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Lamela ordena detener a Puigdemont, que llamó a la «insurrección activa»

Carles Puigdemont

El fugado Puigdemont en una imagen del Parlament

La orden de busca y captura se extiende a los cuatro ex consejeros de la Generalitat que han «huido» junto al ex presidente catalán a Bélgica

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela emitió ayer sendas órdenes europeas de detención y entrega y órdenes de búsqueda y captura nacional e internacional contra el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los ex consejeros Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxel Serret, que no se presentaron a declarar en la Audiencia Nacional el jueves.

Las órdenes dictadas por Lamela a petición de la Fiscalía están dirigidas expresamente a las autoridades judiciales de Bélgica, país en el que se encuentran los «fugitivos».

La juez solicita el ingreso en prisión de los cinco, a quienes acusa de los delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia.

En su auto, la magistrada señala que «promovieron y utilizaron la fuerza intimidatoria y violenta de los sectores independentistas de la población, llamando a la insurrección, contraviniendo y desafiando con ello el ordenamiento judicial español».

Lamela considera que Puigdemont «planificó, organizó y financió con fondos públicos» la convocatoria y celebración del referéndum del 1-O, que costó 6,2 millones de euros, y que «lideró la movilización de los sectores independentistas de la población para actuar en apoyo del referéndum ilegal».

Además le acusa de alentar un movimiento de «insurrección activa» y de abonar en la población la idea de la existencia del derecho de autodeterminación para Cataluña.

La Fiscalía federal belga ha confirmado ya la recepción de las órdenes de detención y entrega y procederá a su traducción y su estudio, para transferirlas después a un juez de instrucción, trámites que podrían ser completados en los próximos días.

El ministro de Justicia de Bélgica, Koen Geens, aclaró ayer que el procedimiento abierto contra Puigdemont es «completamente judicial» y que el Gobierno «no tiene ningún rol».

A pesar de no comparecer ante la juez y de estar en Bélgica, el ex presidente de la Generalitat apareció ayer en la televisión pública belga RTBF en una entrevista grabada en la que aseguró que «no ha huido» de la Justicia y en la que se postula para las elecciones autonómicas del 21 de diciembre. «Estoy dispuesto a ser candidato, incluso desde el extranjero», aseguró Puigdemont, que confiía en que las elecciones «se puedan desarrollar de la manera más normal posible». «Con un Gobierno en prisión esas elecciones no pueden ser neutrales, independientes, normales», denunció.

«No quiero huir. Quiero colaborar con la justicia, pero con la verdadera justicia, no ante la Justicia española», dijo antes de aclarar que «no estoy aquí para pedir asilo político». Según defendió, su permanencia en Bruselas impide «la confrontación». «Me hubiera podido quedar y pedir resistencia», señaló.

Según el ex president, «la justicia española está politizada» y «no hay garantías de un juicio justo, independiente, que pueda escapar de la enorme influencia política sobre el poder judicial». «No podemos hablar de democracia», subrayó, mientras «haya políticos encarcelados por pensar diferente» y ante el riesgo de ser condenados a 30 años de prisión por haber cumplido sus compromisos con los electores».

Para terminar, acusó al Gobierno español de rechazar la «oferta de resolver la situación con diálogo político» que, reiteró, es la única solución y algo «que Rajoy no ha hecho nunca».

Por otra parte, el ex consejero de Empresa de la Generalitat Santi Vila salió ayer de la prisión madrileña de Estremera tras pagar la fianza de 50.000 euros impuesta por la juez. En la cárcel siguen el ex vicepresidente Junqueras y otros siete ex consejeros.

Al igual que Puigdemont desde Bruselas, a su salida de la cárcel Vila pidió al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y a los presidentes del Congreso, Ana Pastor, y del Senado, Pío García Escudero, que tomen «la iniciativa política» porque el problema catalán «no puede resolverse en los tribunales, sólo desde la política».

Méndez de Vigo

Méndez de Vigo, portavoz del Gobierno (Foto: Moncloa/J.M.Cuadrado)

Pero desde el Gobierno se insiste en que hay que respetar y acatar las decisiones judiciales. El portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, aseguró ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en relación a las decisiones de la Audiencia Nacional que han llevado a prisión a los miembros del destituido Gobierno catalán, que el Gobierno «siempre seremos respetuosos» con ellas.

Por otra parte, Méndez de Vigo confía en que las elecciones del 21 de diciembre traigan la normalidad a Cataluña. «Estas elecciones tienen que ser el punto final para comenzar un proceso de estabilidad, de seguridad y de recuperación», dijo. «En cuanto a quién puede formar parte de las listas electorales, de acuerdo con nuestra legislación, mientras no exista una condena firme que lleve aparejada la inhabilitación, todo el mundo está en posesión de sus derechos civiles y políticos», explicó.

El Consejo de Ministros nombró ayer al secretario general técnico del Ministerio del Interior, Juan Antonio Puigserver, coordinador de la organización de las elecciones del 21-D. Además, aprobó un Real Decreto para regular las subvenciones y el control de la contabilidad electoral en esos comicios autonómicos y un Acuerdo por el que se establecen las obligaciones de servicio público a Correos para garantizar el normal desarrollo de las elecciones.

Por otra parte, ha aprobado una modificación de los Presupuestos de la Generalitat de Cataluña para 2017 con el fin de atender los gastos derivados de la convocatoria electoral.

El portavoz remarcó que se trata de medidas técnicas y que las elecciones del 21 de diciembre contarán con un censo oficial, una junta electoral legalmente constituida, transparencia, igualdad para todos los partidos políticos, interventores, seguridad en los centros de votación, recuento público y riguroso y proclamación de resultados. «Estas elecciones deben servir para dar esa estabilidad, esa necesaria seguridad que requiere Cataluña, especialmente para evitar las consecuencias económicas que estamos viendo que son tan perjudiciales para esa comunidad autónoma», aseveró Méndez de Vigo.

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