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La Justicia niega ‘inactividad’ de Sanidad por la falta de EPIs

EPI

Los equipos de protección tardaron mucho en llegar y el Ministerio de Sanidad llegó a repartir mascarillas inservibles (RTVE)

El Tribunal Supremo asevera que la falta de medios de protección que sufrió el personal sanitario al inicio de la pandemia es imputable al Ministerio de Sanidad y a las Comunidades Autónomas

Hasta ayer 64.847 médicos y enfermeros se habían contagiado con el virus de Wuhan

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) contra la inactividad del Ministerio de Sanidad, al que acusaban de ‘inactividad’ a la hora de facilitarles equipos de portección para tratar a los enfermos de covid-19 en los primeros meses en los que la pandemia saturó los hospitales de toda España.

La CESM culpaba al departamento de Salvador Illa de no poner a disposición de los profesionales sanitarios los equipos de protección individual necesarios, con la consecuencia de haber puesto en riesgo sus derechos a la vida, a la integridad física y a la salud, lo que implicaba falta de protección de sus derechos fundamentales.

El Supremo dice ahora que, efectivamente, los profesionales sanitarios carecieron de medios de protección necesarios al inicio de la pandemia y que la falta de equipos que puso en riesgo a estos profesionales pero achaca la escasez de estos ‘se debió a la incapacidad del Sistema Nacional de Salud que integra a los servicios del Estado y de las comunidades autónomas’.

Explica la sentencia que su declaración no supone ningún juicio de culpabilidad ni imputación de responsabilidad sino la constatación de dicha circunstancia. Además, precisa que la carencia de equipos que afectó inicialmente a los profesionales sanitarios se debió a la incapacidad de suministrárselos del Sistema Nacional de Salud, el que según el artículo 44 de la Ley General de Sanidad integra el conjunto de servicios de salud del Estado y de las Comunidades Autónomas y no solamente de la Administración General del Estado o del Ministerio de Sanidad. No obstante, dirigiéndose la demanda contra el Ministerio de Sanidad, el pronunciamiento no puede extenderse más allá.

Por último, no constando que falten actualmente esos medios, la sentencia desestima las pretensiones de CESM de que se ordene al Ministerio de Sanidad que cese en el incumplimiento denunciado y que suministre equipos de protección.

Además, observa que, expirado el estado de alarma el 21 de junio de 2020, ha decaído la dirección del Ministerio de Sanidad sobre los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas por lo que deberían, en su caso, dirigirse a ellos.

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