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La dispersión de presos etarras respeta el Convenio de DDHH

ECHR

Sede del ECHR en Estrasburgo

La Justicia europea valida las decisiones de las autoridades españolas que se negaron a transferir a un condenado por terrorismo a una prisión más cercana a su casa

La dispersión que practica el Estado español con los presos etarras condenados por delitos de terrorismo es absolutamente legal. Lo ha dictaminado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha resuelto una demanda interpuesta por el etarra Jorge Fraile Iturralde contra España por negarle el traslado a una cárcel más próxima a su familia.

Fraile Iturralde (1970), lleva desde 1998 cumpliendo una condena de 25 años por colaboración con la organización terrorista ETA en la prisión de Badajoz desde junio de 2010.

En 2016, presentó una queja ante los tribunales españoles sobre la decisión de mantenerlo en la prisión de Badajoz bajo régimen cerrado. Se quejó en particular de que las autoridades de la prisión se habían negado a permitirle cumplir su condena más cerca del lugar de residencia de su familia, en Durango. Afirmó que el viaje de 700 kilómetros de Durango a Badajoz era difícil para su mujer y su hija de cinco años. Sus padres, que tenían una edad avanzada, no podían visitarlo en absoluto.

Tanto el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria como la Audiencia Nacional desestimaron sus pretensiones basándose en que desviarse de la regla general según la cual se dispersó a los prisioneros de ETA en varias prisiones para cortar sus vínculos con la organización terrorista y evitar problemas de seguridad no era adecuado. En el pasado la concentración de presos etarras en ciertas prisiones había conducido a que la banda «controlase» a sus miembros y a que el personal de la prisión se convirtiera en objetivo de sus amenazas.

Además, Fraile Iturralde había sido sancionado en muchas ocasiones por mal comportamiento en la prisión y había seguido las instrucciones del grupo en la cárcel.

Tras constatar que el preso había podido telefonear e intercambiar cartas regularmente con familiares cercanos y amigos, así como recibir frecuentes visitas de su familia y tras recurrir en amparo, el Tribunal constitucional apoyó las conclusiones de los tribunales inferiores sosteniendo que el caso no revelaba ninguna apariencia de violación de los derechos.

Después del tercer rechazo a sus pretensiones, Fraile Iturralde presentó demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos quejándose de que se habían violado su derecho al respeto de la vida familiar y de acceso a un tribunal porque -arguyó- la decisión del Tribunal constitucional había sido arbitraria y excesivamente formalista.

La Sala integrada por siete jueces entre los que se encuentra la española María Elósegui reitera que el Convenio Europeo de Derechos Humanos no otorga a los presos el derecho a elegir su lugar de detención y que el hecho de que los presos estén separados de sus familias es una consecuencia inevitable de su encarcelamiento.

Sin embargo y aunque las autoridades deben ayudarles a mantener contacto con sus familiares cercanos, el Tribunal europeo determinó que la decisión de mantenerlo en la prisión de Badajoz lejos de su familia se había basado en las leyes penitenciarias, que prevén una valoración individual de cada caso en las decisiones sobre traslados y revisiones judiciales.

Por lo tanto, el TEDH considera que la interferencia ha sido «de conformidad con la ley» en el sentido previsto en el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950.

En octubre de 2018 la Justicia europea rechazó adelantar la puesta en libertad de los presos etarras

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