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La CNMC multa con 80 millones a los grandes grupos lácteos

Nestlé

La vaquiña por lo que vale…

Por su conducta ilícita contra los derechos de los ganaderos, a los que impedían fijar sus propios precios

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una multa de 80,6 millones de euros a ocho empresas lácteas por intercambiar información y coordinar estrategias comerciales en detrimento de los intereses de los ganaderos entre 2000 y 2013.

La alerta saltó gracias a un estudio sobre el sector lácteo elaborado por el Servicio para la Defensa de la Competencia de Castilla y León que denunciaba conductas restrictivas en el mercado de aprovisionamiento de leche cruda y por una denuncia formulada por la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) contra las empresas transformadoras de leche.

Tras la investigación, la CNMC ha probado que la Asociación de Empresas Lácteas de Galicia (AELGA), Calidad Pascual (antes Grupo Leche Pascual S.A.), Central Lechera de Galicia (CELEGA), Corporación Alimentaria Peñasanta (CAPSA), Danone, el Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña (GIL), Grupo Lactalis Iberia, Nestlé España, Industrias Lácteas de Granada (Puleva) y Schreiber Food España (antes Senoble Ibérica) han participado en un cártel ilegal.

También han estado implicadas Industrias Lácteas Asturianas (ILAS), Leche Río, Feiraco, Leche Celta, Forlactaria y Central Lechera Asturiana pero como su expediente ha prescrito se quedan sin sanción.

Todas estas empresas, incluso las que se han salvado de la multa, intercambiaban información a nivel nacional y regional sobre precios de compra de leche cruda de vaca, volúmenes de compra de ganaderos y excedentes de leche.

Esto les permitió acordar y adoptar una estrategia conjunta para controlar el mercado de aprovisionamiento de leche cruda de vaca. Además, en determinados momentos, se habrían materializado en acuerdos concretos para coordinar los precios de compra de leche y  para la cesión de ganaderos entre industriales.

Así, por ejemplo, las empresas transformadoras dialogaron e intercambiaron información sobre los precios de compra que ofrecían las empresas transformadoras a sus ganaderos, los que iban a ofrecer en un futuro, la identidad de los ganaderos y los volúmenes adquiridos de éstos, o la identidad de los ganaderos que tenían intención de cambiar de transformador y posibles medidas para evitarlo.

A base de «ajustar» y evitar ofrecer mejores precios y condiciones comerciales a los ganaderos, limitaban la competencia en el mercado de aprovisionamiento de leche cruda. Por supuesto, los ganaderos carecían de libertad para fijar el precio de su producto y la empresa a la que suministraban, distorsionando el normal funcionamiento del mercado en beneficio de los transformadores.

Los acuerdos agravaron la situación en un mercado ya de por si concentrado desde la perspectiva de la demanda, donde existe un elevado poder negociador de la industria transformadora frente a unos ganaderos que, además de estar más atomizados, están obligados a vender la producción para conservar su cuota láctea.

Asimismo,  algunas de las empresas intercambiaron información con la intención de controlar los excedentes de leche y la conversión de ésta en leche en polvo, condicionando de manera artificial el precio de aprovisionamiento de la leche cruda.

La resolución de Competencia no sólo prueba la existencia de conductas prohibidas por su objeto, que no era otro que distorsionar el normal funcionamiento del mercado, sino que además las mismas produjeron efectos negativos en el mercado, siendo la industria ganadera el sector más perjudicado.

Este procedimiento ya se instruyó y resolvió en el año 2015 pero Nestlé consiguió retrasar la multa. Ahora ya no cabe recurso alguno en vía administrativa, pero las empresas pueden interponerse recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional.

Claro que también cualquier persona o empresa que se considere afectada por las prácticas anticompetitivas descubiertas por la CNMC puede presentar una demanda de daños y perjuicios derivada de las citadas conductas por infracción de la normativa de defensa de la competencia ante los tribunales civiles.

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