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La tragedia de Sant Llorenç se podría haber evitado

Sant Llorenç

Esta imagen de RTVE refleja el caos sufrido en Sant Llorenç

Han fallecido 12 personas a causa de las lluvias torrenciales del martes

Las Administraciones llevan 17 años sin aplicar la legislación vigente, que obliga a eliminar todas las construcciones en cauces y zonas de alto riesgo de inundación

La muerte de 12 personas en Sant Llorenç (Mallorca) a causa de una tromba de agua inédita -hasta 200 litros de agua por metros cuadrado en muy poco tiempo- caída el martes podría haberse evitado si las Administraciones hubiesen cumplido la ley.

Es lo que denuncia este jueves Ecologistas en Acción, que lleva 20 años denunciando la ocupación de los cauces por construcciones de todo tipo, lo que, además de producir un grave daño ambiental, constituye un riesgo para la vida de las personas. De hecho, la organización ecologista consiguió incluir en la legislación, a través del artículo 28 de la Ley del Plan Hidrológico Nacional, la obligatoriedad de eliminar todas las construcciones que hubiera tanto en cauces como en zonas de alto riesgo de inundación.

Sin embargo, y a pesar de que este artículo lleva en vigor en España desde hace 17 años, las diferentes Administraciones no lo han aplicado y han permitido que se siga construyendo en estas zonas, por lo que el riesgo de que sucesos como el de Sant Llorenç se repitan en otros lugares de nuestra geografía es cada vez mayor.

Según las estimaciones de la organización, existen más de 40.000 construcciones distribuidas por el conjunto del Estado situadas en cauces y zonas de alto riesgo de inundación. La mayoría son viviendas, pero también hay polideportivos, campings, bares y todo tipo de construcciones. Una parte de las mismas se encuentran situadas en zonas de riesgo. A lo más que han llegado las Administraciones es a identificar estas zonas, pero lo cierto es que no actúan sobre esas construcciones.

Ecologistas en Acción reitera una vez más su petición de que se impida que se construya en los cauces y así, además de conservar los ecosistemas fluviales, se evite el riesgo que ello supone para la vida de las personas.

La organización ecologista solicita también que se aplique la normativa vigente, procediendo a la eliminación de todas las construcciones que hay en los cauces y zonas de influencia directa de los mismos. Solo de esta manera, dicen, se evitará que sucesos como los de Sant Llorenç vuelvan a repetirse. “A medio plazo no se puede prever dónde va a llover, ni cuándo ni cuánto, pero lo que sí se sabe es por dónde va a correr el agua”, aseveran.

Greenpeace también pone el foco en la expansión del ladrillo por la costa en los últimos 30 años. Esta organización denuncia que el ladrillo ha provocado la degradación de los beneficios ambientales que proporciona un litoral -los ecosistemas costeros contribuyen a la amortiguación de inundaciones- en buen estado.

Según el informe A Toda Costa, elaborado por Greenpeace y el Observatorio de la Sostenibilidad, la capacidad de amortiguación de inundaciones de los ecosistemas costeros se ha reducido en un 10,6% en España desde 2005.

Baleares es la región que más sufre esta pérdida, debido a que la vegetación de la ribera de los cauces de agua se ha reducido casi a la mitad (43,9%, más de 650 hectáreas) en la última década. En segundo lugar está Galicia, con una disminución del 20,2% (1.600 hectáreas). Por detrás se encuentran Andalucía, que ha ha perdido un 9%; Murcia, un 7%; la Comunidad Valenciana, un 5%, y Asturias, un 2%. En Cantabria y Canarias la vegetación de ribera se mantiene estable, mientras que en Cataluña y Euskadi la vegetación de ribera aumenta un 72% y un 16%, respectivamente.

En un escenario de fenómenos meteorológicos extremos potenciados por el cambio climático, la labor protectora de los ecosistemas es fundamental. Según el último informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), es urgente tomar medidas drásticas si se quieren evitar las peores consecuencias del cambio climático.

El propio documento señalaba el riesgo de que empeoren los eventos climáticos extremos en todo el mundo, especialmente en la zona del Mediterráneo, donde se prevé un aumento de los eventos de lluvias torrenciales de entre un 5% y un 15% (para el período 2071–2100 comparado con 1971–2000) .

“Estos días en Baleares hemos visto la vulnerabilidad que ya experimentan algunas zonas”, ha declarado Paloma Nuche, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, que lamenta profundamente lo sucedido en Mallorca.

Mantiene Nuche que la vegetación de los cauces de agua favorece la filtración del agua hacia el subsuelo, contribuyendo a la recarga natural de acuíferos y frenando el avance del agua en caso de lluvia torrencial. Por eso Greenpeace destaca la necesidad de incluir el riesgo de inundación en la planificación urbanística, que los usos del suelo en zonas inundables sean compatibles con las inundaciones, establecer franjas amplias de protección en los márgenes de los torrentes y sistemas eficientes de alerta meteorológica.

Pase lo que pase a partir de ahora, el Consejo de Ministros iniciará hoy los trámites para declarar zona catastrófica la comarca del Llevant de Mallorca. Así lo anunció ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la visita que hizo a la zona afectada. También aseguró que las ayudas económicas se pondrán en marcha de manera inmediata.

Por su parte, el Gobierno balear de Francina Armengol lamentó la “catástrofe natural” y eludió toda responsabilidad.

Miembros de los cuerpos de emergencia destacados al lugar han denunciado errores de coordinación que, junto a las deficiencia urbanísticas, agravaron la tragedia. Los bomberos del Consell de Mallorca denunciaron falta de instrumental adecuado para acceder a las zonas inundadas o de difícil acceso, así como falta de coordinación que provocó escasez de efectivos en un primer momento y un “exceso” después. También los Bomberos de Palma criticaron que el Govern no les llamó “para ahorrar”. Según el Colegio de Geólogos, el riesgo en la zona “era conocido” pero no se tomaron “medidas de precaución”.

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