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La exhumación de los restos de Franco del Valle «es ilegal»

FNFF

La FNFN señala a la ministra de Justicia, Dolores Delgado

El procedimiento administrativo aún no ha concluido, según los abogados de la familia

La Fundación Nacional Francisco Franco recurrirá ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo el acuerdo adoptado el viernes por el Consejo de Ministros con el que el Gobierno «pone fin al procedimiento administrativo y acuerda la exhumación y traslado de los restos de Francisco Franco» del Valle de los Caídos.

También lo hará la familia.

A propuesta de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, el gabinete de Pedro Sánchez aprobó, el mismo día en que decidió acabar la Legislatura, la conclusión del procedimiento administrativo y la exhumación y traslado de los restos de Franco.

Dice el acuerdo ministerial que «corresponderá al Consejo de Ministros llevar a cabo los actos necesarios según la normativa vigente para el acceso a la Basílica del Valle de los Caídos y la ejecución de los trabajos».

Asimismo reitera el Ejecutivo que la inhumación no podrá hacerse en la cripta de la Catedral de la Almudena «por problemas de seguridad y orden público y por ir en contra de la Ley de Memoria Histórica».

Entiende el Gobierno de Pedro Sánchez que la tumba de Francisco Franco no puede estar «en una de las zonas más emblemáticas de la capital y susceptible, por tanto, de ser utilizado como lugar de exaltación».

El Gobierno ha dado 15 días de plazo para que la familia «disponga sobre el destino de sus restos mortales». «Se concede a la familia un plazo adicional de 15 días para que señale un emplazamiento alternativo, que respete las exigencias de orden público, seguridad ciudadana y memoria histórica. En caso de que no se realice una propuesta unánime en tiempo y forma, o bien ésta sea inviable, el Consejo de Ministros determinará con carácter subsidiario el lugar de inhumación».

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, explicó, durante la rueda de prensa posterior a la reunión ministerial, que a pesar de ser la Basílica del Valle de los Caídos un lugar de culto y de que la Iglesia no ha dado permiso para proceder a la exhumación de los restos de Franco eso no impide acordarla porque «ningún lugar religioso o de culto está al margen de la autoridad civil competente y de la ley».

Insistió Delgado en alegar la finalización del «expediente administrativo» iniciado en agosto del año pasado para sacar los restos de Franco del Valle y en recordar que la reforma de la Ley de Memoria Histórica (de 2018) dice que «en el Valle de los Caídos sólo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil española, como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda».

Y se reafirmó la ministra de Justicia en que «la decisión del Gobierno cuenta con todos los avales jurídicos necesarios que garantizan su legalidad».

Todo lo contrario a lo que sostiene la familia de Francisco Franco, que indica que «el cúmulo de ilegalidades y arbitrariedades» en las que ha caído el gobierno socialista de Sánchez es tan evidente que confían en que los magistrados que deben decidir sobre este contencioso «impidan esta tropelía». En cierto modo, señalan, «ya lo hicieron cuando resolvieron en diciembre de 2018 el recurso interpuesto por los nietos del Generalísimo«.

Puede leer aquí la resolución dictada por el Supremo con fecha 17 de diciembre de 2018

Al respecto, insisten en manifestar su oposición a la exhumación y, si ésta tuviera lugar, reinhumar los restos «donde la familia tiene sus sepulturas, en la cripta de la catedral de Nuestra Señora de la Almudena».

Profundizando en los aspectos legales del asunto alegan que el Ejecutivo «dicta el acuerdo de exhumación sin que el procedimiento administrativo haya terminado», pues, como prevé «la Ley 52/2007, el contencioso solo termina si se acuerda la exhumación y se acuerda la reinhumación».

Ondean los herederos de Franco la disposición adicional sexta bis, 6 de dicha ley: «El consejo de ministros, mediante acuerdo motivado, resolverá sobre si procede la exhumación y el traslado, con indicación, en su caso, del destino que haya de darse a los restos mortales afectados».

«Disposición adicional sexta bis. Procedimiento para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de esta Ley.

1. Corresponde al Gobierno garantizar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 16.3 de esta Ley, asegurando en todo caso unas condiciones adecuadas de dignidad y respeto. A tal efecto, se declara de urgente y excepcional interés público, así como de utilidad pública e interés social, la inmediata exhumación y el traslado de los restos mortales distintos de los mencionados en dicho artículo.

2. La decisión de exhumación y traslado será adoptada por Acuerdo de Consejo de Ministros, tras la tramitación del procedimiento regulado en los apartados siguientes.

3. El procedimiento se iniciará de oficio por el Consejo de Ministros mediante acuerdo de incoación, que designará órgano instructor. Dicho acuerdo dará un plazo de quince días a los interesados a fin de que se personen en el procedimiento y aleguen lo que a sus derechos o intereses legítimos pudiese convenir. Los familiares podrán disponer en dicho plazo sobre el destino de los restos mortales indicando, en su caso, el lugar de reinhumación, debiendo aportar en ese plazo los documentos y autorizaciones necesarias. En caso de discrepancia entre los familiares, o si estos no manifestasen su voluntad en tiempo y forma, el Consejo de Ministros decidirá sobre el lugar de reinhumación, asegurando una digna sepultura. A estos efectos, queda legitimado para solicitar la asignación del correspondiente título de derecho funerario y para realizar el resto de actuaciones que procedan.

4. Transcurrido el plazo contemplado en el apartado anterior, el Consejo de Ministros ordenará la continuación del procedimiento. A tal efecto, ordenará al titular del Ministerio competente en materia de justicia que remita al Ayuntamiento, en su caso, el proyecto necesario para llevar a cabo la exhumación, para su tramitación con arreglo a lo previsto en la disposición adicional décima del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre. Asimismo, le ordenará que solicite informe no vinculante al órgano de la Comunidad Autónoma competente en materia de sanidad mortuoria, que deberá ser emitido en el plazo máximo de un mes.

5. Concluidas las actuaciones previstas en los apartados anteriores, se dará traslado a los interesados antes de la resolución para que, en el plazo improrrogable de diez días, aleguen lo que estimen oportuno sobre las mismas.

6. Transcurrido dicho plazo, el Consejo de Ministros, mediante Acuerdo motivado, resolverá sobre si procede la exhumación y el traslado, con indicación, en su caso, del destino que haya de darse a los restos mortales afectados.

7. El plazo de caducidad del procedimiento contemplado en esta disposición adicional será de doce meses a contar desde el acuerdo de incoación«.

«Es decir -interpretan los familiares de Franco-, el Consejo de ministros sólo podría haber acordado dos resoluciones: no haber lugar a la exhumación (por carecer del permiso eclesiástico correspondiente, ya que se trata de un lugar sagrado, inviolable -como recuerda el propio consejo de ministros en su acuerdo de continuación del procedimiento del pasado 8 de noviembre de 2018); o acordar la procedencia de la exhumación, traslado y reinhumación; todo en el mismo acuerdo. No cabe otra resolución que ponga terminación al procedimiento (salvo el desistimiento, la renuncia, la caducada o la imposibilidad material)».

Pues tanto la Ley 52/2007 como el acuerdo del Consejo de ministros de agosto de 2018 que inició el procedimiento son claros al recoger que «se acuerda indicar a los familiares, de acuerdo con el apartado tercero de la disposición adicional sexta bis que en caso de discrepancia entre ellos, o si no manifestase la familia su voluntad en tiempo y forma, el consejo de ministros decida sobre el lugar de reinhumación de los restos mortales». «Y es claro que la familia no ha tenido ninguna discrepancia: todos han manifestado su oposición a la exhumación y, si ésta tuviera lugar, han decidido que la reinhumación lo sea donde la familia tiene sus sepulturas, en la cripta de la catedral de Nuestra Señora de la Almudena».

Así pues, si el Gobierno decide exhumar los restos de Franco antes de que el Tribunal Supremo decida sobre el recurso que la familia ha anunciado que impondrá contra el acuerdo del Consejo de Ministros podría cometer un delito de prevaricación. En todo caso, atendiendo a los plazos para interponer recurso -dos meses, según los expertos jurídicos contando a partir de 15 días a partir del viernes- la exhumación de la momia de Francisco Franco no sería antes de mayo.

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