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Las víctimas ven inaceptable el comunicado etarra

Atentado ETA

Imagen de archivo de uno de los atentados de ETA en Madrid

Ante el último comunicado de la banda terrorista, exigen a ETA que esclarezca los crímenes sin resolver y facilite la ubicación de las víctimas desaparecidas

La Guardia Civil se pregunta si los niños, hijos de guardias civiles que fueron asesinados en los atentados contra las casas cuarteles de Vic o Zaragoza, «participaron directamente en el conflicto» 

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) considera inaceptable e insultante que ETA «pida perdón» solo a aquellas víctimas que «no tenían una participación directa en el conflicto». Esto, para los damnificados por el terrorismo etarra es lo mismo que dividir a las víctimas entre culpables e inocentes.

Para este colectivo, esta postura implica la justificación del asesinato de centenares de personas en el contexto de un «conflicto inexistente que ETA se empeña en mantener para fundamentar su historia y difuminar su responsabilidad sobre los crímenes cometidos».

Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE, apunta que «ETA trata a las víctimas como daños colaterales en la imposición de un proyecto totalitario al que ni los terroristas ni su brazo político han renunciado».

La hermana de Gregorio Ordóñez, concejal asesinado en 1995, cree que «la única aportación que ETA puede hacer a la sociedad a la que lleva golpeando medio siglo es esclarecer los más de 400 asesinatos que quedan sin resolver y señale la ubicación de los cadáveres de las víctimas desaparecidas».

El colectivo considera que el hecho de que ETA quiera «representar un final a cámara lenta» a base de comunicados y actos públicos con supuestos avales internacionales «demuestra que la banda terrorista quiere sacar rédito de su final». «El final de una organización terrorista verdaderamente arrepentida tendría que ser discreto y sin afán de protagonismo», ha remarcado Ordóñez.

Las víctimas hubieran preferido «que el final de ETA lo escribieran las Fuerzas de Seguridad deteniendo a lo que queda de la organización terrorista y frenando cualquier intento de blanquear su pasado». En este sentido, afirman que «el Estado tiene la obligación de darle a la sociedad la foto de la derrota de los terroristas», algo que «aún no ha cumplido». Al respecto, esperan que «el Estado asegure que el final de ETA no tenga contrapartidas ni para los terroristas ni para el nacionalismo».

También la Asociación de Víctimas del Terrorismo reprochan a ETA que justifique su actividad terrorista una vez más. Para esta asociación el comunicado de la banda es un paso más en la estrategia, orquestada desde que declarara en 2011 el «alto el fuego», por diluir su verdadera responsabilidad, justificar el uso de la violencia para la imposición de su proyecto totalitario y manipular la historia.

Critican que los terroristas justifiquen su nacimiento y el uso de la violencia en un supuesto ambiente de sufrimiento previo que tendría su origen en el bombardeo de Gernika en 1937, disculpando con ello el uso de la violencia como algo inevitable, defensivo y fruto de un conflicto inexistente e inventado.

Además afean que la organización etarra defienda su actuación equiparándola a la supuesta violencia ejercida por el Estado y la presenten como una obligación «por las necesidades de todo tipo de lucha armada».

Por todo esto, la asociación presidida por Alfonso Sánchez manifiesta que no se puede permitir que «se blanquee el pasado criminal de la organización terrorista ETA» y esperan que «se reconozca como la principal vulneradora de derechos humanos en el País Vasco y en el resto de España durante décadas».

«Que reconozca que el uso de la violencia no tiene justificación alguna y que haga autocrítica de su pasado criminal», piden estas víctimas que exigen «la asunción de responsabilidades individuales para que los que se encuentran huidos de la Justicia pasen a disposición judicial», puedan resolverse «los atentados cometidos por ETA pendientes de esclarecer», «entreguen todas las armas intactas» y «desmantelen las estructuras terroristas».

Por último, exigen al Gobierno que acabe con este paripé de comunicados, farsas y puestas en escena y que tome la iniciativa para neutralizar esta campaña propagandística orquestada por ETA con la única finalidad de venderse a la comunidad internacional como si ellos fueran los buenos y de esta manera forzar a los Estados español y francés a ceder en sus reivindicaciones.

Por supuesto, la Guardia Civil se ha posicionado en contra del comunicado de la banda terrorista. Durante su macabra historia, ETA ha asesinado a 230 guardias civiles. Sin embargo, en su comunicado de hoy, la banda ha vuelto a atentar contra la memoria de esos dos centenares largos de víctimas y sus familiares, viudas, huérfanos, padres y madres que perdieron a sus hijos. A ninguno de ellos les piden perdón sus asesinos, que únicamente se avienen a hacerlo respecto a «víctimas que no tenían una participación directa en el conflicto».

Para la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), el comunicado, en el que se vuelve a emplear el término de «lucha armada» para eludir llamar al terrorismo por su nombre, es una nueva muestra de la cobardía y la falsedad de la banda.

Los guardias civiles opinan que en su escrito ETA ha vuelto a justificar el asesinato de guardias civiles, militares y policías. La lista de las víctimas justificadas podría ampliarse a concejales, empresarios o periodistas, porque desconocemos cuál es el ámbito de «participación directa en el conflicto». ¿Se incluyen también en él los niños y niñas hijos de guardias civiles que fueron asesinados en atentados atroces como los de las casas cuarteles de Vic o Zaragoza?, se preguntan en la AUGC.

Recuerdan, además, que la vida de los guardias civiles todavía está muy lejos de la normalidad en Navarra y el País Vasco, con situaciones de acoso diarias que provoca que los agentes y sus familias sufran el aislamiento y el miedo a moverse con normalidad por pueblos y ciudades de estas comunidades autónomas.

En este sentido, la muestra más palmaria es el ataque sufrido en octubre de 2016 en Alsasua por dos agentes y sus parejas. Una brutal paliza que recibieron sólo por su condición profesional, y cuyos autores han sido juzgados por terrorismo esta semana en la Audiencia Nacional. AUGC, que está personada como acusación particular, apoya la petición de penas solicitada por la Fiscalía.

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