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La residencia no da derecho a la asistencia sanitaria

Enfermeras

Dos enfermeras en un hospital público

El Tribunal Supremo dicta una sentencia sobre la concesión de la tarjeta sanitaria a los padres de ciudadanos de la UE residentes en España

En enero de 2018 el Tribunal Constitucional no avaló el derecho a la asistencia sanitaria gratuita para los «sin papeles»

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre el derecho a la asistencia sanitaria de una ciudadana española que reagrupó a su madre -de nacionalidad cubana- a la que le fue concedida la «tarjeta de residencia temporal de familiar de la Unión».

La sentencia recurrida, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, entendió que la madre de la española reunía los requisitos para ser beneficiaria de la asistencia sanitaria en España con cargo a fondos públicos a través del Sistema Nacional de Salud.

En su sentencia, la Sala entiende que la concesión de la tarjeta indicada no supone la existencia automática de ese derecho, sino que la dinámica del derecho está sujeta al mantenimiento del requisito de su concesión relativo a que el reagrupante disponga de recursos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social en España durante el periodo de residencia y de un seguro de enfermedad que cubra los riesgos del reagrupado en España.

La Sala estima un recurso de casación del Instituto Nacional de la Seguridad Social. La sentencia incluye un voto particular de dos magistrados que consideraban que había que confirmar la sentencia recurrida.

Tras conocerse la sentencia, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y que puede leer aquí, Marta Mendiola, responsable de derechos en Amnistía Internacional España, ha constatado «que la actual normativa sobre universalidad, el Real Decreto-Ley 7/2018, no garantiza de manera absoluta la protección de todas las personas extranjeras que residen en España».

Mendiola añade que la decisión del Supremo ahonda en la exclusión sanitaria de las personas reagrupadas legalmente en España y da la espalda a las recomendaciones de mecanismos internacionales de protección de Naciones Unidas y del Consejo de Europa. Porque para ella «garantizar la sanidad universal significa que todas las personas que residen en España, independientemente de su nacionalidad y su situación administrativa, disfruten de su derecho a la salud, sin ningún tipo de trabas».

José Félix Hoyo, presidente de Médicos del Mundo y portavoz de REDER, cree que «la sentencia describe claramente como en 2012 se produjo una regresión en el reconocimiento del derecho a la atención sanitaria, regresión que no ha sido plenamente revertida por el RDL aprobado por el Congreso en septiembre de 2018, particularmente en lo que respecta a las personas que llegan a España fruto de un proceso de reagrupación familiar». Esto, según Hoyo, «evidencia que el tan anunciado regreso de la sanidad universal dista aún de ser una realidad para muchas personas que viven en España».

Ante la desprotección en la que quedan las familias instan al nuevo Gobierno a que en la próxima legislatura corrija las lagunas que contiene el RDL 7/2018 y reforme la Ley de extranjería garantizando una verdadera y efectiva universalidad sanitaria.

Mientras tanto, se acogerán al voto particular y al criterio de los jueces de lo social y continuarán la vía jurídica para revertir esta situación.

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