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La juez Lamela procesa a los ex directivos de Bancaja y Banco Valencia

José Luis Olivas

José Luis Olivas, ex presidente de Bancada, en una imagen de archivo

Por las inversiones inmobiliarias en México que hicieron perder a las entidades más de 75o millones de euros

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela propone juzgar a un total de 48 personas, entre ellas directivos de Bancaja y Banco de Valencia como el ex presidente las entidades, José Luis Olivas, por el desfalco que ocasionaron en las entidades bancarias mediante unas inversiones inmobiliarias en México.

En el auto de transformación de las diligencias a procedimiento abreviado que pone fin a la instrucción, la magistrada considera que los hechos son constitutivos de un delito societario continuado en su modalidad de administración desleal de gestión fraudulenta del patrimonio social o de apropiación indebida y de un delito de blanqueo de capitales.

La magistrada explica que las entidades Bancaja y Banco de Valencia participaron entre 2005 y 2009 en unas inversiones inmobiliarias en México formando parte del llamado Grupo Grand Coral (CGC) del que formaban parte también otros socios externos, inversiones muy diversas y de una «enorme magnitud económica».

Señala que, como demuestran los informes de los peritos judiciales, gracias a los máximos responsables de las entidades, Bancaja y Banco de Valencia fueron de modo sistemático e injustificado los socios «financiadores» de Juan Vicente Ferri, José Salvador Baldó y Juan Poch, a los que denomina «promotores-gestores», en detrimento de las entidades.

Entre las operaciones sospechosas, la resolución enumera el Proyecto Zacatón y Piedras Bolas, en el que Ferri, Baldó y Poch obtuvieron una plusvalía injustificada de 138,8 millones de dólares, que sufragaron las entidades financieras y que se transfirió a sus cuentas en Andorra.

«En todas estas operaciones los máximos dirigentes de Bancaja y Banco de Valencia permitieron en unos casos y auspiciaron en otros una auténtica operativa de desfalco de las entidades que de modo injustificado fue a parar a manos de los socios hoteleros Juan Ferri, José Baldó y Juan Poch», asegura la juez, que indica que los ejecutivos de las entidades eran José Luis Olivas, así como los directores generales de Bancaja Aurelio Izquierdo y José Fernando García de la Checa y el consejero delegado de banco de Valencia Domingo Parra.

Añade que en la concesión de créditos colaboraban los gestores de nivel inferior vinculados a Bancaja y a sus participadas Actura y Bancaja hábitat y los gestores de Banco de Valencia y su participada Bavacu.

Lamela subraya que José Luis Olivas alentó las inversiones millonarias de las entidades que presidía en CGC, que «suponían un continuo favorecimiento a los hoteleros Ferri y Baldó», a cambio de, entre otras cosas, 14 viajes a Cuba.

Señala la magistrada de que acuerdo con el informe de 3 de julio de 2017 de los peritos designados por el Banco de España y nombrados judicialmente, se han constatado múltiples irregularidades, ausencia de racionalidad económica en parte de las inversiones, «constatándose un quebranto económico del 100% de la inversión llevada a cabo por Bancaja y Banco de Valencia en el Grupo Grand Coral, lo que se valora en 750 millones de euros».

Lamela ha podido demostrar durante la instrucción cómo los procesados blanquearon dinero a través de las cuentas controladas en Andorra por Aurelio Izquierdo y Domingo Parra, que gestionaban tanto cuentas propias como la cuenta Summerville, receptora de la «injustificable plusvalía» de la operación Zacatón y Piedras Bolas, que, según los indicios, se pudieron repartir Izquierdo y Parra junto con los hoteleros Ferri, Baldo y Poch.

Igualmente, señala la magistrada, a lo largo de la investigación se ha confirmado que fue en los Consejos de Administración de Bancaja celebrados el 24 de octubre de 2005, el 19 de diciembre de 2006, el 24 de octubre de 2007 y el del 17 de diciembre de 2009 cuando se aprobaron las operaciones «en claro menoscabo de la entidad».

Olivas fue condenado en 2017 a año y medio de prisión por falsedad en documento mercantil y delito contra la Hacienda Pública

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