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Justicia pide a 656 ayuntamientos que retiren vestigios franquistas

Teleprensa

El director general para la Memoria Histórica, Fernando Martínez López

Que puedan quedar en sus calles

No hacerlo puede suponer la retirada de ayudas públicas, según establece la «ley de memoria histórica»

El Ministerio de Justicia ha solicitado a 656 ayuntamientos españoles que eliminen los vestigios del franquismo que todavía quedan en los espacios públicos de sus respectivos municipios.

La orden la da el departamento de Dolores Delgado a través de la Dirección General de Memoria Histórica y en cumplimiento de la llamada «ley de Memoria Histórica», aprobada en diciembre de 2007 durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha detectado que destacadas figuras del franquismo dan nombre todavía a 1.171 calles y plazas españolas repartidas entre más de 637 municipios. Sin embargo, la Dirección General de Memoria Histórica señala que hay otros 19 casos en los que también pudieran quedar otros vestigios de exaltación de la Guerra Civil u homenaje al franquismo.

El director general para la Memoria Histórica, Fernando Martínez López, ha enviado una carta a los alcaldes de todos los ayuntamientos «señalados» en la que les solicita certificación sobre «la no existencia de simbología de exaltación en su municipio» y, en caso de que la hubiera, «proceda a dar cumplimiento a la Ley elaborando el catálogo de vestigios municipal, con su inmediata retirada de los escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación de la sublevación militar y represión de la dictadura».

El director general recuerda en su misiva que la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo del 7 de junio de 2013 estableció que «el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica impone a todas las Administraciones Públicas adoptar las medidas oportunas para que se proceda a la retirada de aquellos monumentos conmemorativos que supongan una exaltación de la Guerra Civil, con el objeto de dar cumplimiento al espíritu de reconciliación y concordia que permitió el alumbramiento de la Constitución de 1978». Aquella sentencia rechazó un recurso contra la retirada de la estatua ecuestre del dictador Franco de la madrileña plaza de San Juan de la Cruz.

Además de los 656 municipios que, en principio, podrían conservar vestigios franquistas exhibidos en espacios públicos estos, Martínez López también ha solicitado a todos los gobiernos autonómicos información «sobre la existencia de simbología de exaltación de Guerra Civil y dictadura en territorios autonómicos».

El artículo 15.1 de dicha la ley establece que «las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas».

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