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La Fiscalía alemana pide la extradición de Puigdemont

Carles Puigdemont

Puigdemont en imagen de archivo

El Parlamento de Cataluña aprueba la delegación de voto del ex presidente de la Generalidad

La Fiscalía General de Schleswig-Holstein, el estado alemán donde fue detenido el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont en cumplimiento de la euroorden del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, pidió ayer a la Audiencia Territorial tramitar su extradición a España por los delitos de rebelión, malversación de fondos públicos y corrupción.

Además, solicitó que permanezca en prisión hasta entonces, al considerar que existe «riesgo de fuga».

Ahora será la sala primera de lo penal de la Audiencia Territorial, formada por tres jueces, que deberán pronunciarse en un plazo de 60 días, prorrogable a 90, la que tenga que decidir sobre el futuro de Puigdemont, cuya defensa podría presentar algún recurso contra la decisión judicial.

La Fiscalía justifica la acusación de rebelión por «la celebración de un referéndum inconstitucional a pesar de que eran de esperar enfrentamientos violentos». Aunque el Código Penal de Alemania no recoge -como sí hace el español- el delito de rebelión, el Ministerio Público considera que este puede ser el equivalente al de alta traición, sí contemplado en el texto legal alemán. El fiscal considera que no es necesario que exista «una coincidencia literal» entre ambos delitos.

En cuanto a la acusación de malversación de fondos públicos y de corrupción, la Fiscalía sostiene en los recursos que se destinaron al referéndum, señalando que este delito está tipificado en el Código Penal alemán. La Fiscalía apunta, además, que medidas menos severas que la cárcel no garantizan la permanencia en Alemania del ex presidente de la Generalitat, quien comprometió a la policía autonómica «a garantizar que los partidarios del proceso de secesión pudieran participar en la votación» del 1-O.

Los abogados alemanes de Puigdemont solicitaron ayer por escrito a la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein que rechace la petición de extradición cursada por la Fiscalía alemana. Su portavoz, Till Dunckel, «esperaba» la petición de la Fiscalía General y confía en que la Audiencia Territorial no considere que «la petición está justificada» porque, a su juicio, la celebración del referéndum del 1-O «no es en principio punible».

Por su parte, Carles Puigdemont, en su primera entrevista concedida desde la prisión alemana Neumünster y difundida a través de Twitter, rechazó ser un «criminal» por haber organizado un referéndum de independencia prohibido por la legislación española. En este sentido, Puigdemont hizo hincapié en que, a nivel europeo, el derecho de autodeterminación «esté permitido en Escocia y prohibido en España».

Puigdemont, que se considera un preso político exige a los políticos españoles que resuelvan el desafío soberanista por la vía política y no por la judicial. Su argumento es que fue «elegido por la gente» y que siguió «el programa aprobado por un Parlamento elegido en elecciones».

Mientras, en Barcelona, la Mesa del Parlamento de Cataluña avaló ayer, con los votos de la mayoría independentista, que Carles Puigdemont pueda delegar su voto, pese a que los letrados de la Cámara alertaron de que esto puede chocar con las medidas cautelares del Tribunal Constitucional.

Los cuatro representantes independentistas de la Mesa -dos de JxCat y otros dos de ERC, incluido el presidente del Parlament, Roger Torrent-, hicieron valer su mayoría, frente a los dos representantes de Ciudadanos y al miembro del PSC, decidiendo aceptar por primera vez el voto delegado de Puigdemont.

Según los grupos independentistas, la detención de Puigdemont en Alemania le «iguala» a los diputados que se encuentran en prisión preventiva en España, a los que los tribunales sí les han permitido delegar su voto.

Sin embargo, los letrados del Parlament han advertido de que esta decisión podría plantear problemas con respecto a las medidas cautelares adoptada por el Tribunal Constitucional que no permitió en su momento una investidura a distancia o delegada de Puigdemont, cuando éste se hallaba en Bélgica. El TC resaltaba que «los diputados sobre los que pese una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión no pueden delegar su voto en otros parlamentarios».

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, explicó que su grupo solicitará la reconsideración del acuerdo de la Mesa que permite la delegación de voto de Puigdemont, una decisión que considera un «error» y un «privilegio» a un «huido de la Justicia».

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