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La Audiencia mantiene a la Infanta Cristina en el banquillo

Cristina de Borbón

La hemana de Felipe de Borbón en una imagen reciente

La Audiencia de Palma de Mallorca ha decidido que la Infanta Cristina continúe en el banquillo de los acusados y sea juzgada como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales en el marco del «caso Nóos». El Tribunal rechaza así aplicar la doctrina Botín a la hermana de Felipe VI.

En su auto, el tribunal explica que la falta de legitimación invocada por la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la defensa de la mujer de Iñaki Urdangarin sobre el Sindicato Manos Limpias, que ostenta la acusación popular, no tiene cabida.

Los magistrados discrepan respecto de la doctrina asentada en la sentencia 1045/2007, invocada por las partes -la famosa doctrina Botín– y, más concretamente, respecto de la interpretación literal que del artículo 782.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se hace en ella.

El motivo de la desestimación se centra en la consideración de que el supuesto de hecho enjuiciado respecto del delito fiscal no tiene encaje en la sentencia porque, argumentan, contraviene la sistemática del texto procesal y se aparta de la finalidad pretendida por el legislador.

Lo que quieren decir las tres magistradas de la sección primera de la Audiencia de Palma es que el caso Nóos es «un escenario distinto» al que plantea la doctrina Botín y que la acción popular está legitimada para actuar porque el delito contra Hacienda daña un bien colectivo. Esta decisión implica que la Infanta se mantendrá como acusada junto a los otros 17 procesados en el juicio, que se reanudará el próximo 9 de febrero.

Respecto a las alegaciones de las partes relativas a la naturaleza del bien jurídico protegido en el delito fiscal -«Hacienda somos todos«-, la Sala, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, estima que es de naturaleza supra individual, colectiva o difusa, y por tal motivo estima que, aun cuando fuera posible identificar un perjudicado concreto y específico por el delito, de existir, no sería con carácter exclusivo un determinado organismo público que monopolice todo del desvalor de la acción, por cuanto la lesión del bien jurídico protegido provoca un detrimento en el presupuesto necesario para procurar la asignación equitativa de los recursos públicos y compromete la consecución de las finalidades de la política económica y social que deben ser garantizadas en un Estado social y democrático y de derecho.

En cuanto a la desnaturalización del instituto jurídico de la acusación popular, estima que de exigirse en los supuestos de delitos de naturaleza difusa, colectiva o metaindividual en los que exista un perjudicado o perjudicados concretos, que el acusador particular, o bien no se persone en la causa, o personado ejercite la acción penal, para que el acusador popular esté legitimado para accionar, continúa dejándose en manos de tal acusación particular el devenir procesal del acusador popular, respecto de delitos que, no lo olvidemos, por los bienes jurídicos que amparan (malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude a la administración, prevaricación, blanqueo de capitales, falsedad) configuran un espacio donde halla su más plena justificación la participación de los ciudadanos en el proceso.

Por último, como consideración final respecto de las alegaciones de las partes, el auto señala que si el espíritu de la doctrina analizada es el de evitar la personación en el proceso de acusaciones populares cuya única finalidad sea la de generar un efecto perturbador en el procedimiento por sostener acusaciones infundadas, carentes de cualquier sustento típico, la legislación actual prevé mecanismos de corrección como la exigencia de fianza, la evitación de actuaciones procesales espúreas mediante la exigencia del respeto al principio de buena fe procesal en todo tipo de procesos y, por último, el control que en el trámite de apertura de juicio oral prevén los artículos 645 y 783 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Por otra parte, cuatro defensas plantearon como cuestión previa la falta de competencia del Tribunal. El auto rechaza la cuestión previa invocada por considerar que la aplicación de las reglas de conexidad procesal en supuestos de conexidad por analogía, cuando concurran los requisitos que permitan su aplicación, constituyen una facultad del Juez o Tribunal, y en cualquier caso la jurisprudencia ha resuelto que una vez superada la fase de instrucción y acordada la apertura de juicio oral se consagra el mantenimiento de la competencia determinada una vez abierto juicio oral.

En cuanto a las cuestiones previas relativas a la vulneración de derechos fundamentales, en particular relacionados con la vulneración del derecho de defensa, en su relación con el principio acusatorio, vulneración del derecho a conocer la imputación y vulneración del derecho a la no autoincriminación, han sido asimismo desestimados por no considerarse concurrentes los vicios invocados y no advertir en consecuencia el Tribunal que nos hallemos ante un supuesto de efectiva y real indefensión.

El auto no es recurrible, pero las partes podrán formular protesta al reiniciarse la vista oral, algo que ya anunciado que hará el abogado de la Infanta, Miquel Roca, que ha mostrado su descontento por el hecho de que la Audiencia haya aplicado a la hermana del Rey la «pena del banquillo«.

Conocida la resolución judicial, los Técnicos del Ministerio de Hacienda agrupados en Gestha han pedido a la Agencia Tributaria (AEAT) que cambie la posición exculpatoria mantenida hasta la fecha y acuse a la Infanta Cristina a través de la Abogacía del Estado por dos delitos fiscales.

Para Gestha, la Audiencia de Palma ratifica con esta decisión que «Hacienda sí somos todos», contradiciendo así a la Abogacía del Estado, que el pasado 11 de enero argumentó, para limitar el papel de Manos Limpias en el juicio y evitar que la Infanta fuera encausada, que este lema era solo un eslogan publicitario sin trascendencia jurídica.

Por ello, el colectivo exige a la AEAT que actúe en consencuencia y acuse a la Infanta como cooperadora necesaria de dos delitos contra la Hacienda Pública que se imputan a su marido, Iñaki Urdangarín, por el IRPF de los años 2007 y 2008.

Para los Técnicos, en la instrucción judicial se recopilaron indicios más que suficientes para que la Agencia Tributaria haga dicha acusación, como así lo habían entendido tanto el juez instructor, como la Audiencia Provincial, que en su día resolvió los recursos de apelación de las defensas y de la fiscalía.

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