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La Fiscalía pide 25 años de prisión para Junqueras, líder del golpe

TS

Sede del Tribunal Supremo en Madrid

La Abogacía del Estado rebaja su acusación a los golpistas al delito de sedición

El juicio comenzará previsiblemente a mediados de enero y durará entre dos y tres meses

El Ministerio Público solicita 17 años de cárcel para Carme Forcadell, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart y atribuye un delito de rebelión a Trapero y la antigua cúpula de los Mossos

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado este viernes 25 años de prisión para Oriol Junqueras, al que le acusa de ser el líder del proceso secesionista ilegal.

Puede leer aquí el escrito de acusación de los fiscales de Sala del Tribunal Supremo Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena

El Ministerio Público aprecia en los dirigentes independentistas que promovieron el 1-O el delito de rebelión, solicitando para Junqueras, el líder de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) preso en la cárcel de Llenoders, la condena por rebelión agravada, la mayor de todas las solicitadas.

Para Carme Forcadell, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, pide 17 años de cárcel también por un delito de rebelión agravada. Y para a los antiguos consejeros Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn y Dolors Bassa solicita 16 años, un año menos de pena que a los anteriores porque no les considera promotores o jefes principales del delito.

En su escrito, de 127 páginas, la Fiscalía corrobora que los líderes del ‘procés’ asumieron los episodios de violencia ciudadana -como los acaecidos en la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017 y los tumultos provocados el mismo día 1 de octubre durante el “referéndum”- como un medio para empujar ilegalmente a la independencia de Cataluña.

“Los acusados dirigieron, promovieron y/o participaron activamente en la ejecución de una estrategia -a la que denominaron ‘el procés’- perfectamente planificada, concertada y organizada para fracturar el orden constitucional con el fin de conseguir la independencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña como nuevo Estado con forma de República, segregándola así del Reino de España”.

Para la Fiscalía del Supremo, el plan de los procesados era “orillar la aplicación de la legalidad constitucional y estatutaria e impedir el cumplimiento de las resoluciones administrativas y judiciales dictadas al amparo de aquella, para conseguir como objetivo último -con sus propias leyes y sus propias estructuras de Estado- declarar la independencia de esa parte del territorio nacional y obligar al Estado a aceptar la separación del referido territorio, finalidad que estuvieron a punto de lograr con los actos delictivos que ejecutaron poniendo así en grave peligro el orden constitucional”.

Para ello, “utilizaron todos los medios que fueran precisos para alcanzar su objetivo, incluida -ante la certeza de que el Estado no iba a aceptar esa situación- la violencia necesaria para asegurar el resultado criminal pretendido, valiéndose para ello de la fuerza intimidatoria que representaban, por una parte, la actuación tumultuaria desplegada con las grandes movilizaciones ciudadanas instigadas y promovidas por ellos, y por otra, el uso de los Mossos d’Esquadra como un cuerpo policial armado e integrado por unos 17.000 efectivos aproximadamente, que acataría exclusivamente sus instrucciones -como así sucedió- y que, llegado el caso, podría proteger coactivamente sus objetivos criminales, sustrayéndole así al cumplimiento de su genuina función de guardar y preservar el orden constitucional”.

Es esta violencia la que separa el delito de rebelión del de sedición, que es el que defenderá la Abogacía del Estado durante el juicio oral que comenzará a mediados de enero.

En el documento consignado en el alto tribunal los servicio jurídicos dependientes del Minsterio de Justicia dirigido por Dolores Delgado distinguen entre tres tipos de procesados. En primer lugar se encuentran los antiguos miembros del Gobierno de la Generalitat, que jugaron “el papel de adoptar las decisiones ejecutivas necesarias” para realizar el referéndum ilegal del 1 de octubre.

A seis de ellos -el ex vicepresidente Oriol Junqueras, el ex consejero de Interior Joaquim Forn, el de Presidencia Jordi Turull, Raül Romeva (Asuntos Exteriores), Josep Rull (Territorio) y Dolors Bassa (Trabajo)- se les acusa de sedición y malversación.

Ambos delitos se aprecian en concurso medial, es decir que, según el abogado del Estado, la presunta malversación -el desvío de fondos públicos para fines ilegales- fue el medio necesario para cometer el delito más grave, el de sedición, consistente en alzarse “pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes” o el cumplimiento de “resoluciones administrativas o judiciales”.

“Es una obviedad decir que el proceso descrito (…) es imposible que se realizara sin la realización del correspondiente gasto público. Gastos tales como los relativos a publicidad institucional, organización de la administración electoral, confección del registro de catalanes en el exterior, material electoral, pago de observadores internacionales, aplicaciones informáticas, locales para el recuento, etcétera”, relata el escrito.

Junqueras, Forn, Turull, Romeva, Rull y Bassa merecen -a juicio de la Abogacía del Estado- un castigo más grave por su estatus de “autoridad”, al haber “inducido, sostenido y dirigido la sedición desde su condición de miembros del Gobierno”. Por esas dos infracciones penales, para Junqueras se solicitan 12 años de cárcel mientras que los otros cinco afrontarán una petición de 11 años y medio de reclusión. Al mismo tiempo se reclama la inhabilitación absoluta de todos ellos por tiempo equivalente al de la pena privativa de libertad.

En el caso de los otros tres antiguos miembros del Ejecutivo catalán encausados -Meritxell Borrás (Gobernación), Carles Mundó (Justicia) y Santiago Vila (Empresa)- la Abogacía del Estado aprecia los delitos de malversación y desobediencia grave por autoridad pública. El primero, por adoptar “los acuerdos para la ejecución y desarrollo del referéndum del 1 de octubre, disponiendo ilegítimamente de fondos públicos”. El segundo, por desoír sistemáticamente los acuerdos del Tribunal Constitucional. Por ambas infracciones pide para ellos siete años de prisión, 10 años de inhabilitación absoluta y un año y ocho meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público además de una multa.

Un segundo grupo de acusados estaría conformado por los líderes de Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. El escrito los señala como autores de un delito de sedición que también habrían “inducido, sostenido y dirigido”, aunque sin contar con la condición de “autoridad” de los seis ex miembros del Gobierno también acusados de la misma infracción. Por esa razón, el abogado del Estado solicita para ellos una pena de menor entidad: ocho años de cárcel y otros tantos de inhabilitación absoluta.

Su papel, según el escrito, habría sido el de liderar la movilización social “como medio para la consecución de los fines relativos al incumplimiento de la legalidad y la desobediencia a las resoluciones administrativas y judiciales” que exige el delito de sedición. Gracias a su acción se produjeron “actos contra decisiones judiciales legítimas y contra la actuación de autoridades o funcionarios públicos que pretendían dar cumplimiento a esas resoluciones judiciales”.

Por último, el tercer polo de esta actuación presuntamente delictiva, estuvo formado, según el Servicio Jurídico del Estado, por los antiguos cargos del Parlamento catalán procesados. Para la ex presidenta de la Cámara autonómica Carme Forcadell se solicitan 10 años de prisión y los mismos de inhabilitación absoluta como presunta autora de un delito de sedición. Forcadell, al igual que los antiguos miembros del Gobierno de la Generalitat acusados, tenía condición de “autoridad” al ejecutarse los hechos.

El ex vicepresidente de la Cámara Lluís Maria Corominas y su sustituto Lluís Guinó, así como los antiguos miembros de la Mesa Anna Simó y Ramona Barrufet, se enfrentarán a peticiones de multa de 10 meses e inhabilitación para empleo o cargo público de un año y ocho meses por presunta desobediencia grave.

El mismo delito se achaca al ex secretario tercero de ese órgano, Joan Josep Nuet, y a la ex presidenta del grupo de la CUP, Mireia Boya. Sin embargo, en estos dos últimos casos, las condenas reclamadas se reducen a multa de ocho meses y un año y cuatro meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Todos ellos “debían haber inadmitido a trámite y paralizado todas las propuestas contrarias al orden constitucional y, a pesar de las múltiples advertencias y requerimientos personales que les formuló el Tribunal Constitucional para que se abstuvieran de tramitar iniciativas de esa índole, votaron sistemáticamente a favor de su admisión, abriendo la posibilidad de que se incumplieran las normas constitucionales, estatutarias y legales así como las resoluciones judiciales que pretendían restaurar la legalidad”.

Las iniciativas más relevantes tramitadas gracias a esos miembros de la Mesa fueron la Ley del Referéndum de Autodeterminación y la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, dice el Abogado del Estado.

Así las cosas, la diferencia está en el uso de la violencia que aprecia la Fiscalía y que no ven por ningún lado los servicios jurídicos del Gabinete de Dolores Delgado. Las penas solicitadas por el Gobierno para los golpistas ascenderán a unos 14 años de cárcel. Por el contrario, la rebelión agravada con malversación implica entre 15 y 30 años de cárcel. Y la sedición más la malversación pueden sumar desde un mínimo de 14 a un máximo de 27 años, aunque la pena se reduce significativamente si los acusados devuelven el dinero malversado.

En las últimas semanas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su vicepresidenta, Carmen Calvo, han mostrado su querencia por acusar a los líderes independentistas de ERC y de Junts per Cataluña (JxCat) sobre los que se apoyaron los socialistas para llegar a La Moncloa de un delito de sedición al considerar que “no hubo violencia” en sus actos.

Será en el juicio cuando se vean las pruebas aportadas por las partes. Sea como sea, también la Fiscalía de la Audiencia Nacional acusa de un delito de rebelión al mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, por su participación en el procés. Pide para él una pena de 11 años de cárcel.

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