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La empresa rechaza la reforma de la subcontratación

Antonio Garamendi

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE

Aseguran que impactará en el modelo productivo

Los empresarios españoles no saben ya cómo esquivar las balas que les dispara el Gobierno de coalición. Ayer se reunieron para analizar los cambios que planea el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz y que podrían influir «de forma directa y grave en el propio funcionamiento de la economía de España y Europa».

Una de esas reformas propuestas por Trabajo es la modificación del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores que regula la subcontratación de obras y servicios. Para los empresarios españoles esto podría aparejar graves consecuencias para el tejido empresarial y el empleo y por ello no la secundan.

En la actualidad, la economía española y europea se basan en un modelo ya consolidado de descentralización y colaboración en el que la mayor parte de las empresas y sectores delegan en diferentes niveles de subcontratación tareas y servicios especializados logrando una mayor eficiencia y adaptación al entorno. Esto ha generado un tejido empresarial muy sólido. Sin embargo, una reforma que limite las opciones de descentralización hará prácticamente inviable la supervivencia de muchas empresas españolas.

Concretamente, explican, si Trabajo aprobara su propuesta para que toda la cadena de subcontratación adopte las condiciones laborales de la empresa principal, muchas empresas subcontratadas y muchos puestos de trabajo estarían en peligro.

A esto se añade que no sería posible desde la empresa principal absorber todo el empleo que generan estas empresas, máxime en el actual contexto de desaceleración. Por tanto, ven «arriesgada» la solución planteada por Yolanda Díaz.

Otra de los puntos destacados del análisis empresarial es la posibilidad -«un efecto no deseado de la reforma laboral de 2012»- de regular por convenio de empresa los salarios de los trabajadores. Esto ha dado lugar a que un reducido número de estos convenios establezca salarios por debajo del convenio sectorial.

Para eliminar este efecto no deseado y no hacer desaparecer del ordenamiento una figura clave como es la subcontratación, desde CEOE y Cepyme proponen que las condiciones salariales y de jornada de las personas trabajadoras se regulen en estos casos a través de la negociación colectiva sectorial, legitimando al convenio de empresa a regular las cuestiones que conciernen a su organización interna.

Por último y tras analizar los efectos de la última subida del salario mínimo (SMI) hasta los 950 euros, las patronales han corroborado que está teniendo un impacto negativo en el sector de las empresas que prestan servicios a la Administración, al no estar indexados los contratos públicos al SMI.

También en el empleo del sector agrario, en el que esta subida ahonda en los problemas de costes que arrastra el campo desde hace años y por los que los agricultores llevan semanas manifestándose por toda España.

Empresas de muy diversos sectores (Sanidad, seguridad o limpieza) que trabajan para la Administración han pedido que los contratos firmados con las administraciones públicas sean revisados tras la subida del SMI, puesto que entre 2019 y 2020 se ha producido un incremento del 29%. «Se olvidan de que muchos contratos vigentes en la actualidad no contemplaban esta realidad cuando se firmaron, ni contaban con previsión presupuestaria para afrontar el incremento en el coste de algunos empleados», se quejan.

No piden que las AAPP se hagan cargo por completo del incremento del SMI, pero sí que se corresponsabilicen y, al menos en parte, se revise la situación de determinados contratos que se ven muy afectados por la variación presupuestaria.

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