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La AEAT aflora 17.772 millones en 5 años de lucha contra el fraude

Empleo

Báñez no está satisfecha y busca más colaboración

Se han descubierto cerca de 420.000 empleos irregulares y se han detectado casi 6.000 empresas ficticias

La Inspección de Trabajo ha aflorado desde 2012 unos 17.772 millones de euros que pretendían ser ocultados al Sistema de la Seguridad Social.

En su lucha contra el fraude fiscal, la Agencia Tributaria ha descubierto casi 419.291 empleos irregulares y 5.985 empresas ficticias. Fruto de estos «descubrimientos» más de 253.000 contratos indebidamente temporales se han convertido en indefinidos.

Todos estos datos los ha facilitado la ministra de Empleo, Fátima Báñez, durante un acto en Cataluña, donde, gracias a un convenio de colaboración entre la Administración General del Estado y la Generalitat de Cataluña, se espera crear más empleo estable.

Báñez ha destacado que en Cataluña, donde en diciembre de 2011 la contratación estable (indefinida) se reducía a un ritmo del 27% anual, en diciembre de 2016 crecía con una tasa interanual del 15%.

Del total, Cataluña ha contribuido a esta mejora recuperando 341.599 empleos, el 54% de los destruidos por la crisis y con un incremento de la contratación indefinida del 15% en 2016.

En cuanto a los datos en materia de lucha contra el fraude en Cataluña la titular de Empleo ha resaltado que desde la puesta en marcha del plan, la Inspección de Trabajo ha hecho aflorar 58.000 empleos, incrementando la eficacia en el afloramiento de empleo irregular un 55% respecto al periodo equivalente.

Estos resultados y otras circunstancias han hecho, ha recordado la ministra, que España finalizase 2016 con la mayor reducción de paro de la serie histórica [1]. «Además, ha añadido, hemos recuperado la mitad del empleo destruido durante la crisis económica, hemos liderado con Alemania la creación de empleo en Europa. Y encadenando 35 meses de incrementos en la contratación indefinida».

La ministra ha finalizado su intervención destacando que el fraude laboral «es el mayor enemigo de todos», ya que supone vulnerar los derechos de los trabajadores, una competencia desleal e injusta hacia las empresas que sí cumplen sus obligaciones fiscales y una merma al instrumento de solidaridad más importante que existe entre los españoles: el que permite pagar más de 9 millones de pensiones.

«El fraude supone una agresión intolerable contra la calidad del empleo, contra los derechos laborales básicos de los trabajadores. Sin contrato de trabajo, ha concluido, no hay nada. No hay salario mínimo, ni jornada máxima, no hay protección de la seguridad y salud y no hay protección social».