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Las 10 razones por las que las víctimas de ETA critican al Gobierno

AVT

Ángeles Pedraza, presidenta de la AVT

Saldrán a la calle el próximo 24 de enero con el lema «No más traiciones»

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha convocado una manifestación para el próximo 24 de enero en la que denunciará las «traiciones del Gobierno de Mariano Rajoy».

Las víctimas de ETA critican que desde que el 20 de noviembre de 2011 el Partido Popular ganó las elecciones se sienten «profundamente traicionadas».

Sobre todo, reprochan las salidas masivas de terroristas de las cárceles gracias a artimañas jurídicas y que se vaya imponiendo «un relato que justifica la violencia terrorista y el blanqueamiento del pasado de los terroristas». Pero también que Sortu, Bildu y Amaiur, «las nuevas marcas políticas de ETA hayan sido reconocidas como interlocutores políticos válidos por el Gobierno y por el Partido Popular en aquellas instituciones en las que participan».

Además, las víctimas responsabilizan directamente al Gobierno de Mariano Rajoy de la salida de la cárcel del etarra Bolinaga, «supuestamente enfermo terminal y al que el Gobierno del Partido Popular puso en libertad concediéndole el tercer grado so pretexto de que una decisión contraria sería prevaricar. Hoy, casi 900 días después se pasea impunemente por las calles de su pueblo».

En el mismo sentido, critican la inacción del Gobierno del Partido Popular en las instancias europeas en defensa de la constitucionalidad de la doctrina Parot, lo que posibilitó su anulación por parte del Tribunal Europeo de Derecho Humanos. «Aunque desde el mes de julio de 2012 se conocía la decisión en primera instancia de anular la doctrina Parot el Gobierno de Mariano Rajoy no hizo nada para evitar dicha sentencia y, finalmente, un año y tres meses después (en octubre de 2013) Estrasburgo daba la razón a la etarra Inés del Río.

Y pese al compromiso de realizar ingeniería jurídica para limitar sus efectos única y exclusivamente a la etarra Inés del Río, casi un centenar de terroristas fueron excarcelados».

También culpan al Gobierno de la puesta en libertad de los etarras Santi Potros y Alberto Plazaola por el retraso en aprobar el proyecto de Ley Orgánica que regula la acumulación de condenas (pendiente desde el año 2008 en que se aprobó la Decisión Marco de la Unión Europea sobre el reconocimiento de sentencias penales entre los Estados Miembros).

Por otra parte, afean la falta de reforma de la ley electoral para que los ciudadanos españoles obligados a exiliarse del País Vasco a causa de la acción terrorista pudieran participar en las elecciones municipales y autonómicas, y le culpan directamente de estar «más preocupado en regularizar la situación de aquellos terroristas que se encuentran huidos de la justicia y sin causas pendientes en nuestro país. Según datos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha sabido que desde enero de 2013 a septiembre de 2014 un total de 125 etarras huidos habrían regularizado su situación».

Las víctimas de ETA no olvidan, por otra parte, el hecho de que el Gobierno Vasco haya puesto en marcha un Plan de Paz y Convivencia que favorece la difusión de un falso relato basado en un falso conflicto político y que busca equiparar en todo momento a las víctimas como si de dos bandos enfrentados se tratara.

También recuerdan desde la AVT que «el Partido Popular se comprometió a reformar el sistema de penas del Código Penal introduciendo la pena de prisión permanente revisable, la posibilidad de aplicación de medidas de seguridad postpenales, el cómputo de beneficios penitenciarios sobre cada una de las penas impuestas, y una nueva regulación de la multireincidencia. Y 3 años después de su victoria electoral ninguna de estas medidas ha sido aprobada».

El retraso en el esclarecimiento de los más de 300 atentados que a día de hoy siguen sin resolverse, «que se refleja de manera escandalosa en la no exigencia a los terroristas, supuestamente arrepentidos, del requisito legal, contemplado en el art. 90 del Código Penal, de colaboración con la justicia antes de la concesión de terceros grados, permisos de salida, etc», es otra de las reivindicaciones que las víctimas ondearán el próximo 24 de enero -el Partido Popular estará celebrando su Convención Nacional-, en la que denunciarán las más de 140 excarcelaciones de terroristas que se han producido desde que Rajoy llegó a La Moncloa, aunque muchas de ellas se han producido por el cumplimiento íntegro de sus condenas.

Por último, recuerdan que «el Gobierno de Mariano Rajoy ha mantenido la Vía Nanclares puesta en marcha por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, por la que periódicamente una veintena de terroristas se ven beneficiados con la concesión de permisos penitenciarios que le permiten pasar los periodos vacaciones en sus casas. «Y en todos ellos sin la exigencia del requisito legal de colaboración con la justicia, como el caso de Valentín Lasarte -asesino de siete personas-, o Rafael Caride Simón, uno de los responsables del atentado de Hipercor en el que fueron asesinadas 21 personas.

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