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Las regiones socialistas rechazan los objetivos de déficit y deuda

CPFF

Montoro y Santamaría con Dávila, consejera canaria de Hacienda

El CPFF fija el objetivo de déficit en el -0,3% para 2018, el 0% para 2019 y el 0% para 2020

Los objetivos de deuda pública para el conjunto de las CCAA serán del 24,0% para 2018, 23,1% para 2019 y 22,3% para 2020

Las Comunidades gobernadas por el PSOE y Cataluña han votado en contra de la propuesta del Gobierno

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, presentó el pasado jueves los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el trienio 2018-2020.

En la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que presidió junto a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, Montoro comunicó que la senda aprobada para las Comunidades Autónomas correspondiente a este periodo es del -0,3% del PIB para 2018, del 0,0% del PIB para 2019 y del 0,0% del PIB para 2020.

Nueve comunidades autónomas, las gobernadas por los socialistas -Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad Valenciana, Baleares, Asturias, Cantabria, Aragón- y Cataluña, votaron en contra del objetivo de déficit. Canarias se ha abstenido.

El ministro recordó que el establecimiento de los objetivos de déficit y deuda se enmarca dentro de las medidas que deben adoptarse en relación con las comunidades autónomas como consecuencia de la decisión del Consejo de la Unión Europea del pasado 8 de agosto. Asimismo, apuntó que la suavización de la senda de consolidación para este subsector debe ir acompañada de medidas de ajuste que deben adoptar las propias comunidades autónomas en aplicación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Por otro lado, los objetivos de deuda pública del conjunto de las Comunidades Autónomas para el trienio 2018-2020 han quedado fijados en los siguientes términos: 24,0% para 2018, 23,1% para 2019 y 22,3% para 2020.

La reunión del CPFF se produjo después de la de la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL) del lunes, día 26. Allí se acordó que las entidades locales seguirán con el objetivo de equilibrio presupuestario después de cinco ejercicios consecutivos de superávit, mientras que su objetivo de deuda pública será el 2,7% del PIB en 2018, el 2,6% en 2019 y el 2,5% en 2020.

Entre las Autonomías contrarias a los objetivos marcados por Montoro se ecuentra la Valenciana, gobernada por Ximo Puig. Su conseller de Hacienda, Vicente Soler, reprochó durante la reunión «la deslealtad del Ejecutivo al proponer un reparto del déficit que daña los servicios básicos que prestan las comunidades».

El conseller de Hacienda criticó «la opacidad del techo de déficit que ha planteado el Gobierno, y reprochó a Montoro que no explique el porqué de esa distribución vertical del déficit ni cómo se asigna el gasto a cada administración».

Soler no está de acuerdo con que «de manera unilateral el Gobierno de España fije un reparto asimétrico sin dar explicaciones», cuando «en la Comunitat Valenciana -explicó Soler- nunca podremos llegar al nivel que plantea el Gobierno mientras el sistema de financiación autonómico siga siendo el actual».

El conseller de Hacienda y Modelo Económico valenciano explicó que la Comunitat Valenciana tiene «problemas de caja, problemas de liquidez, y no pueden atender a los pagos a proveedores». En este sentido, Soler dijo no entender por qué el año pasado el Ministerio de Hacienda ingresó en junio el FLA extraordinario y en el mes de julio la liquidación de dos años antes. Según el conseller, «los servicios púlbicos deben tener una financiación permanente, estable y tranquila».

El representante valenciano en la reunión del CPFF, que dijo que l suya es «la región peor financiada de España», propuso un cambio en la distribución vertical del déficit en el que se tenga en cuenta el peso relativo y la naturaleza de los servicios que prestan las autonómas, que son quienes gestionan los servicios públicos fundamentales.

Otra perspectiva tienen en las Islas Canarias, cuya representante en el CPFF se abstuvo en la votación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública. Rosa Dávila pidió crear una comisión de análisis de la regla de gasto que frena el crecimiento de las autonomías cumplidoras

Dávila considera que la regla de gasto no debe suponer una limitación para financiar los servicios públicos esenciales y por eso pidió que el Ministerio de Hacienda tenga en cuenta el crecimiento económico y los ingresos públicos de cada comunidad autónoma a la hora de aprobar el techo de gasto que servirá de base para la elaboración de los presupuestos del próximo año.

«Lo que no tiene sentido -dijo- es que a Canarias, que es una comunidad históricamente cumplidora, se le apliquen las mismas reglas financieras que a las incumplidoras», dijo Dávila, que añadió que «no tiene razón de ser que haya superávit y no se puedan emplear los recursos públicos que genera la economía de Canarias para atender las necesidades de la ciudadanía».

Rosa Dávila explicó una vez finalizado el Consejo que Canarias ha planteado al Ministerio de Hacienda y Función Pública, desde el inicio de la presente legislatura, que la regla de gasto «debería flexibilizarse y ser una senda a medio plazo para cada autonomía a medida que se cumple los objetivos de estabilidad y al déficit cero».

Ante la negativa de Montoro de flexibilizar de manera inmediata el techo de gasto para las autonomías cumplidoras, Canarias se abstuvo en la votación sobre la propuesta de objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública.

El Gobierno central sigue pensando que los objetivos marcados posibilitarán cumplir con los compromisos asumidos en el marco del actual procedimiento por Déficit Excesivo y del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Este lunes está previsto que apruebe el techo de gasto para 2018 en un Consejo de Ministros extraordinario. Luego tendrá que negociar la aprobación del mismo en el Congreso. Para ello necesita el apoyo de Ciudadanos, PNV y los partidos que ya permitieron con su voto favorable aprobar los PGE de este año.

El límite de gasto no financiero del Estado para 2018 podría rondar los 120.000 millones de euros, según algunas informaciones. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, junto a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dirigen las conversaciones con los grupos políticos para asegurarse la aprobación del techo de gasto.

El PSOE ha dejado entrever que no lo apoyará; mientras, Ciudadanos (C’s) reclamó la pasada semana a Montoro una rebaja de IRPF como condición necesaria para votar a favor. Como respuesta, el titular de Hacienda estudia posibles deducciones al IRPF, pero todavía es muy pronto para decir si habrá cambios en el impuesto en los próximos presupuestos.

C’s cree que la revisión al alza del crecimiento, unida a una evolución mejor de lo esperado de la recaudación, deja 2.100 millones de margen para bajadas puntuales del impuesto sobre la renta a las clases medias y bajas.

El PSOE explicará su posición hoy, tras la reunión de su Ejecutiva, aunque hay que tener en cuenta que las comunidades gobernadas por los socialistas han votado en contra de las nuevas metas de déficit acordadas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera…

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