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La Justicia sale en defensa de los hosteleros

Julio García Comesaña

El consejero de Sanidad gallego, Julio García Comesaña

Y coloca en su sitio a los políticos que con sus decisiones han llevado a la ruina a miles de propietarios de bares y restaurantes

Demoledor auto del TSJ de Galicia contra el deseo de Alberto Núñez Feijóo de implantar el conocido como ‘pasaporte covid’ para entrar en los bares

La Sala considera que este requisito no impide el contagio y que su aplicación en Galicia no ha demostrado ser eficaz

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) notificó ayer el auto con el que la semana pasada negó respaldo judicial a la orden aprobada por el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo que obligó a presentar un ‘certificado covid’ para entrar en los bares y restaurantes gallegos.

El Tribunal Supremo ya ha solucionado esta gravísima intromisión en los derechos fundamentales de los ciudadanos por parte de los políticos dictando una sentencia en la que rechazó el recurso presentado por la Junta de Andalucía contra una resolución judicial que tumbaba la obligatoriedad de presentar alguna prueba de haber pasado la enfermedad o de estar vacunado para entrar en los establecimientos hosteleros.

Pero lo que contiene el auto del TSJ gallego que puede leer aquí es un esclarecedor análisis de la pésima gestión con la que los políticos españoles se están enfrentando a la pandemia originada por el virus de Wuhan.

En primer lugar el tribunal gallego critica el afán de la clase política de ‘demonizar’ al sector hostelero  responsabilizándolo de la propagación del coronavirus y llevándolo a la ruina.

‘No nos parece ecuánime demonizar al sector de servicios de hostelería estableciendo agravios comparativos con otras actividades mercantiles que se desarrollan en lugares cerrados, como son los establecimientos comerciales o grandes superficies en los que, pese a su uso masificado, no se exige para su acceso la exhibición de ningún documento de carácter médico como los que se incluye en las medidas que se contemplan en la Orden de 11 de agosto de 2021’, dice el auto dictado por la Sección Tercera de lo Contencioso Administrativo.

En segundo lugar, mostrando a los dirigentes nacionales y autonómicos que en cuestiones pandémicas hay que hacer más caso a lo que demuestra la ciencia que a los llamados ‘comités de expertos’ tras los que se escudan los distintos ministros y presidentes regionales encabezados por el del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para vulnerar desde hace más de año y medio derechos básicos de los españoles.

‘Por otra parte ningún informe científico avalado por instituciones de reconocido prestigio en la materia ha llegado a conclusiones irrefutables sobre la hipótesis de que las personas vacunadas o que hayan sufrido el COVID 19 no puedan contagiar o ser contagiadas.

Por el contrario, y por citar un ejemplo a nivel internacional, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos de América ha revisado recientemente sus previsiones recomendando el uso de mascarilla a las personas vacunadas, por cuanto se ha detectado la propagación del virus en su variante delta entre personas que habían recibido las dos dosis de la vacuna Pfizer.

En el mismo sentido, la prestigiosa revista The Lancet recoge recientes estudios sobre las tasas de infección realizado entre trabajadores de la salud pública en Gran Bretaña, sobre el nivel de contagio entre vacunados’, especifican los magistrados del TSJ gallego que hasta indican los link donde los interesados pueden conocer los estudios reseñados.

En el caso concreto del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, los tres jueces que conforman la Sala advierten lo siguiente: ‘Pero es que es más, acudiendo a los datos objetivos sobre la pandemia actualizados a 13 de agosto de 2021, proporcionados por el Ministerio de Sanidad, se colige que en la única Comunidad Autónoma en la que se ha implantado la medida -obligar a presentar el denominado vulgarmente ‘pasaporte covid’ para entrar en los bares- desde el 22 de julio (Galicia), la incidencia acumulada a 14 días es ligeramente superior a muchas de las Comunidades Autónomas en las que no se ha implantado, a pesar de llevar vigente, de facto, desde aquella fecha. Aparte de que desde el punto de vista del porcentaje de personas que han recibido las dos dosis de vacuna o una de ellas, Galicia se encuentra entre las primeras en la lista de las Comunidades Autónomas’.

Por ello reprochan a la Consejería de Sanidad gallega dirigida por Julio García Comesaña que no haya ‘acreditado con rotundidad que el mayor número de contagios de la llamada quinta ola tiene su origen, precisamente, en los establecimientos de hostelería y restauración, en bares, cafeterías y restaurantes’.

En definitiva, todo un ‘repaso’ judicial a la clase política que ha aprovechado la ‘ola’ de la pandemia para cercenar derechos fundamentales de los ciudadanos. Porque como también enseña el auto, si el cliente se viese obligado a mostrar alguna prueba de que está sano y sin contagio habría ‘tenido que desvelar a un tercero una información concerniente a su salud que tenía derecho a mantener reservada para sí y su círculo íntimo’…

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