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La reforma del Tribunal Constitucional supera el primer trámite en el Congreso

Sabino Quadra

Sabino Quadra rompe la Constitución Española en pleno Congreso…

El diputado de Amaiur, Sabino Quadra, rompe varias páginas de la Constitución durante si intervención en el debate

El Congreso de los Diputados aprobó ayer por 183 votos a favor, 143 en contra y ninguna abstención la reforma de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional, de la que puede leer el texto completo aquí.

Con ella el órgano judicial podrá hacer cumplir sus sentencias y sancionar a los cargos públicos que las ignoren.

El texto de esta reforma será directamente enviado al Senado al haber sido aprobada su tramitación por el procedimiento de lectura única.

En la exposición de motivos, el Grupo Popular argumenta que esta reforma es necesaria para adaptarse a las nuevas situaciones que pretenden «evitar o soslayar» la efectividad de las resoluciones del Constitucional, algo que «obliga a desarrollar instrumentos necesarios para que la garantía de efectividad sea real».

Así, la modificación habilita al Tribunal para que pueda acometer la ejecución de sus resoluciones, bien directamente o bien a través de cualquier poder público, y abre la posibilidad de que el Constitucional pueda acordar que sus resoluciones se notifiquen a cualquier autoridad o empleado público. En este punto, la ley establece que los Juzgados y Tribunales deberán dar «con carácter preferente y urgente» auxilio jurisdiccional si el Constitucional lo solicita.

Pero el cambio más sustancial es el que permite que el Tribunal Constitucional, en caso de que se incumplan sus resoluciones, pueda imponer multas coercitivas (de entre  tres mil y treinta mil euros), acordar la suspensión de las autoridades o empleados públicos responsables del incumplimiento o encomendar al Gobierno de la Nación la ejecución sustitutoria.

Antes de comenzar estas acciones el Tribunal solicitará un informe a quienes deban cumplir la sentencia, y actuará cuando se reciba el informe o cuando venza el plazo marcado por el Tribunal. Pero el texto también recoge que en caso de que en un incumplimiento de sentencia «concurrieran circunstancias de especial trascendencia constitucional» el Tribunal, de oficio o a instancia del Gobierno, llevará a cabo las medidas necesarias para asegurar el debido cumplimiento de la resolución sin necesidad de oír a las partes.

El debate de la reforma fue tenso ya que los partidos de la oposición han calificado la medida de electoralista y de inoportuna. El portavoz del PP, Rafael Hernando, justificó su oportunidad argumentado que «a nadie la va salir gratis desobedecer las sentencias del Constitucional, como ha hecho en varias ocasiones ya la Generalitat de Cataluña.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Antonio Hernando, adelantó que si su partido llega a La Moncloa derogará esta reforma. Hernando advirtió que el único objetivo del PP es «arañar votos aprovechando el desafío independentista de algunas formaciones políticas y autoridades de Cataluña con una reforma innecesaria».

En este sentido, destacó que «no es la actual  ley del Tribunal Constitucional lo que está mal, sino su política con respecto a Cataluña». Hernando afirmó que la política  del PP respecto a Cataluña nunca se ha preocupado de las consecuencias que iba a tener para la convivencia y la cohesión territorial en el resto de España. Según el portavoz socialista, «el PP va a quemar el último puente con Cataluña, el de la legalidad constitucional«.

Sin embrago, el portavoz del Partido Popular contestó al socialista que la reforma del TC «garantiza la tutela judicial efectiva y salvaguarda la unidad de España». Y para acabar, Rafael Hernando advirtió que «sólo deben sentirse amenazados aquellos que pretenden atentar contra los derechos constitucionales de los españoles».

El portavoz popular reprochó al partido socialista que «haya reaccionado ante la creación de un movimiento independentista poniéndose de perfil«; porque, «ante el desafío rupturista y la defensa de la Nación española no caben ni medias tintas ni terceras vías», aseguró. Finalmente, Rafael Hernando afirmó que «España no es una cuestión mercantil ni de balances fiscales, sino de vivir en común, unidos y en paz».

El momento más agrio del debate se produjo cuando el portavoz de Amaiur, Sabino Cuadra, de Amaiur, vestido con una camiseta con una estelada acusó al PP de acometer un «pucherazo» y rompió varias páginas de la Constitución.

Unión Progreso y Democracia (UPyD) ha enviado una carta al presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada, en la que le pide que suspenda de empleo y sueldo a Sabino Cuadra, y estudie si sus actos en el Parlamento son constitutivos de delito.

En la misiva firmada por Rosa Díez, advierten a Posada de que en este caso a Quadra no le amparan ni la inmunidad ni la inviolabilidad de la que gozan los diputados, ya que «no puede servir de cobertura para la posible comisión de delitos, como lo es, en todos los órdenes, el atentado contra los símbolos de España».

UPyD pide que se actúe de acuerdo a los establecido en los artículos 101 y 106 del reglamento del Congreso, que permiten suspender de forma temporal por un mes a «cualquier persona que en el recinto parlamentario, en sesión o fuera de ella y fuese o no Diputado, promoviere desorden grave con su conducta de obra o de palabra, será inmediatamente expulsado. Si se tratare de un diputado, el presidente le suspenderá, además, en el acto en su condición de diputado por plazo de hasta un mes, sin perjuicio de que la Cámara, a propuesta de la Mesa y de acuerdo con lo previsto en el artículo 101, pueda ampliar o agravar la sanción».

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