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El FROB sudará para recuperar algo del rescate de Banco de Valencia

Jaime Ponce Huerta

Jaime Ponce Huerta es el actual presidente del FROB

La Audiencia Nacional condena a cuatro ex directivos del banco a indemnizar con 198 millones de euros a Caixabank, que compró Banco de Valencia por un euro

El FROB inyectó 5.500 millones de euros para sanear la firma [1]

El año pasado el Tribunal Supremo decretó la legalidad de la venta [2]

La Audiencia Nacional (AN) ha condenado a cuatro años de cárcel al ex consejero delegado de Banco de Valencia Domingo Parra por las irregularidades cometidas en una serie de operaciones bancarias vinculadas a proyectos inmobiliarios que causaron un perjuicio a la entidad de 198 millones de euros y pusieron en riesgo su viabilidad económica.

Los magistrados de la Sala de lo Penal de la AN condenan a Parra como autor de un delito de administración desleal y, como cómplices, imponen la pena de seis meses de prisión al que fuera director de las Empresas Participadas Alfonso Monferrer y de cuatro meses a Salvador Vila y al ex presidente del Valencia y administrador de Urbanas de Levante, Juan Bautista Soler.

La Audiencia absuelve a los cuatro del delito de apropiación indebida del que les acusaba la Fiscalía y la acusación particular representada por la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), que no verá un euro de los más de 198 millones que, en concepto de responsabilidad civil, tendrán que satisfacer Parra y Monferrer de forma conjunta y solidaria a Caixabank. En el caso de Vila la indemnización asciende a 119 millones y en el de Juan Bautista Soler a 130 millones de euros, de los que son responsables subsidiaros las empresas Nou Litoral, Salvador Vila y Urbanas de Levante SL.

La Sala analiza la cuestión de si debe considerarse al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) como perjudicado dado que tuvo que inyectar 5.500 millones de euros para sanear el Banco de Valencia. La Sala entiende que en el presente procedimiento el FROB no es el directamente perjudicado por la conducta ilícita de los acusados, sino que «quien realmente lo es, o lo fue, era el Banco de Valencia, a quien sucedió universalmente la entidad Caixabank, que lo adquirió por un euro».

La Sección Primera de la Sala de lo Penal subraya que la indemnización habrá de hacerse en favor del Banco de Valencia o de Caixabank, sin perjuicio del derecho de repetición que tiene el FROB por la inyección económica que prestó al Banco de Valencia para su saneamiento.

En cuanto al perjuicio causado a la entidad Banco de Valencia explica la sentencia que, de acuerdo con los últimos informes presentados en el juicio, el importe íntegro del perjuicio patrimonial causado sería de 198.114.151 euros, del que debería responder Domingo Parra, además de otras cantidades que establece para el resto de condenados.

«Ahora bien, advierte la Sala, por aplicación y como consecuencia del principio dispositivo que rige en el ejercicio de la acción civil dentro del proceso penal, aquellas cantidades han de reducirse a lo máximo pedido por las partes. Así, Parra y Monferrer deberán devolver la cantidad de 168.298.147 euros (máximo pedido por Caixabank). Juan Bautista Soler 130.718.540 euros (máximo pedido por el Ministerio Fiscal e sus conclusiones definitivas). Y Salvador Vila 119.264.374 euros». Y como responsables civiles subsidiarias, las mercantiles que administraban.

La resolución ha examinado las operaciones del Banco de Valencia objeto de enjuiciamiento, las realizadas con las entidades Nou Litoral, con Valenciana de Viviendas 2010 SL y con Faverch Desarrollos SL, relacionadas con operaciones inmobiliarias en Valencia y Alicante, y que causaron un perjuicio patrimonial al Banco de 90.438.495 euros, 77.859.652 euros y 29.816.004 euros, respectivamente.

Dichas operaciones, señala la sentencia, llevadas a cabo por Parra, fueron ejecutadas «sin seguir los protocolos establecidos por el Banco de Valencia y sin seguir las recomendaciones que había hecho el Banco de España para la realización de operaciones de riesgo, no analizando debidamente y con un mínimo de rigor dichas operaciones».

En concreto, subraya el Tribunal, no se estudió la capacidad de reembolso de las personas físicas o jurídicas a favor de quien se hicieron, ni la capacidad de solvencia, ni les exigieron las garantías suficientes para que dichas personas satisficieran al Banco las deudas que contrajeron en virtud de esas operaciones «altamente arriesgadas».

«El acusado aprobó las operaciones mencionadas anteriormente y las empresas pudieron disponer de los fondos con fecha anterior a que tales operaciones fueran aprobadas por los órganos rectores correspondientes del Banco de Valencia: Comité de Riesgos, Comisión Ejecutiva y, en su caso, Consejo de Administración», destaca la Audiencia.

La Sala considera que los hechos constituyen un delito de administración desleal del artículo 295 del Código Penal que pasó a ser un delito societario contra el patrimonio con la reforma del 2015, más beneficioso para los acusados.

La Sala considera que se dan los requisitos necesarios para considerar los hechos como administración desleal (abuso de funciones, actuar en beneficio propio o de un tercero y causar un daño o perjuicio a los socios) y señala que «ha quedado plenamente acreditado el gravísimo perjuicio para el Banco de Valencia como consecuencia de las actuación fraudulenta de los acusados, mediante una gestión desastrosa mediante operaciones absolutamente arriesgadas y con un claro carácter especulativo y a la vista de las circunstancias de mercado existentes en el momento en que se desarrollaron los hechos».