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La Infanta Cristina es acusada de delito fiscal y blanqueo de capitales

Infanta Cristina

La Infanta Cristina recurrirá la decisión judicial (rtve)

El juez José Castro, que instruye el caso Nóos, confirmó ayer la imputación de la Infanta Cristina por dos delitos fiscales y otro de blanqueo de capitales. Castro considera que la hermana de Felipe VI intervino en la presunta trama creada por su marido, Iñaki Urdangarin, para «lucrarse en su propio beneficio» y «facilitando los medios para que lo hiciera su marido mediante una colaboración silenciosa».

Está probado que la Infanta Cristina posee el 50% del capital social de los fondos ilícitamente ingresados en la entidad mercantil Aizoon procedentes de las actividades con las que el Instituto Nóos obtuvo subvenciones ilícitas de las arcas públicas de las comunidades valenciana y balear. Castro se apoya en que doña Cristina realizó gastos privados con los ingresos que obtuvo de Aizoon de «actividades supuestamente delictivas», y recuerda que en la causa figura «una ingente cantidad» de «gastos privados» del matrimonio que se cargaron a Aizoon. Los gastos de las fincas propiedad de Aizoon fueron superiores a los ingresos por alquiler en 2007 y 2008, por lo que el juez considera «matemáticamente imposible» que permitieran sufragar dichos gastos personales.

En el auto Castro resta importancia a si esta actitud de la Infanta se basa en la confianza, veneración o amor que profesa a su marido o sobre los efectos penales que pudieran derivarse de ella. Pero considera «difícil compatibilizar» que Aizoon fuera «una sencilla y entrañable entidad familiar» con el hecho de que cambiara varias veces de domicilio y lo compartiera con numerosas sociedades del entramado. El juez recuerda que el notario que constituyó Aizoon dijo que se creó para «tener un escudo frente a Hacienda».

Por otro lado, el instructor considera que los supuestos delitos contra Hacienda que se imputan a Iñaki Urdangarin «difícilmente se podrían haber cometido sin, cuando menos, el conocimiento y aquiescencia de su esposa, por mucho que de cara a terceros mantuviera una actitud propia de quien mira hacia el otro lado».

José Castro imputa, además de a la Infanta, a otras 15 personas, entre ellas Iñaki Urdangarin, su socio, Diego Torres, y su esposa, y representantes de los gobiernos de Valencia y Baleares, entre ellos el ex presidente Jaume Matas. En concreto, al Duque de Palma le atribuye nueve delitos: malversación, prevaricación, falsedad documental, tráfico de influencias, falsificación, estafa, fraude a la Administración y delitos fiscales. El instructor exonera al secretario de la Infanta, Carlos García Revenga, quien -dice el juez- estuvo al tanto de las actividades de Urdangarin pero no facilitó apoyo estratégico para la comisión de delitos.

La defensa de la Infanta Cristina, el fiscal Pedro Horrach y la Abogacía del Estado recurrirán la imputación de la Infanta Cristina. El abogado de Doña Cristina, Miquel Roca, dice tener «el convencimiento pleno» de que no ha cometido ningún delito y que no hay base para imputarla. Roca insiste en que su criterio «no es subjetivo», sino que cuenta con el «aval» del Ministerio Fiscal y la Agencia Tributaria, que, según explicó, ostentan la «máxima autoridad».

Por su parte, el fiscal Anticorrupción de Baleares Pedro Horrach anunció ayer que recurrirá el auto del juez Castro en lo que se refiere a la Infanta, a la que, en su opinión, se la ha tratado de forma «injusta y ha sido imputada por ser quien es». También la Abogacía del Estado ha manifestado su intención de recurrir la imputación de doña Cristina ante la Audiencia de Palma al no ver delito alguno en su actuación. Por último, la Casa del Rey expresó ayer su «pleno respeto a la independencia del poder judicial».

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