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El PSOE discrimina a los profesores de la concertada

Isabel Celaá

Isabel Celaá, ministra de Educación, se ha salido con la suya… (Foto: Congreso)

FSIE denuncia la injusta discriminación laboral perpetrada por el PSOE y sus socios de Gobierno al impedir que los profesores de la enseñanza concertada tengan la misma carga lectiva que los de la pública

La aprobación de la nueva Ley contraviene las sentencias del Tribunal Constitucional y el Informe del Consejo Escolar del Estado

El Congreso de los Diputados aprobó ayer, cuando ni siquiera la ministra de Educación, Isabel Celaá, pensaba que iba a dar tiempo, la Ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria.

Celaá destacó durante su intervención en la Cámara que con esta ley, «además de revertir los recortes educativos, se salda una deuda con el profesorado y las familias». Pero a la vista de lo que este viernes denuncia la Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza (FSIE) no es con todos los docentes con quienes se han «ajustado cuentas».

Durante las reuniones mantenidas para «pulir» el proyecto educativo, FSIE propuso una carga lectiva de 23 horas para Primaria y 18 para Secundaria en toda España, independientemente de la Comunidad en donde los profesores impartiesen clases. El propio Consejo Escolar del Estado abogó en su informe sobre este Ley (Dictamen 18/2018) por «que la carga lectiva semanal de los docentes sea análoga en los centros sostenidos con fondos públicos».

Efectivamente, la nueva norma contempla suprimir tres medidas: el aumento obligatorio de la jornada lectiva de los docentes (como mínimo de 25 horas, en infantil y primaria, y de 20, en secundaria), la posibilidad de elevar hasta un 20% las ratios máximas de alumnos por aula y la espera de 10 días lectivos para nombrar a funcionarios interinos que sustituyan a profesores titulares de baja.

Lo malo es que estas medidas no afectan a todos por igual, según denuncia el sindicato de profesores, que añade que también el Tribunal Constitucional resolvió en varias sentencias dictadas en 2016 que la carga lectiva de los docentes de centros sostenidos con fondos públicos (públicos y concertados) debe ser análoga.

Ajeno a estas consideraciones, el PSOE, contraviniendo al Tribunal Constitucional y obviando el dictamen del Consejo Escolar del Estado, ha evitado, con el apoyo de sus socios de Gobierno, que los docentes de centros concertados tengan una carga lectiva análoga a la de los funcionarios públicos.

Esta «discriminación» del PSOE, del Gobierno y de sus socios contra los profesionales de la enseñanza concertada supone que los trabajadores de este sector no mejoren sus condiciones laborales. «Despreciando» lo avalado por el Constitucional y por el Consejo Escolar obliga a los docentes de la enseñanza concertada a trabajar más horas y por un salario menor.

Desde FSIE explican que tras la aprobación de la nueva Ley los funcionarios públicos tendrán como máximo una carga lectiva semanal de 23 horas en Infantil y Primaria, pudiendo llegar la reducción hasta las 18 horas en el resto de las enseñanzas, como es el caso de la Secundaria. Sin embargo, los docentes de los centros concertados tienen 25 horas lectivas en todos los niveles.

El sindicato acusa al gabinete de Celaá de mentir cuando «afirma que esta Ley fue presentada a las organizaciones sindicales de la enseñanza el pasado 26 de julio». «Es completamente falso», dicen estos profesores que, tras agradecer el apoyo recibido por el Partido Popular y Ciudadanos, confían en que no pase mucho tiempo hasta que se igualen sus derechos.

El proyecto de ley fue aprobado por el Consejo de Ministros el 14 de septiembre. El 15 de noviembre se aprobó su tramitación directa y en lectura única. Y el pasado mes de diciembre fue aprobada como anteproyecto de ley en el Congreso. En esa instancia se incluyó una enmienda del Partido Popular que fue rechazada ayer por el Pleno.

La ley expone que, puesto que las medidas del Real Decreto Ley que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en 2012 se tomaron por la coyuntura económica del momento, es de «justicia» revertir la situación ahora que la situación económica lo permite. Al parecer, no todos los profesores tienen los mismos derechos.

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