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La tarjeta sigue siendo una opción segura y recomendable de pago

BdE

Cada vez hay más tarjetas…

A pesar del aumento de operaciones fraudulentas con tarjetas de crédito en 2016, que sólo suponen el 0,021% sobre el número total de operaciones

El pago con tarjeta favorece el control del dinero y evita el fraude fiscal

El Banco de España acaba de publicar la Memoria sobre la Vigilancia de los Sistemas de Pago. El informe, del que se hace eco la Organización de Consumidores y Usuarios (PCU) recoge que el pasado año se registraron 888.000 operaciones fraudulentas con tarjetas emitidas en España, lo que se traduce en unos 56 millones de euros.

A pesar del aumento en el número de operaciones con fraude, esta cifra sólo supone una tasa del 0,021 % sobre el número total de operaciones, una cifra ligeramente superior al 0,018% registrado en 2015 y relativamente escasa.

El informe de este año revela un descenso en las tasas de fraude a través de internet, mientras que el porcentaje de engaños en operaciones a distancia (teléfono o correo electrónico) se mantiene más o menos estable.

Para OCU, esto se explica por la progresiva implantación de sistemas de verificación de la identidad en dos pasos, es decir, además de los datos de la tarjeta, exigen la introducción de una clave que suele ser aleatoria y enviada por SMS, verificación reforzada que será obligatoria a partir de la trasposición de la nueva Directiva sobre Servicios de Pago.

De las operaciones fraudulentas, casi un 70 % corresponden a transacciones realizadas por vía telefónica o por email, mientras que las realizadas por comercio físico suponen un 28% y en cajeros sólo un 3%.

En este contexto, OCU recuerda que, en los supuestos de copia o duplicado de la tarjeta, o cualquier otra situación en la que un tercero haya podido acceder a los datos de la misma sin que el titular hay perdido su posesión, el banco deberá devolver de inmediato el importe total de la operación no autorizada, sin que el usuario deba responsabilizarse de ninguna cantidad.

En los casos en que el fraude se produzca como consecuencia del robo o pérdida de tarjeta, el usuario es responsable por el uso fraudulento antes de la comunicación del robo o la pérdida, pero por una cuantía limitada a un máximo de 150 euros salvo culpa o negligencia grave. No obstante, este límite se reducirá a 50 euros a partir de la trasposición de la nueva Directiva sobre Servicios de Pago, que deberá hacerse antes del 13 de enero de 2018.

Por último, la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establece que, en los casos de pagos a distancia mediante tarjeta, cuando el importe de una compra o de un servicio hubiese sido cargado fraudulenta o indebidamente utilizando el número de una tarjeta de pago, el consumidor y usuario titular de ella podrá exigir la inmediata anulación del cargo.

La organización defensora de los consumidores recomienda, en caso de uso indebido, llamar por teléfono al banco para anular las tarjetas; denunciarlo si se trata de un robo o de un posible caso de robo de los datos de la tarjeta; y reclamar.

A finales de 2016 el número de tarjetas emitidas en España ascendía a 74,5 millones, de las cuales 48,7 millones eran de crédito -con un incremento del 8,8 %, muy por encima de la tasa registrada en 2015-, y 25,8 millones, de débito. Estas últimas presentaron un crecimiento del 2,7 %, similar al registrado en 2015.

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