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La Comisión autoriza la compra del Popular por el Santander

Blackstone

Blackstone ha comprado activos inmobiliarios del Popular por valor de 10.000 millones de euros

Miles de afectados por la “liquidación” han presentado demandas ante los tribunales españoles y la Justicia europea

La Comisión Europea ha autorizado la adquisición del Banco Popular Español por el Santander.

Las autoridades europeas han llegado a la conclusión de que la operación propuesta no plantea problemas de competencia en el Espacio Económico Europeo (EEE).

Tras investigar la incidencia de la operación en los mercados nacionales y regionales españoles y portugueses de servicios bancarios minoristas y empresariales, de arrendamiento financiero, de factorización y de prestación de servicios de cajero automático, la Comisión ha concluido que las cuotas de mercado conjuntas de las partes son, por lo general, limitadas (menos del 25 %) y seguirá habiendo competidores fuertes en todos los mercados afectados.

Esta decisión pone fin al proceso de autorización por parte de la Comisión de la adquisición, llega tras la aprobación el pasado 7 de junio del plan de resolución del Banco Popular y después de que un día antes, el 6 de junio, el Banco Central Europeo decidiese que el Popular era “una entidad inviable o con probabilidad de serlo”.

La Comisión tiene la obligación de evaluar las concentraciones y adquisiciones en las que participen empresas con un volumen de negocios que supere determinados umbrales e impedir concentraciones que obstaculicen de forma significativa la competencia efectiva en el EEE o en una parte importante del mismo.

Cuando el pasado 7 de junio la Comisión aprobó el “rescate” del Popular abrió la puerta al Santander para adoptar las medidas necesarias para estabilizarlo.

Ayer mismo, tras conocerse la “vía libre” de la Comisión, la absorbida acordó vender a Blackstone Real Estate Partners Europe V (Blackstone) una participación mayoritaria de su cartera inmobiliaria. La cartera incluye activos inmobiliarios y créditos por un valor bruto agregado de unos 30.000 millones de euros, así como el 100% del capital de Aliseda, la inmobiliaria del Popular.

La valoración de los activos en España (inmuebles, créditos dudosos y activos fiscales, sin incluir Aliseda) es de aproximadamente 10.000 millones de euros y se traspasarán a una nueva sociedad participada en un 51% por Blackstone y un 49% por Banco Popular. Será Blackstone quien gestione el patrimonio de la sociedad conjunta.

Se estima que la operación tendrá un impacto positivo en la ratio CET1 fully loaded de Banco Santander de 12 puntos básicos. A ello se suma la recuperación de cinco puntos básicos que se consumían como resultado de la compra del 51% de Aliseda por Banco Popular.

Tras comunicarse la noticia, Rodrigo Echenique, presidente de Santander España, puso en valor la operación, que permitirá al grupo reducir significativamente la exposición inmobiliaria y seguir consolidando el Banco para centrar todos los esfuerzos en la actividad comercial.

Por su parte, John Gray, responsable global de Inmobiliario de Blackstone, afirmó que la “importante” inversión refleja “la confianza en la fuerza de la recuperación económica de España”.

Está previsto que la operación se cierre en el primer trimestre de 2018. Con él Blackstone seguirá engordando su división inmobiliaria, que se fundó en 1991 y gestiona aproximadamente 104.000 millones de dólares. La cartera inmobiliaria del Fondo está compuesta por hoteles, oficinas, locales comerciales, naves industriales y viviendas en Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica. Entre las principales participaciones del fondo están Hilton Worldwide, Invitation Homes (viviendas unifamiliares) y edificios de oficinas de primera calidad en grandes ciudades de todo el mundo. Blackstone Real Estate también gestiona una de las principales plataformas financieras del sector inmobiliario, además de la cotizada Blackstone Mortgage Trust.

Y mientras en las esferas bancarias todo sigue su curso en los tribunales miles de afectados por la resolución del Popular han elevado sus demandas hasta los tribunales europeos.

El despacho Cremades & Calvo-Sotelo ha interpuesto una “demanda” en nombre de casi cuatro mil afectados por la resolución del Banco Popular. Agrupados en torno a la estrategia de defensa de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC), han presentado un recurso de anulación de dicha resolución ante el Tribunal General de la UE.

El despacho interpondrá además en septiembre un recurso contencioso ante la Audiencia Nacional -que ya ha recibido otras demandas- contra la decisión del FROB. Los socios del bufete esperan aumentar sus clientes, toda vez que los perjudicados han sido alrededor de 7.000 accionistas que han perdido todo su dinero con la “jugada”.

También la Asociación de Usuarios de Bancos Cajas y Seguros (ADICAE) presentó el pasado 31 de julio ante el TJUE recurso de anulación contra la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) relativa al Popular.

Según ADICAE en la resolución de la entidad se ha infringido el principio que indica que los accionistas o acreedores no deberían soportar pérdidas superiores a las que habría afrontado en un procedimiento concursal (art. 20.16 del Reglamento 806/2014). De hecho, argumentan, de acreditarse que su situación hubiese sido mejor, los afectados tendrán derecho a obtener del Fondo Único de Resolución la diferencia con cargo al Fondo Único de Resolución.

ADICAE acusa también a la JUR de la inaplicación del instrumento de recapitalización interna previsto (art. 27 reglamento de la U.E núm. 806/201). Para la Asociación -que también ha recurrido ante la Audiencia Nacional contra el FROB- resulta inexplicable que ni siquiera se valorase la posibilidad de recapitalización del Banco Popular dado que existía la opción de que multitud de inversores, incluso institucionales, hubieren podido acudir a un proceso de recapitalización a fin de no perder el total de su inversión.

 

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