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La AN investigará si 76 etarras falsearon documentos para redimir sus condenas

Joxean Agirre

Joxean Agirre falseó documentación, según COVITE

Admite a trámite la denuncia de COVITE contra los presos de ETA que presentaron documentación falsa con el sello de la Universidad del País Vasco

Los terroristas han podido reducir hasta la mitad de su pena de prisión

La Audiencia Nacional (AN) ha abierto diligencias e investigará a 76 etarras por utilizar documentación falsa para redimir condena tras la denuncia interpuesta por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE).

Según ha anunciado COVITE, el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la AN ha admitido a trámite la denuncia en la que se documenta cómo 76 presos de ETA se habrían podido beneficiar de reducciones de condena de hasta la mitad de su pena gracias a la obtención de títulos falsos otorgados por la Universidad del País Vasco (UPV-EHU) y la UNED de Bergara.

El pasado 19 de octubre, las víctimas de ETA presentaron una denuncia penal en la Audiencia Nacional contra 76 miembros o ex miembros de ETA por utilizar documentación falsa para redimir condena. Según argumentó el Colectivo, los denunciados presentaron documentos falsos relacionados con las vías de acceso a los estudios universitarios cursados en la Universidad del País Vasco (UPV) y la UNED de Bergara para acogerse a beneficios penitenciarios que han llegado a reducir hasta la mitad de su estancia en prisión.

El Colectivo aportó pruebas de que dichos documentos habían sido falseados, por ejemplo, utilizando DNI con números correlativos, duplicando los números de identificación o estableciendo que cursaron los exámenes de acceso hasta diez años después de haber comenzado los estudios.

En otros casos, ni siquiera constan las vías de acceso. Por ello, las víctimas se acogieron en la denuncia al artículo 393 del Código Penal para acusarlos de un delito de uso continuado de documentación falsa.

Del mismo modo, la asociación alertó de que muchos de los denunciados han utilizado estos documentos para beneficiarse de la derogación de la Doctrina Parot y ser excarcelados. Los beneficios penitenciarios por redenciones por estudios, se añadió en la denuncia, han podido suponer para los presos de ETA descuentos cercanos a la mitad de la condena.

Un ejemplo evidente de este fraude es el etarra José Ignacio Gaztañaga Bidaurreta, quien, según la documentación aportada, redujo su pena de prisión doce años a raíz de los beneficios obtenidos del trabajo y los estudios. En su expediente, sin embargo, aparecen graves incongruencias en las vías de acceso a la universidad.

Otro de los denunciados es el ahora dirigente de Sortu Joxean Agirre Agirre, quien, supuestamente, obtuvo la carrera de Sociología pese a que realizó la Selectividad en 2001, más de diez años después de iniciar sus estudios universitarios (1988). El DNI que aparece en el expediente de Agirre (99999171) es falso. Ramón Aldasoro Magunacelaia también cursó Selectividad diez años después de comenzar sus estudios universitarios.

Entre los denunciados también aparece Imanol Haranburu Carrera, que fue propuesto jefe de Negociado de Escuelas de Idiomas y Acreditación, cargo integrado en la directiva de la Consejería de Educación del Gobierno de Navarra. También José Antonio López Ruíz, alias Kubati; Cándido Aspiazu, asesino de Ramón Baglieto; o Iñaki Arakama Mendia, alias Macario.

Las víctimas del terrorismo etarra advierten en la demanda de que el elevado número de etarras que se ha acogido a esta práctica fraudulenta pone de manifiesto que se trata de una estrategia orquestada por la banda terrorista. En este sentido, solicitan en su demanda que, para acreditar los correspondientes requisitos de acceso, se requieran a la UPV, a la UNED de Bergara y al Ministerio de Educación los certificados correspondientes.

La admisión de la demanda coincide con la inauguración en Sevilla por parte de la directora general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, Sonia Ramos, de unas jornadas en apoyo de las víctimas del terrorismo.

Durante su intervención, Ramos ha destacado la necesidad de impedir que se “diluya la memoria de las víctimas y la historia de lo verdaderamente ocurrido”. Porque, ha añadido, “permitir que la construcción del relato caiga en manos de los sectores próximos a la ideología abertzale derivaría en una reinterpretación de la memoria de la violencia política en el País Vasco y, por tanto, en una  manipulación del  pasado y una legitimación del terrorismo como instrumento político”.

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