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La jueza que investiga el 8M imputa al delegado de Gobierno

José Manuel Franco

El delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, es un importante miembro del PSOE

José Manuel Franco permitió concentraciones multitudinarias los días previos a la declaración del estado de alarma cuando varios organismos internacionales ya habían advertido del peligro que suponía el coronavirus de Wuhan

El ministro del Interior cesa al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, que ha aportado numerosa documentación a la causa

El Juzgado de Instrucción Número 51 de Madrid ha citado el 5 de junio como imputado al delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, a quien investiga por autorizar el 8 de marzo (8M) las manifestaciones ‘del Día de la Mujer’, cuando ya había brotes de coronavirus en España.

La titular del 51 investiga si Franco cometió un delito de prevaricación administrativa al permitir las manifestaciones ‘en favor de la mujer’ obviando las recomendaciones de organizaciones sanitarias como la del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) que el 2 de marzo alertó sobre el peligro vírico que corría Europa [1].

En una providencia la magistrada Carmen Rodríguez Medel cita para ese mismo día como testigos al secretario general de la delegación, Fernando Talavera; al jefe del gabinete del delegado del Gobierno, Luis María Sanz; y al director de la Unidad de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas Díaz. En la causa también se incluyen graves acusaciones contra Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias [2].

Muy relacionada con este asunto está la destitución este mismo lunes del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, por parte del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por ‘pérdida de confianza’.

La destitución de quien coordinó el dispositivo que impidió el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña ha sido calificada de ‘política’ por el sindicato JUCIL, que acusa a Marlaska de ‘deshacerse’ después de que el coronel enviase a la instructora de la causa abierta por la celebración del 8M un informe sobre el uso que hicieron las instituciones del Estado del informe del ECDC sobre la expansión del virus en España.

El secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño asegura que ‘el ministro intenta exonerarse de su responsabilidad haciendo que otro cargue con la culpa de algo que probablemente haya hecho él’. Vilariño denuncia además la ‘completa inactividad’ que mantiene estos días la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ‘que ni está, ni se la espera en la defensa de la imagen y los intereses de la Guardia Civil’.

La Asociación Profesional de la Guardia Civil solicita por estos motivos que se aclaren de forma urgente ‘los motivos reales que han llevado al Ministerio del Interior a cesar de manera fulminante al coronel de los Cobos’.

Ernesto Vilariño añade que ‘otra vez’ se está usando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ‘para poner en marcha medidas políticas encaminadas únicamente a la protección de los intereses del Gobierno’. Toda esta relación de hechos ‘supone un nuevo ataque a la división de poderes del Estado por parte del Ejecutivo’.