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Lesmes: “La Constitución no puede renunciar a defenderse si es golpeada”

Carlos Lesmes

Carlos Lesmes junto a la fiscal general del Estado

El presidente del CGPJ acusa a los poderes públicos catalanes de atacar personalmente a los jueces

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, advirtió ayer de que “cuando la Constitución resulta golpeada no puede renunciar a defenderse”, ya que “el Estado democrático de derecho no admite disgregaciones entre ley y democracia”.

En su discurso en el acto de apertura del Año Judicial y tras recordar que la Carta Magna es “permeable” a las transformaciones políticas y sociales, Lesmes dijo que “no puede ser concebida como políticamente neutra” y menos aún ante los riesgos que suponen “los movimientos populistas y los planteamientos identitarios excluyentes”.

Destacó la impronta del texto constitucional como fundamento de convivencia y libertad, “sobre todo cuando se intenta erosionar la legitimidad del poder judicial mediante acciones que exceden con mucho la libertad de expresión o el derecho de defensa”. En este punto el presidente del Supremo mostró su apoyo a los jueces que reciben “ataques personales”, alentados no solo desde ciertos sectores sociales, sino por algunos responsables políticos.

Asimismo, aludió a las recientes decisiones judiciales de los tribunales alemán y belga, relacionadas con la causa contra el procés, que, subrayó, han generado una “grave incertidumbre” por interpretar “de forma unilateral” mecanismos jurídicos autónomos como las euroórdenes. “Pese a las dificultades, nuestra Justicia está llamada a salvaguardar la Constitución, precisamente, por ser la expresión más intensa de nuestro compromiso con Europa”, aseveró Lesmes.

El pesidente del CGPJ reprochó a “determinados poderes públicos” que alimenten “la desafección del ciudadano respecto del poder judicial” asegurando que “ningún juez puede decidir en contra de la voluntad popular”. Esto demuestra “una absoluta ignorancia de la dimensión y del significado del Estado de Derecho”, ya que, puntualizó, “es evidente que el respeto al Derecho es irrenunciable, como lo es también su constante salvaguarda judicial”.

“Frente a la posverdad, que persigue la impunidad bajo el cobijo aparente de la voluntad popular, los ciudadanos han de percatarse de que la respuesta del poder judicial se encamina a evitar que el sistema de libertades quede fatalmente debilitado”, concluyó.

Por su parte, la fiscal general del Estado, María José Segarra, subrayó que en la España del siglo XXI “nadie es perseguido por sus ideas”, sino por la presunta comisión de hechos delictivos, por lo que “no puede hablarse de presos políticos”. Segarra se pronunció así en la Memora de la Fiscalía relativa al año 2017. “La ley nos vincula a todos, porque sin ley no hay democracia”, recalcó Segarra.

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