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La banca censura el impuesto para pagar las pensiones

José María Roldán

José María Roldán, pendiente de la AEB, no lo ve claro

El Gobierno estudia crear un impuesto a la banca para financiar las pensiones

La Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) advierten este martes de que aumentar la carga tributaria al sector financiero conllevaría efectos perjudiciales para la economía.

Desde que se conoció que el Gabinete de Pedro Sánchez está valorando la creación de nuevos gravámenes sobre el sector financiero con el objetivo de incrementar los ingresos del Estado para financiar el déficit actual del sistema público de pensiones, el sector bancario está temblando.

Dicen los afectados que la contribución del sector financiero al sostenimiento del gasto público es superior al de otros sectores y que aunque el objetivo del nuevo impuesto es loable, “la creación de nuevos gravámenes a la banca sería injusto y conllevaría efectos colaterales perjudiciales para la economía española en general”.

Se quejan los banqueros de que su contribución en la economía y en los beneficios empresariales es en torno al 3% y que no resulta razonable hacer recaer las necesidades de los pensionistas sobre un único sector. Entienden que si se necesita aumentar los ingresos públicos todos los agentes deben contribuir de manera equitativa.

Por otra parte, avisan de que el incremento de la carga tributaria al sector financiero generaría una desventaja competitiva para las entidades españolas a nivel europeo y supondría un obstáculo al relevante papel que desempeñan en la creación de empleo y en el desarrollo de la actividad económica a través de la concesión del crédito.

Recuerdan que en los momentos difíciles hicieron un “considerable esfuerzo” para facilitar el cumplimiento de los objetivos de déficit público y que su contribución al sostenimiento del gasto público ya es superior a la de otros sectores de actividad (por la existencia, entre otras medidas, de un tipo impositivo incrementado en el Impuesto sobre Sociedades, un Impuesto sobre Depósitos de Entidades de Crédito o las cuotas del IVA soportado no deducibles).

Y por si todo esto fuera poco piden al Ejecutivo que no olvide que la unión bancaria impulsada desde la Unión Europea les obliga a reforzar su solvencia y a aumentar las contribuciones al Fondo de Garantía de Depósitos y al Fondo de Resolución, lo que supone un coste que afecta a los resultados y a los dividendos que perciben sus accionistas minoritarios. Por ello, “el establecimiento de un impuesto sectorial supondría un sobrecoste adicional que haría aún más difícil acceder al mercado de capitales”.

Por último, sospechan que el gravamen “singular” sobre el sector no recaudaría lo esperado pero en cambio sí afectaría de forma muy negativa a su solvencia.

También los empresarios han alertado al Gobierno sobre posibles subidas de impuestos. El presidente de CEOE, Juan Rosell, y el vicepresidente de CEOE y presidente de Cepyme, Antonio Garamendi, han advertido que si se suben los impuestos a las empresas podría “fracasar” la mencionada subida de los salarios pactada con los sindicatos.

Tras reunirse en La Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, y con los líderes sindicales de UGT, Pepe Álvarez, y de CCOO, Unai Sordo, para presentar el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva que recoge un incremento de sueldos de en torno al 3% en los próximos tres años, los representantes de los empresarios han explicado que “las empresas tienen sus costes” y que un incremento de los mismos puede hacer fracasar el aumento de los salarios.

“Si las compañías tienen que pagar por un lado no podrán pagar por otro”, ha puntualizado Garamendi, al que ha secundado Rosell diciendo que los tipos impositivos en España están en la media europea, excepto en las cotizaciones sociales que “son mucho más altas”.

Enfrente de los empresarios se han situado los sindicatos que no entienden más que de sueldos y salarios. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha recordado que el convenio que se acababa de firmar hay que cumplirlo. “No hay ningún elemento para romperlo y menos la política que pueda anunciar un Gobierno”, ha señalado.

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