1 de 52 de 53 de 54 de 55 de 5 (Sin votos)
| Print This Post

La renta mínima costaría entre 15.000 y 20.000 millones

Alberto Nadal

Alberto Nadal en la Comisión de Empleo y SS en el Congreso

Alberto Nadal advierte de que exigiría subir el IRPF o el IVA y tendría un impacto en el crecimiento económico y la creación de empleo

Recuerda que el Estado ya dedica unos 8.400 millones de euros, un 0,75 del PIB, en línea con la media de la UE, a garantizar un nivel de ingresos mínimos de las personas

El Secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, Alberto Nadal, ha puesto cifras a la propuesta de implantar una renta mínima en España, que, para empezar, podría poner en peligro la reducción del déficit y deuda públicos.

Durante su comparecencia en la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados, donde se está abordando la Proposición de Ley relativa al establecimiento de una prestación de Ingresos mínimos, Nadal ha dicho que «el establecimiento de una nueva prestación en el nivel no contributivo de la SS con financiación garantizada vía impuestos a través de los Presupuestos Generales del Estado, tendría un coste que puede oscilar entre los 15.000 y los 20.000 millones de euros, lo que tendría un enorme impacto en el gasto público español, con un aumento del déficit público de hasta un 1,5% del PIB, así como en la senda de reducción de la deuda pública.

Además, ha recordado que en esta materia las Administraciones Públicas no parten de cero, ya que destinan importantes recursos a políticas de inclusión social. En total, unos 8.400 millones de euros, un 0,75% de nuestro PIB, lo que supone un peso similar al de otras economías de la UE.

De seguir adelante con esta Proposición, que se superpondría al sistema actualmente existente, el Secretario de Estado ha apuntado que es necesario decidir cómo sufragar este importante impacto, teniendo en cuenta que los recursos económicos son escasos.

«La nueva prestación obligaría a dedicar, o bien menos recursos en otras partidas que, quizás, podrían generar efectos muchos más positivos en la lucha contra la exclusión social, como es la educación; o un aumento de los ingresos a través de los tributos, ya sea el IVA u otro impuesto».

Asimismo, ha subrayado que una prestación como la planteada pone en riesgo los recursos para otras políticas públicas, como seguridad ciudadana, infraestructuras o los mecanismos de financiación a comunidades autónomas (CCAA) y entidades locales.

Nadal ha comenzado su intervención haciendo hincapié en que ha sido la crisis económica sufrida en España lo que provocó una destrucción de empleos sin precedentes y con ello un aumento de la desigualdad, pobreza y exclusión social.

«Los datos muestran cómo el mayor deterioro de los indicadores de desigualdad y de pobreza se produjo entre 2007 y 2011, periodo que incluye años de fuerte destrucción de empleo». Por el contrario, los indicadores de desigualdad comienzan a mejorar a medida que se afianza el crecimiento económico y la creación de empleo, especialmente desde 2015.

EL secretario de Estado ha recordado en la Cámara Baja que en los últimos años el Gobierno ha llevado a cabo actuaciones para combatir el riesgo de exclusión social desde las políticas de empleo y educativas, haciendo un repaso por todas y cada una de ellas.

Así, ha afirmado que el Estado destina un importante volumen de recursos a garantizar el nivel de ingresos de las personas que, por diversas circunstancias, se hallan en dificultades. Y lo hace -ha dicho- tanto por la vía de las prestaciones no contributivas, ligadas al desempleo (subsidios, Plan Prepara, Programa de Activación de Empleo, etc.), que suponen unos 6.950 millones de euros, como por la vía de las prestaciones económicas para asegurar un nivel de renta, además de cooperar con otras Administraciones en sus actuaciones de asistencia social.

Además, hay que considerar los 1.400 millones de euros que las CCAA destinan a sus políticas de Rentas Mínimas de Inserción. Excluyendo los recursos destinados a la Dependencia, casi 1.200 millones en 2015, y las actuaciones de las Entidades Locales en esta materia, estas cuantías nos sitúan en un volumen de recursos equiparable al 0,75% de nuestro PIB, cifra equiparable al que otros países de la UE destinan a políticas de inclusión social.

«Estamos hablando de unos 8.400 millones de euros, un 0,75% de nuestro PIB destinado a este tipo de políticas. Esta Proposición de Ley vendría a superponerse sobre un sistema que, aparte de su complejidad, presenta ya una importante dotación presupuestaria».

En todo caso, «más que crear una nueva prestación, que abre múltiples interrogantes competenciales y de generación de desincentivos, por no hablar de su impacto presupuestario, se trataría de reflexionar acerca de nuestro sistema actual, mejorando su gestión, clarificando competencias y eliminando duplicidades» ha concluido Nadal.

El secretario de Estado se ha mostrado confiado en que la recuperación económica y la creación de empleo que se está produciendo en España siga contribuyendo como hasta ahora, tal y como señalan diversos indicadores, a reducir la desigualdad, además de señalar que la realidad ha demostrado que para conseguir una sociedad dinámica «es preferible crear oportunidades y no subvencionarlas» y que el objetivo es, por tanto alcanzar una sociedad sin excluidos con la fórmula de crear empleo para las personas.

Tags: , , , , ,