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La subida de las cotizaciones pone en jaque a la estiba

Anesco

Panorámica del puerto de Algeciras (Anesco)

Se estima un impacto en el sector superior a 16 millones de euros anuales

La Comisión Europea «recomienda» a España gravar a los puertos

La Asociación de Empresas Estibadoras, ANESCO, critica enérgicamente este martes la subida de las bases máximas de las cotizaciones de los seguros sociales aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 28 de diciembre.

El Real Decreto-ley 28/2018 para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo que entró en vigor a primeros de año afectará a la competitividad del sector de la estiba, que estima un incremento del coste anual por cotizaciones a seguridad social de más de 16 millones de euros.

La subida de la base máxima de cotización a 4.070,10 euros incluido en el RDL tendrá este año un impacto económico estimado de 12 millones de euros aplicado sobre todos los trabajadores del sector.

A esta cantidad hay que añadir otros 4 millones de euros aproximados por el incremento del 40% de la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes en aquellos contratos de carácter temporal cuya duración efectiva sea igual o inferior a cinco días, medida también incorporada recientemente.

Dicen los empresarios de la estiba que seguir aumentando los costes laborales, que son el principal componente del coste de paso de las mercancías por las terminales portuarias, coloca a los puertos españoles en peor posición competitiva dentro del mercado marítimo internacional y perjudica las importaciones y exportaciones del conjunto de nuestra economía.

Por ello, avisan de que este nuevo aumento de la presión fiscal supone introducir efectos más perniciosos en la economía nacional que el posible beneficio para la estabilidad del sistema público de pensiones. Y lo dice la asociación patronal que tiene asociadas 37 terminales marítimas y emplea a más del 75% de los trabajadores de la estiba…

Por otra parte, también este martes, la Comisión Europea ha adoptado dos decisiones que recomiendan a España -también a Italia- que grave y ajuste la tributación de sus puertos a las normas sobre ayudas estatales.

Las normas de la UE sobre ayudas estatales permiten un amplio margen para que los Estados miembros apoyen a los puertos e inviertan en ellos. Al mismo tiempo, con el fin de garantizar una competencia leal en toda la UE, los puertos que generan beneficios a partir de sus actividades económicas -la explotación comercial de las infraestructuras portuarias, como el acceso remunerado al puerto- deben tributar de la misma forma que otros operadores económicos, ni más ni menos.

En España, los puertos están exentos del impuesto de sociedades en lo que respecta a sus principales fuentes de ingresos, como las tasas portuarias o los ingresos obtenidos de contratos de arrendamiento o de concesión. En el País Vasco, los puertos están totalmente exentos del impuesto de sociedades.

En abril de 2018, la Comisión informó a España -y a Italia- de sus reservas en relación con los regímenes tributarios aplicables a sus puertos. La Comisión concluye ahora, con carácter preliminar, que tanto en España como en Italia los regímenes tributarios vigentes conceden a los puertos una ventaja selectiva que puede vulnerar las normas de la UE sobre ayudas estatales.

Concretan las autoridades europeas que una exención en el impuesto de sociedades para los puertos que obtienen beneficios de actividades económicas puede suponerles una ventaja competitiva cuando operan en el mercado interior y, por lo tanto, implica una ayuda estatal que puede no ser compatible con las normas de la UE.

Por tanto, la Comisión invita hoy a España (y a Italia) a adaptar sus normativas para garantizar que los puertos, a partir del 1 de enero de 2020, contribuyan al impuesto de sociedades de la misma forma que las demás empresas de Italia y España, respectivamente. Cada uno de los dos países tiene dos meses para actuar.

En los últimos años, la Comisión ha exigido ya a los Países Bajos, Bélgica y Francia que eliminen las exenciones en el impuesto de sociedades para sus puertos.

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