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La Justicia avala restricciones en Valencia y las anula en Aragón

Bar Zaragoza

Los dueños de bares y restaurantes están hartos de ‘pagar el pato’…

El TSJ de Aragón suspende las medias adoptadas contra la hostelería por el Gobierno de Lambán mientras el valenciano autoriza el ‘toque de queda’ en 32 localidades y la limitación a un máximo de 10 personas de las reuniones sociales decretado por el Ejecutivo de Puig

La Justicia española sigue confusa a la hora de avalar las medidas adoptadas por los gobiernos autonómicos para frenar la expansión del virus chino, que sigue expandiéndose por toda España tras decretarse el fin de la obligatoriedad de las mascarillas en la calle.

Por un lado, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha autorizado la limitación a un máximo de 10 personas de las reuniones sociales y familiares en toda la región y las restricciones a la movilidad nocturna entre las 1 y las 6 horas en 32 localidades de más de 5.000 habitantes que presentan mayor riesgo epidemiológico por Covid-19. Por otro, en Aragón un auto del TSJ ha suspendido la orden que prohibe a los bares abrir más allá de las 23:00 horas y superar el 50% del aforo en el interior de los locales de hostelería.

Así, si la Justicia valenciana avala las medidas contenidas en la resolución de la Consejería de Sanidad del pasado 9 de julio, los tribunales aragoneses suspenden la orden que determina que los establecimientos de hostelería y restauración no podrán exceder en su horario de apertura de las 23:00 horas y que los locales de ocio nocturno no podrán superar el 50 por ciento del aforo en el interior y cuyo horario de cierre será a las 00:30 horas.

Los magistrados aragoneses argumentan, dando la razón a dos asociaciones de empresarios de cafés, bares, salas de fiesta y discotecas de Zaragoza, que ‘no consta, de modo apriorístico y a falta de lo que pueda alegarse por la administración, una directa relación entre la hostelería y el nacimiento de los nuevos brotes, ni se puede ver como inevitable que el mantenimiento, mientras se ventila el trámite de cautelares, de los horarios de mayor apertura, o el del aforo del 75%, dé lugar a un incremento de los contagios, además de que el hecho de que la mayor parte de la población más vulnerable esté vacunada forzosamente reduce la gravedad de eventuales brotes y su repercusión en el sistema hospitalario, y que por tanto la decisión de las medidas no pueda esperar a que se resuelva la medida cautelar’.

Por el contrario los jueces valencianos consideran que las medidas adoptadas por el Gobienro de Ximo Puig son ‘equilibradas’, pues se derivan de ellas ‘más beneficios para el interés general -contención de la pandemia- que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto’, al tiempo que cumplen el ‘juicio constitucional de proporcionalidad’.

La Justicia tampoco secunda confinar el municipio de Peal de Becerro de la provincia de Jaén. En este caso ha sido la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, la que ha acordado no ratificar la Orden de 7 de julio de 2021 de la Consejería de Salud del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, que pretende confinar al municipio de Peal de Becerro de la provincia de Jaén.

La Sala considera que la orden de la Consejería de Salud no cumple los principios de motivación, proporcionalidad, necesidad e idoneidad necesarios en relación con la intensidad de la medida pretendida. Así, el auto señala que ‘una medida reglamentaria que afecta de forma tan intensa a los derechos fundamentales requiere una mayor motivación, y no bastan, como señala el Tribunal Supremo, meras consideraciones de conveniencia, prudencia o precaución’. Los jueces andaluces añaden que los motivos aportados por el gobierno andaluz no es ‘válida para una medida tan drástica para las libertades constitucionales como la pretendida’.

Recuerda, en este sentido, que la orden de 7 de julio permite salir o entrar del municipio para contratar un seguro, hacer una transferencia bancaria o echar gasolina, pero no para fijar libremente el lugar de residencia, la libertad religiosa, la libertad sindical, el derecho de reunión, o el derecho de asociación, ‘por citar algunos derechos fundamentales que se ven seriamente comprometidos, o directamente suspendidos, sin una justificación bastante frente a otras actividades que se permiten’.

En definitiva, que tras 16 meses de pandemia y restricciones y cuando los españoles sufren la denominada ‘quinta ola’ de la pandemia -el número de infectados con coronavirus está a punto de alcanzar los 4 millones- los tribunales no tienen un punto de vista común sobre las restricciones que los gobiernos autonómicos pueden o no imponer a los ciudadanos desde el final del estado de alarma. Por eso lo que vale en algunas regiones no vale en otras…

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