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El final de la prisión permanente revisable está cada vez más cerca

Mikel Legarda

El diputado del PNV, Mikel Legarda, defiende la reforma en el Congreso

A propuesta del Partido Nacionalista Vasco

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer por la tarde tomar en consideración la propuesta del Partido Nacionalista Vasco (PNV) de reformar la Ley Orgánica del Código Penal para suprimir la prisión permanente revisable.

De esta manera, se inicia la tramitación de la proposición por “vulnerar el principio de legalidad y el mandato de resocialización, ambos contenidos en la Constitución Española”.

Con 162 votos a favor, 129 en contra y 31 abstenciones, el Congreso empieza así a tumbar la pena que se introdujo en el Código Penal (CP) en 2015 para determinados supuestos de especial gravedad, como asesinatos especialmente graves, homicidio del jefe del Estado o su heredero, de jefes de Estado extranjeros, y en los supuestos más graves de genocidio o lesa humanidad.

A partir de ahora será en la Comisión de Justicia donde se debatan y voten las enmiendas que presenten los grupos parlamentarios. Luego la propuesta volverá al Pleno, donde necesitará el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara para continuar su tramitación en el Senado.

El PNV justifica la reforma del CP en que la prisión permanente revisable “persigue únicamente una función retributiva y vengativa de la pena, ya superada por las teorías de la humanización de la pena, más propias de los sistemas democráticos maduros y asentados”, y que conducen necesariamente a procurar la rehabilitación social del procesado.

Por ello y “para asumir como propia la idea de que la seguridad no lo es todo” y de que “hay otros Derechos y principios que deben inspirar el sistema” propone la supresión de esta pena. Sólo así, dicen, “podremos evitar un día hallarnos inmersos en un Derecho Penal totalitario, desigualitario, desproporcionado e injusto”.

Los nacionalistas vascos consideran que la prisión permanente revisable es inconstitucional por varios motivos. Entre ellos, cita, el de atentar contra la dignidad de los seres humanos (art. 10 CE), atentar contra la prohibición de penas inhumanas y tratos crueles y degradantes (art. 15 CE); y vulnerar el mandato constitucional de que las penas estén orientadas a la reeducación y reinserción social (art. 25.2 CE).

Desde el PNV equiparan este pena con la cadena perpetua que se “prohibió” en 1978 y advierten de que mantener la priisón permanente revisarle podría conducir a “errores judiciales irreparables”.

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