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Gobierno y sindicatos reforman las pensiones sin la CEOE

Antonio Garamendi

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, en una imagen tomada en junio

Los empresarios no han aceptado sustituir el actual factor de sostenibilidad de las pensiones por un ‘mecanismo de equidad intergeneracional’

El Ejecutivo socialcomunista subirá las cotizaciones a partir de 2023 con el objetivo de incrementar el Fondo de Reserva de las pensiones

CCOO y UGT sí han apoyado el plan del ministro de Seguridad Social

A pesar de que los empresarios españoles se han negado a asumir con nuevas subidas de las cotizaciones sociales el aumento de la ‘hucha’ de las pensiones el Gobierno se ha valido de los sindicatos para aprobar la reforma de las pensiones.

La Patronal se ha levantado de la reunión que se celebraba con el Ministerio de Seguridad Social y los sindicatos en desacuerdo con el nuevo ‘mecanismo de equidad intergeneracional’ (MEI) que sustituirá al actual ‘factor de sostenibilidad’.

El MEI contempla una aportación de 0,6 puntos vía cotizaciones a la Seguridad Social al fondo de reserva a partir de 2023 y hasta 2032 para sostener el incremento del gasto en pensiones. A juicio de la empresa esta receta del ministro José Luis Escrivá ‘no garantiza el equilibrio del sistema’ y además ‘tendrá efectos negativos sobre el empleo porque supondrá una subida de cotizaciones’.

En un comunicado la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la de Pequeñas y Medianas Empresas (Cepyme) subrayan que ‘aumentar las cotizaciones sociales y hacer que la mayor carga recaiga sobre las empresas tiene efectos negativos sobre el empleo y va en dirección contraria a lo que necesita el sistema público de pensiones’. Añaden que, por otra parte, el crecimiento del empleo es la principal garantía de sostenimiento del sistema de pensiones.

Además, argumentan los empleadores que la propuesta del Ejecutivo tiene poco de intergeneracional ya que carga todos los esfuerzos sobre los trabajadores actuales y futuros, especialmente sobre los jóvenes. ‘En este momento aumentar los costes empresariales ‘pone en riesgo la recuperación al erosionar la productividad y la competitividad de las empresas’, terminan.

En línea con sus compañeros el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha alertado de que ‘no se puede exprimir con más cotizaciones e impuestos a los autónomos, que ya están soportando la subida de la luz, de los carburantes, los costes de producción o la inflación [1]‘. ‘La vaca ya no da más leche’ ha resumido Amor la situación de los pequeños empresarios españoles, que llevan muchos meses sufriendo una crisis que parece no tener fin.

Ajeno a los avisos de los empresarios, que serán quienes paguen la factura, José Luis Escrivá ha aprobado el MEI con el visto bueno de los sindicatos de clase CCOO y UGT. El mecanismo tendrá dos componentes. El primero consiste en la reactivación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social mediante una aportación finalista entre 2023 y 2032. La aportación será de 0,6 puntos porcentuales de la cotización por contingencias comunes, repartido entre la empresa y el trabajador con la misma distribución que en las cotizaciones sociales, esto es, la empresa abonará 0,5 puntos y el trabajador el 0,1 restante. Actuará como ‘válvula de seguridad’ del sistema a partir de 2033, en el caso de que haya un desvío de la previsión de gasto en pensiones para 2050. Escrivá pretende recaudar unos 50.000 millones de euros así.

En el caso de que no se diera una desviación de la senda de gasto previsto, no se aplicará ninguna medida y se planteará la utilización de los recursos del fondo de reserva para reducir las cotizaciones sociales o mejorar la cuantía de las pensiones.

Si a partir de 2033 se apreciara en los Informes de Envejecimiento (Ageing Report) de la Comisión Europea una desviación de la previsión de gasto en pensiones a 2050 respecto al informe de 2024 (que se usará como referencia), se utilizará este Fondo, con un límite de disposición anual del 0,2% del Producto Interior Bruto (PIB). Si la disposición de activos del Fondo de Reserva no fuera suficiente, el Gobierno negociará con los interlocutores sociales para su elevación al Pacto de Toledo, de acuerdo con sus recomendaciones, una propuesta que, de forma equilibrada, se dirija bien a reducir el porcentaje de gasto en pensiones en términos de PIB, bien a incrementar el tipo de cotización u otras fórmulas alternativas para aumentar los ingresos.