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La mayoría de tribunales rechazan el certificado covid en la hostelería

Justicia

Es fundamental preservar los derechos individuales

La Justicia no permite esta intromisión en los derechos fundamentales

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) se ha sumado a los altos tribunales de Andalucía, Cantabria y Galicia para anular los decretos con los que los presidentes regionales querían obligar a los ciudadanos a presentar un certificado covid para entrar en los bares y restaurantes.

Todos estos altos tribunales han suspendido la obligación de presentar un documento que acredite la pauta de vacuna completa, una prueba diagnóstica con resultado negativo o certificado de haber pasado el virus en los últimos seis meses para poder acceder al interior de los locales como pretendían imponer Moreno Bonilla en Andalucía, Miguel Ángel Revilla en Cantabria, Alberto Núñez Feijóo en Galicia y Ángel Torres en Canarias.

En el caso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) los magistrados consideran que exigir el certificado de vacunación contra la covid-19 para acceder a establecimientos abiertos al público supone ‘segregar’ a aquellos ciudadanos que de forma ‘lícita’ han decidido no vacunarse.

La Sala canaria sostiene que, ‘a pesar de la buena fe (…) que pueda presidir la adopción de esta medida’, la decisión del Gobierno canario supone un riesgo de que ‘un número indeterminado de ciudadanos pueda quedar excluido del disfrute de la totalidad de las posibilidades que su libertad constitucionalmente proclamada le brinda’ por ‘la mera decisión de no vacunarse, lícita, pues la vacunación contra la covid-19 es voluntaria; por no hacerse una prueba diagnóstica, cuya realización además supone una carga económica, o por no haber pasado la enfermedad’.

Otra cosa son los toques de queda que, normalmente, son aceptados por todos los tribunales. El último ha sido el el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que ha ratificado el toque de queda en la localidad sevillana de Villaverde del Río, en las onubenses de Bonares y Trigueros y en la gaditana de Benalup-Casas Viejas, además de prorrogar los de El Cuervo y Tocina.

En estos casos los jueces sí aprecian la ‘debida proporcionalidad’ en cuanto ‘imprescindibles para garantizar la salud pública’. Así, ‘aprecian la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de las medidas que se han demostrado eficaces en otros municipios’.

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