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La Justicia anula el pacto PSOE-PP sobre Protección de Datos

AEPD

¿Cómo van a proteger los derechos de los ciudadanos quienes dirigen la AEPD vulnerando la ley?

El Tribunal Supremo anula el nombramiento de las personas designadas a dedo por ambas formaciones para ocupar la dirección de la Agencia Española de Protección de Datos

El Tribunal Supremo ha declarado nulo el acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de febrero de 2022, por el que se comunicó al Congreso de los Diputados los nombres de los candidatos a la Presidencia y la Adjuntía de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Gracias al acuerdo alcanzado en octubre de 2021 entre los socialistas y los populares liderados entonces por Pablo Casado, Belén Cardona y Francisco de Borja Adsuara fueron nombrados número uno y dos respectivamente de la AEPD.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado el recurso de casación interpuesto por Leonardo Cervera, uno de los candidatos que consideró lesionado su derecho fundamental a acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas, por lo que declara la nulidad del acto impugnado. La Sala suspendió cautelarmente este acuerdo mediante auto dictado el pasado 21 de marzo.

La sentencia, ponencia del magistrado José Luis Requero y que puede leer aquí, ratifica que el acto impugnado estaba ‘viciado de raíz’ pues desconoce el derecho fundamental del afectado a acceder a un cargo en condiciones de igualdad desde el momento en que, en puridad, no hay tal proceso sino mera apariencia, con afectación al derecho del recurrente al procedimiento debido para el acceso a un cargo público de especial relevancia.

La Sala reitera que la vigente normativa regula un procedimiento de selección concurrencial, público y transparente y declaraba como hecho notorio, que un mes y cuatro días antes de convocarse ese procedimiento selectivo se pactó, luego de hecho, se designó y eligió a quien ocuparía la Presidencia y la Adjuntía de la AEPD.

Asimismo, indica que la consecuencia es que al apartarse del procedimiento, alterándolo de raíz hasta el punto de transformar la fase de ratificación parlamentaria por otra de elección, se ha actuado como si no existiese la vigente normativa y que, además, se ha procedido de modo que podría prestarse a dar cobertura formal a una designación ya hecha al hacerse la convocatoria.

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