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La Mesa del Parlament vulneró los derechos de Cs en 2017

Carme Forcadell

La ex presidenta del Parlament sentada en el banquillo de los acusados del Supremo

El TC declara que los acuerdos del Pleno y de la Mesa del Parlamento de Cataluña que tramitaron la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República de 2017 no respetaron los derechos de todos los diputados

El poder judicial mantiene el pulso a los soberanistas catalanes que no dudaron en saltarse las leyes en su afán por la independencia.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha estimado el recurso de amparo interpuesto por los diputados de Ciudadanos contra una serie de acuerdos adoptados por la Mesa y el Pleno del Parlamento catalán con los que aprobaron en septiembre de 2017 la Ley del Parlamento de Cataluña de transitoriedad jurídica y fundacional de la República.

El Tribunal, por unanimidad, considera que dichos acuerdos han vulnerado el derecho de participación política de Ciudadanos porque la proposición de ley se tramitó y aprobó «al margen de los procedimientos regulados en el Reglamento del Parlamento de Cataluña (RPC) y a través de una vía del todo inapropiada (artículo 81.3 del RPC)», de la que la mayoría se sirvió para improvisar y articular ad hoc un insólito cauce en cuyo curso quedaban por entero a su arbitrio las posibilidades de intervención y los derechos del resto de los grupos y diputados.

Los recurrentes consideraban que los acuerdos impugnados vulneraban el ius in officium protegido por el artículo 23 de la Constitución Española (CE), ya que la mayoría parlamentaria, amparándose en el entonces artículo 81.3 del Reglamento del Parlamento de Cataluña soslayó el procedimiento legislativo, desconociendo el derecho de los diputados a tener, con 48 horas de antelación, la documentación objeto del debate y votación; a solicitar dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias y a pedir la admisión de enmiendas a la totalidad de la proposición de ley, entre otros derechos.

El Tribunal recuerda que su sentencia 124/2017, de 8 de noviembre, declaró inconstitucional y nula la Ley del Parlamento de Cataluña de 8 de septiembre de ese mismo año de transitoriedad jurídica y fundacional de la República y que su sentencia 27/2018, que resolvió cuestiones similares a las planteadas en este caso, tiene una conexión directa con el objeto del presente recurso de amparo.

El Pleno, aplicando la doctrina sentada por esa sentencia (124/2017), señala que «en la tramitación parlamentaria de la Ley 20/2017 se incurrió en muy graves quiebras del procedimiento legislativo que afectaron sin duda a la formación de la voluntad de la Cámara, a los derechos de las minorías y a los derechos de todos los ciudadanos a participar en los asuntos públicos mediante representantes (art. 23.1 y 2 CE)».

En consecuencia, la adopción de los acuerdos objeto del presente recurso de amparo determinó la supresión de una serie de trámites en el procedimiento legislativo que condujo a la aprobación de la ley fuera de toda previsión del Reglamento del Parlamento de Cataluña. Y que afectó a las facultades que integran el ejercicio de la función legislativa de los recurrentes que forma parte del núcleo de su función representativa parlamentaria que se integraba en el ius in officium de los parlamentarios catalanes, explica la sentencia.

Respecto al acuerdo de la Mesa que denegó a los diputados recurrentes solicitar el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias, el Tribunal considera que «se realizó fuera de toda previsión del Reglamento del Parlamento de Cataluña y del resto del ordenamiento aplicable«.

La sentencia es un varapalo enorme para la defensa de Carme Forcadell, presidenta en 2017 de la Cámara catalana, que está sentada en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo donde se sigue la causa 20907/17 contra los líderes del «golpe» en Cataluña.

También hoy el Parlament ha presentado tres recursos contra decisiones adoptadas por el Tribunal Constitucional. El primero está promovido por el ex presidente de la Generalidad Carles Puigdemont en relación al acuerdo de la Mesa de 9 de octubre de 2018 sobre la delegación del voto. El segundo recurso de amparo es de Ciudadanos (Cs) contra los acuerdos de la Mesa relativos a la figura del diputado designado y la aplicación del voto ponderado en las comisiones. Y el tercero es un recurso promovido por los socialistas catalanes (PSC-Unidos) contra los acuerdos de la Mesa del 18 y 25 de septiembre de 2018 sobre la aplicación del voto ponderado en las comisiones.

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