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Llarena procesa por rebelión a Puigdemont, Junqueras, Forn y Turull

Carles Puigdemont

Puigdemont, huido en Waterloo, y Junqueras, actualmente en prisión, en una imagen de la Generalitat

También a Raül Romeva, Clara Ponsatí, Josep Rull, Antoni Comín y Dolors Bassa, Carme Forcadell, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Marta Rovira

El magistrado del Tribunal Supremo también acuerda el procesamiento de otras doce personas por un delito de desobediencia

El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha declarado este viernes procesados por un delito de rebelión a 13 investigados en la causa en la que investiga el proceso de secesión de Cataluña.

Se trata del ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, el ex vicepresidente Oriol Junqueras, siete ex consellers del Govern catalán -Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Josep Rull, Antoni Comín y Dolors Bassa-, la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell, el ex presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez; el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que se ha fugado.

En el auto de procesamiento, de 70 páginas y que puede leer aquí, el juez procesa además a los otros 5 ex miembros del Govern catalán cuando sucedieron los hechos -Meritxell Borràs, Lluis Puig, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Serret- por delitos de malversación de caudales públicos, y de desobediencia. A Puigdemont, Junqueras y los siete ex consellers procesados por delito de rebelión también les procesa por malversación, sin perjuicio de que su calificación pueda incardinarse en el delito específico de malversación (artículo 432 del Código Penal) o quedar absorbida en el delito agravado de rebelión con distracción de caudales públicos de su legítima inversión contemplado en el artículo 473.2 del Código Penal.

Asimismo, el magistrado procesa por el delito de desobediencia a cinco ex miembros de la Mesa del Parlament de Cataluña -Lluis María Corominas, Lluis Guinó, Anna Isabel Simó, Ramona Barrufet, y Joan Josep Nuet-, así como a Mireia Boya, ex presidenta del grupo parlamentario de la CUP; y a Anna Gabriel, ex portavoz del mismo grupo, actualmente huida en Suiza. Puede ver aquí el listado de procesados.

El juez Pablo Llarena justifica el procesamiento de los 25 investigados porque el «diseño criminal» de la hoja de ruta que culminó con la declaración unilateral de independencia (DUI) puede no haberse interrumpido con la aplicación del artículo 155 de la Constitución y que parece estar «latente y pendiente de reanudación una vez que se recupere el pleno control de las competencias autonómicas».

En el auto, el juez relata los hechos acontecidos en Cataluña en los últimos 6 años en relación con el proceso secesionista, en lo que considera un concierto entre partidos políticos y entidades soberanistas para llevar a cabo la ejecución de un plan predeterminado con el objetivo de declarar la independencia de Cataluña al margen de la legalidad vigente.

El magistrado sitúa el inicio de este concierto el 19 de diciembre de 2012, cuando el entonces candidato a la Presidencia de la Generalitat y líder de CiU Artur Mas firmó con el presidente de Esquerra Republica de Cataluña, Oriol Junqueras, el «Acuerdo para la Transición Nacional y para Garantizar la Estabilidad del Govern de Catalunya», un acuerdo que determinó el nombramiento de Artur Mas como presidente de la Generalitat.

Llarena destaca la importancia del llamado «Libro Blanco de la Transición Nacional de Cataluña», presentado públicamente por Artur Mas en septiembre de 2014, que proclamó la legitimidad del proceso de autodeterminación de Cataluña y que ha venido marcando desde entonces la hoja de ruta para el proceso de transición de Cataluña hacia un país independiente.

Ese libro «contempló distintos procedimientos para la creación del nuevo Estado, en función de que la independencia pudiera alcanzarse mediante un marco de colaboración negociada con el Gobierno español, o que, por el contrario, se desplegaran instrumentos de oposición a la independencia por parte del Estado. Esto es, no era la independencia la consecuencia de una falta de negociación con el Estado, sino el objetivo que pretendía alcanzarse en todo caso, primeramente mediante un acuerdo pactado y, en caso contrario, de manera unilateral y forzando al Gobierno a asumir una situación de hecho que buscaba crearse».

El magistrado recoge en su auto todo el operativo llevado a cabo por los Mossos d’Esquadra ante el 1 de Octubre, «para boicotear el cumplimiento de la orden judicial por inacción», con un despliegue de 7.000 agentes, cuando en jornadas electorales normales pasaban de 12.000.

Llarena también explica el papel desarrollado por las entidades ANC y Òmnium que asumieron, según el juez, «la responsabilidad de impulsar la mayor aceptación social de las iniciativas secesionistas, así como favorecer la creencia pública de que la proclamación de la república era perfectamente viable, buscando, por último, una intensa movilización ciudadana que favoreciera que el Estado terminara por aceptar la independencia de Cataluña, ante las vías de hecho que se desplegaron».

De entre todos los actos y manifestaciones convocados por estas entidades en estos años, destaca el que se produjo el 20 de septiembre de 2017 ante la sede de la Consejería de Vicepresidencia, Economía y Hacienda de la Generalitat, en Barcelona, con motivo de los registros judiciales que se intentaban llevar a cabo en dicha sede en búsqueda de documentos sobre la convocatoria del referéndum ilegal.

Pablo Llarena relata que «bajo la sola protección de los dos Mossos d’Esquadra que diariamente se encargan de la vigilancia ordinaria del edificio y que no recibieron refuerzo ninguno durante el día, hasta 60.000 manifestantes se agolparon y asediaron el edificio».

El juez argumenta, para acusarlos por rebelión, que «tras años impulsando el deseo colectivo por la independencia entre amplios sectores de la población; después de haber ensayado movilizaciones masivas conformadas por cientos de miles de adeptos; tras haber convencido a los seguidores de que ostentaban una legitimidad para una independencia que sabían constitucionalmente imposible; y conociendo los graves acontecimientos que se derivaron de la movilización pública del día 20 de septiembre; impulsar a todos ellos a que hicieran frente al amplio despliegue de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que tenían la orden judicial de impedir la votación del 1-O y a que defendieran el recuento de la votación, supone, no ya aceptar el riesgo de una violencia claramente representable, sino directamente impulsar a una masa ciudadana a que desborde por la fuerza cualquier intención de contención que pueda provenir del Estado, tal y como finalmente aconteció el día de la votación».

El juez fija una fianza de responsabilidad civil por importe de 2,1 millones de euros que deberá ser prestada solidariamente por los 14 ex miembros del Govern catalán procesados, es decir, Puigdemont, Junqueras, Forn, Turull, Romeva, Ponsatí, Rull, Comin, Bassa, Borràs, Puig, Mundó, Vila y Serret.

La cuantía se ha establecido sumando a los 1,6 millones de euros que el magistrado señala que fue el montante que hubo de emplearse para sufragar el referéndum del 1de octubre, de acuerdo a las investigaciones practicadas, el tercio de esa cuantía que debe añadirse de acuerdo a la ley para este tipo de fianzas para asegurar responsabilidades pecuniarias.

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