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La Comisión sanciona a España por 61 vertederos incontrolados

Vertedero

En España tirar las cosas a la calle es un deporte..

El procedimiento de infracción comunitario se inició durante el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero 

En marzo de 2007 la Comisión Europea (CE) inició un procedimiento de infracción contra España por la existencia de varios vertederos ilegales que incumplían el Derecho de la Unión.

Ante la postura de España, que continuó incumpliendo  sus obligaciones medioambientales, la Comisión remitió un dictamen motivado en el que se subrayaba el significativo número de vertederos incontrolados que seguían aún en funcionamiento

En septiembre de 2014, tras varias reuniones, la Comisión remitió a España un nuevo dictamen en el que concluía que España mantenía 63 vertederos incontrolados sin sellar ni regenerar.

Dado que la situación de incumplimiento persistió, la Comisión decidió presentar un recurso ante el Tribunal de Justica mediante el que solicitó que se declare el incumplimiento de España en virtud del Derecho de la Unión.

La Comisión considera que España no ha adoptado las medidas necesarias para asegurar que la gestión de los residuos se realice sin poner en peligro la salud humana y sin dañar al medio ambiente.

Concretamente, 61 vertederos ilegales se mantenían «abiertos» sin sellar, lo que pórvocó una degradación significativa del medio ambiente.

El Gobierno de España se defendió asegurando que había hecho un inmenso esfuerzo adicional en un periodo de graves dificultades económicas y presupuestarias. En estas circunstancias, habilitó líneas de financiación específicas para el acondicionamiento de los vertederos restantes, demostrando así la gran importancia que las autoridades medioambientales españolas conceden a la gestión de los vertederos.

Por último, España añade que en el momento en que presentó sus «alegaciones» ya no existía ningún vertedero incontrolado en funcionamiento y en la práctica totalidad de los vertederos se iniciaron las operaciones de sellado y regeneración.

Por otra parte, la Comisión alega que España ha incumplido la obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar que cualquier productor inicial de residuos u otro poseedor realice el tratamiento de residuos por sí mismo o encargue su realización a un negociante o a una entidad o empresa que lleve a cabo operaciones de tratamiento de residuos, o su organización a un recolector de residuos público o privado.

En este sentido, dice la CE, España no ha impedido el vertido ilegal de residuos en los vertederos en cuestión.

En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia declara que España ha incumplido sus obligaciones al no haber adoptado las medidas necesarias para asegurar que los residuos sean tratados como establece el Derecho de la Unión, sin poner en peligro la salud humana ni dañar el medio ambiente y, en particular, sin crear riesgos para el agua, el aire, el suelo, la fauna y la flora.

El Tribunal de Justicia afirma que España no ha demostrado que los incumplimientos constatados por la Comisión en los diferentes vertederos cesaran antes de expirar el plazo fijado en el último dictamen de septiembre de 2014.

Además, el Tribunal de Justicia recuerda que un Estado miembro no puede alegar una situación de su ordenamiento jurídico interno para justificar el incumplimiento de las obligaciones y plazos resultantes del Derecho de la Unión.

El Tribunal de Justicia considera que los vertederos en cuestión han funcionado durante un largo periodo de manera incontrolada e ilegal y que los residuos vertidos en ellos no han sido tratados de la manera adecuada para reducir los efectos negativos en el medio ambiente.

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