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La AN ordena el ingreso en prisión de los condenados por la estafa de Afinsa

Afinsa

Los afectados culpan al Gobierno de ZP de permitir la estafa

El Tribunal Supremo les condenó a penas de entre 8 años y 7 meses y 2 años y 3 meses de cárcel por delitos de estafa, insolvencia punible y falsedad de cuentas anuales

Once años después de la intervención judicial de la empresa los miles de afectados por esta estafa piramidal siguen defendiendo que sólo sirvió para causar más daño que el que se pretendía evitar

La Audiencia Nacional (AN) ha dado un plazo de diez días a los condenados por la estafa de Afinsa para que ingresen en prisión. Lo hace en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que les condenó a penas de entre 8 años y 7 meses y 2 años y 3 meses de cárcel por delitos de estafa, insolvencia punible y falsedad de cuentas anuales.

En la resolución la AN da ese plazo para ingresar en prisión a Juan Antonio Cuevas (8 años y 7 meses de cárcel), Albertino de Figueiredo (8 años y 4 meses), Carlos Figueiredo Escobar (8 años y 6 meses), Vicente Martín Peña (8 años y 5 meses), Emilio Ballester López (8 años y 4 meses), José Joaquín Abajo Quintana (6 años y 3 meses), Esteban Pérez Herrero (4 años), Ramón Soler Antich (3 años y 1 día), Joan Domingo Brualla (2 años y 3 meses) y Jordi Domingo Brualla (2 años y 3 meses).

Asimismo, les advierte de que si no ingresan en la cárcel voluntariamente se librarán las oportunas órdenes de busca y captura.

En el caso de Francisco Guijarro, condenado a 4 años y 5 meses de cárcel, se da traslado al fiscal de su petición de suspensión de la ejecución de la pena para que emita un informe al respecto.

Junto a la orden de entrada en prisión dictada para los 11 condenados en el fraude de Afinsa, la Audiencia Nacional declara la firmeza de las condenas en concepto de responsabilidad civil por las que los defraudadores deben responder por un importe de 2.574 millones de euros.

Sin embargo, ni las cantidades intervenidas en el procedimiento judicial ni las propiedades de los condenados permitirán el resarcimiento de los 190.022 afectados. En su decreto, la Audiencia ordena que los aproximadamente 10 millones de euros de dinero intervenido se abonen a las víctimas del fraude mediante el traslado de esa cantidad al juzgado mercantil 6 de Madrid (donde se sigue la liquidación de Afinsa), de manera que cada familia recibirá una cantidad que, de media, puede estimarse en los 50 euros que se suman a lo que hasta el momento han recuperado en dicho procedimiento concursal, el 10% de sus ahorros.

Para la Asociación de Usuarios de Bancos Cajas y Seguros (Adicae) esta realidad es un claro ejemplo del incumplimiento del derecho a la tutela judicial efectiva recogido en la Constitución, que hace que la resolución de un caso de esta envergadura se demore tanto tiempo para tan anecdótico resarcimiento dejando a miles de familias en la estacada.

Ante esta situación, y tras doce años sin que los diferentes Gobiernos hayan avanzado en ninguna fórmula de resarcimiento para los afectados, Adicae insistirá en exigir al Gobierno que cumpla el mandato que le dió el Congreso de los Diputados con la Proposición no de Ley aprobada el 19 de noviembre de 2014, cuando la Comisión de Economía aprobó que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) compense a los afectados de Fórum y Afinsa.

La Asociación asegura que tiene que ser puesta en marcha de forma inmediata para garantizar los intereses y derechos de todos los perjudicados, quienes, once años después de la intervención ordenada por los jueces de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y Fernando Grande-Marlaska a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, siguen defendiendo que sólo sirvió para causar más daño que el que se pretendía evitar.

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