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La Inspección de Trabajo se independiza

Gabriel Álvarez del Egido

Gabriel Álvarez del Egido, actual director general de la Inspección de Trabajo

En los últimos seis años ha aflorado 519.056 empleos irregulares

La economía sumergida supone dejar de ingresar en las arcas públicas, al menos, 26.000 millones de euros al año

La actual Dirección General de Inspección de Trabajo y Seguridad Social pasará a ser un organismo autónomo.

Desde 2012 la Inspección de Trabajo, dependiente del Ministerio de Empleo, ha incorporado hasta 845 nuevos inspectores y subinspectores en su lucha contra el fraude.

Gracias a su trabajo, en los últimos 6 años -hasta el pasado mes de febrero- se han aflorado 519.056 empleos irregulares y se han detectado más de 7.029 empresas ficticias sin actividad real, creadas con el único objeto de facilitar el acceso indebido a prestaciones.

Así mismo se ha logrado la conversión de más de más de 359.191 contratos indebidamente temporales en contratos indefinidos. El impacto económico global estimado de todas estas actuaciones es de 21.198 millones de euros.

En la actualidad el paro se encuentra en España en el nivel más bajo de los últimos nueve años, la contratación indefinida y a tiempo completo es la modalidad que más está creciendo y el desempleo se reduce entre los menores de 25 años a un ritmo mayor que la media. También el número de autónomos se incrementa a una tasa interanual superior al 1%.

Los últimos datos relativos al Servicio Público de Empleo Estatal reflejan que la economía española mantiene un buen ritmo en la creación de puestos de trabajo y que estos son cada vez de mayor calidad.

Pero hace falta intensificar el trabajo en este sector. Y ahora, después de seis años luchando contra el fraude laboral el Gobierno necesita mejorar la calidad del empleo y reforzar el control de la contratación temporal injustificada y de los contratos a tiempo parcial y formativos.

Para ello el Ejecutivo ha aprobado un plan -Plan Estratégico de Inspección de Trabajo y Seguridad Social- que entre 2018 y 2020 impulsará la calidad del empleo en España a través del Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social y su Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude.

El nuevo organismo integrará a todo el personal que hasta ahora presta servicios en la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, unos 3.000 empleados públicos entre inspectores, subinspectores y personal de apoyo. Estará desplegado en las 17 Comunidades Autónomas, en todas las provincias españolas y en las Ciudades de Ceuta y Melilla. Esto permitirá una colaboración más intensa con las comunidades autónomas y con organismos como la Agencia Estatal de Administración Tributaria, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la Fiscalía General del Estado, y los juzgados y tribunales.

Con esta nueva organización el Gobierno desarrolla la Ley ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social aprobada la pasada legislatura. Y desde su «independencia», el nuevo ente, cuyos Estatutos fueron aprobados mediante real decreto el pasado viernes, colaborará íntimamente con la Inspección de Trabajo de las Comunidades Autónomas -forman parte de su Consejo Rector- y con las organizaciones empresariales y los sindicatos.

Además, la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude será el enlace con la Plataforma Europea contra el trabajo no declarado en el ámbito de la Unión Europea que entró en funcionamiento en mayo de 2016.

Durante su presentación, el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, destacó que tras centrarse «en la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social» ahora toco focalizar los esfuerzos en «la calidad del empleo».

Méndez de Vigo, que recordó los más de 500.000 empleos y los 350.000 contratos irregulares descubiertos hasta ahora, explicó que el nuevo plan se estructura en cuatro ejes, fija doce objetivos y cien líneas de actuación para los próximos años.

Detalló que se refuerza el control de la contratación temporal injustificada, de los contratos a tiempo parcial y de los formativos. Asimismo, establece un mayor control de las horas trabajadas y del tiempo de trabajo, refuerza las actuaciones en relación con las subcontratas y las empresas multiservicios y pone en marcha nuevas unidades de inspección especializadas en prevención de riesgos laborales.

Además, con el fin de asegurar el cumplimiento de las normas de igualdad y no discriminación, será prioritario actuar en el ámbito de la discriminación por género, para lo que se lanzarán campañas específicas y se potenciará la supervisión de la brecha salarial y de la negociación colectiva a fin de evitar cláusulas discriminatorias.

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