero de 2017 por la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, y que, tal y como se ha comprometido el Gobierno, se llevará a cabo durante la actual legislatura.

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