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La AN rechaza suspender el final de curso impuesto por Celáa

Sandra Moneo

Sandra Moneo, secretaria de Educación del PP, en el Congreso

El tribunal rechaza aceptar las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP en su recurso contra la Orden de Educación que establece las condiciones para el tercer trimestre de este curso y el comienzo de las clases en septiembre

Los populares no están de acuerdo con que una orden modifique una ley orgánica y tampoco con que los alumnos de una región puedan pasar con varios suspensos y en otras no

La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha rechazado las medidas cautelarísimas solicitadas por el Partido Popular en su recurso contra la Orden Ministerial de 22 de abril de la ministra de Educación que establece las directrices para terminar el presente curso 2019-2020 y comenzar el 2020-2021 ante la situación de crisis ocasionada por el COVID- 19.

En su recurso el Partido Popular solicitaba la suspensión cautelar, sin oír antes a la Administración, de uno de los artículos y varios apartados de los anexos de la Orden recurrida. Solicitaba las cautelarísimas por razones de especial urgencia.

En concreto, los populares rechazan que una orden pueda modificar una Ley orgánica; además, no son partidarios del ‘aprobado general’ decretado por el departamento de Isabel Celáa porque, a su juicio, supone un ‘agravio comparativo’ entre los estudiantes de una Comunidad Autónoma que pueden pasar de curso con varios suspensos y los de otras que tendrán que cumplir con las exigencias académicas a pesar de las actuales circunstancias en las que aún no está claro cómo va a acabar el curso 2019-2020.

En su auto, la Sala explica que estas medidas cautelarísimas, sin oír a la parte contraria (en este caso la Abogacía del estado en representación del Ministerio de Educación) se contemplan cuando concurren circunstancias de especial urgencia y que en caso de tramitarse como medida cautelar resultaría ineficaz ante una ejecución inmediata y difícilmente reversible del acto impugnado.

En el caso concreto, los magistrados consideran que no concurre el requisito de urgencia para acordar medidas cautelarísimas por dos razones. En primer lugar porque la Orden ministerial impugnada no conlleva una inmediatez en su ejecución que pueda justificar resolver sin oír antes al Abogado del Estado; y porque la propia recurrente ha tardado en interponer el recurso: ‘poca urgencia puede apreciarse cuando objetivamente apreciamos que la recurrente conoció la Orden Ministerial impugnada con su publicación en el BOE de fecha 24 de abril de 2020 y, sin embargo, el recurso contencioso administrativo no se ha interpuesto hasta el 18 de mayo de 2020 sin que se refiera por la recurrente ninguna razón que justifique ese tiempo transcurrido hasta la impugnación de la citada Orden ministerial’.

Por todo ello, la Sala rechaza las cautelarísimas y ordena que se tramite el incidente cautelar, dando 10 días de plazo a la Abogacía del Estado para que presente alegaciones.

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