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La «tasa digital» costará 665 millones a los consumidores

Adigital

José Luis Zimmermann, director general de Adigital, teme los perjuicios del nuevo impuesto

Según un estudio de PwC para AMETIC y Adigital

La «tasa Google», el impuesto sobre determinados servicios digitales (IDSD) aprobado recientemente por el Gobierno de Pedro Sánchez, tendrá un impacto económico estimado de entre 515 y 665 millones de euros en los consumidores españoles.

Este perjuicio se deriva del incremento del precio de los productos y servicios, lo que conlleva pagar más por ellos (repercutiendo negativamente en el ahorro) e incluso, en algunos casos, no poder adquirirlos.

Así se desprende del estudio Impacto de un impuesto sobre los servicios digitales de la economía española elaborado por PwC para AMETIC y Adigital.

Por las características estructurales del sector, los grandes perjudicados por la «tasa digital» serán precisamente los principales beneficiarios de los servicios digitales: pequeñas y medianas empresas (pymes) y consumidores. El coste del impuesto será transferido a las compañías usuarias de los servicios gravados, que trasladarán una parte al precio final que paga el consumidor.

En función de la variación de la cantidad demandada de productos y servicios ante una variación en el precio, una parte del coste lo asumirán los consumidores, a través del precio, y el resto el propio vendedor, como un incremento del coste.

El informe estima que las empresas españolas usuarias de los servicios digitales verán reducidos sus beneficios entre 450 millones y 562 millones de euros, sumando el incremento del coste de uso de plataformas y marketing online y la disminución de las ventas por el traslado de parte del precio al cliente final.

Este efecto en el beneficio de las empresas españolas tendrá una repercusión económica negativa de hasta 662 millones de euros sobre el PIB nacional, según PwC. Asimismo, como resultado colateral, la introducción de este impuesto tendrá un impacto neto negativo sobre la recaudación del IVA, debido a la disminución de la facturación.

A largo plazo el impuesto será más perjudicial debido a que la digitalización de las empresas es fundamental para garantizar la competitividad de la economía española. Si se ralentiza la creación y el crecimiento de las pymes españolas la economía nacional se situará en una posición de desventaja competitiva respecto a otros países.

Según PwC, un incremento del 10% en el índice de digitalización de un país supone un crecimiento del 0,75% en el PIB per cápita y reduce un punto porcentual la tasa de desempleo. Así pues, lastrar el proceso de digitalización con un impuesto digital impedirá estos potenciales beneficios que las tecnologías digitales pueden proporcionar a España en términos de productividad.

Con todo, la «tasa digital» tendrá un efecto distorsionador sobre el mercado, ya que creará ventajas competitivas de determinadas empresas sobre otras. El impuesto perjudicará a las compañías más digitalizadas que utilicen plataformas de terceros para vender o anunciar sus productos -principalmente pymes, por el menor coste-. Estas se verán perjudicadas al exportar, ya que pagarán al menos la mitad del impuesto, funcionando como un arancel a la exportación; y en el mercado doméstico pagarán el impuesto completo, quedando en desventaja competitiva respecto a los importadores extranjeros, que pagarían solo la mitad, incentivando así la importación.

Las plataformas online de intercambios de productos y servicios (marketplaces), bien entre empresas (B2B) o de empresas a consumidores finales (B2C), son una de las actividades que se verán afectadas por este impuesto. Se trata de una solución asequible para que las empresas de menor tamaño, de reciente creación o startups realicen la venta online de sus productos sin necesidad de desarrollar una plataforma propia. Una prueba de ello es que la mitad de las ventas de empresas españolas a través de estas plataformas digitales se corresponden con empresas de pequeño tamaño.

Asimismo, los marketplaces facilitan la internacionalización de las pymes, permitiendo expandir su mercado fuera del territorio nacional. El IDSD también afectará a las plataformas de intermediación para el intercambio de bienes o servicios entre particulares (P2P), la venta de datos de los usuarios y las plataformas de publicidad online.

Para María Teresa Gómez Condado, directora general de AMETIC, «este impuesto supone una penalización a la industria digital, el primer sector generador de crecimiento y empleo». Gómez Condado también critica el planteamiento del impuesto, «al gravar los ingresos y no los beneficios», lo que contradice el tradicional principio internacional de gravar los beneficios corporativos y puede dar lugar a situaciones de doble imposición. «Para llevar a cabo una correcta fiscalización de los ingresos digitales se precisan medidas globales y coordinadas en el seno de la OCDE que eviten efectos distorsionadores sobre el mercado y países beneficiados y perjudicados», apela.

Por su parte, José Luis Zimmermann, director general de Adigital, ha coincidido en la necesidad de una regulación aceptada y consensuada a escala global: «Se trata de lograr un marco regulatorio moderno y adecuado, que incorpore los principios internacionales que han posibilitado la innovación hasta ahora, pero que se adapte también a los numerosos cambios que trae consigo la digitalización». Por eso, sostiene Zimmermann, «España no puede adoptar medidas unilaterales que nos dejen en una situación de excepcionalidad, y por tanto de desventaja, en el contexto político y económico internacional. Estamos hablando no solo del impacto en la competitividad y la inversión en nuestro país, sino también sobre la fragmentación del Mercado Único Digital».

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