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Junqueras debería haber sido considerado eurodiputado

Oriol Junqueras

Oriol Junqueras en una imagen de RTVE

El abogado general de la Unión Europea contesta así a una cuestión perjudicial planteada por el Tribunal Supremo que negó permiso para salir de prisión y recoger su acta al ex vicepresidente catalán

El abogado también advierte de que este dictamen carece ya de importancia porque Junqueras ha sido condenado por sedición y malversación

Oriol Junqueras tendría que haber sido considerado eurodiputado desde que se proclamaron los resultados de los comicios europeos celebrados en mayo.

Es lo que recomienda el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea Maciej Szpunar en un dictamen que podría ser usado ahora por el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el ex consejero autonómico Toni Comín, fugados de la Justicia española, para viajar por Europa bajo la inmunidad de la que disfrutan los parlamentarios europeos.

Todos se presentaron por sus respectivos partidos políticos (ERC y JxCAT) a los comicios europeos y todos obtuvieron un escaño en el Parlamento Europeo. Pero se les negó el acceso a la Eurocámara donde tenían que recoger su acta porque estaban siendo juzgados por liderar el «golpe de Estado» contra España en Cataluña.

En concreto, Oriol Junqueras era vicepresidente del Gobierno autonómico de Cataluña cuando el 1 de octubre de 2017 se celebró el referéndum de autodeterminación «prohibido» por el Tribunal Constitucional.

A continuación fue juzgado por haber participado en el intento de secesión de Cataluña. La situación de prisión provisional para Junqueras se acordó el 2 de noviembre de 2017. Y el 26 de mayo de 2019 resultó elegido europarlamentario y proclamado como tal por el acuerdo de la Junta Electoral Central de 13 de junio de 2019.

El 14 de junio de 2019 el Tribunal Supremo denegó a Junqueras una autorización extraordinaria de salida de la cárcel donde cumplía prisión provisional para acatar la Constitución española tal y como la ley española exige a las personas electas miembros del Parlamento Europeo. El 20 de junio de 2019, ante la falta de acatamiento, la Junta Electoral Central declaró vacante el escaño correspondiente a Junqueras y suspendidas todas las prerrogativas que le pudieran corresponder por razón de su cargo. Remitió además al Parlamento una lista de los diputados electos en España en la que no figuraba el nombre de Junqueras.

La defensa de Junqueras interpuso ante el Tribunal Supremo un recurso de súplica contra el auto de 14 de junio de 2019, recurso en el que invocaba la inmunidad establecida en el Protocolo (europeo) sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea.

Pero el 14 de octubre de 2019, el mismo día en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea celebró la vista para ver el asunto prejudicial planteado, el Tribunal Supremo dictó una sentencia por la que condenó a Junqueras a trece años de prisión y a igual número de años de inhabilitación absoluta.

Aquí es donde el abogado del tribunal con sede en Luxemburgo afirma que al estar involucrado en un procedimiento penal la cuestión prejudicial decae.

«En la medida en que la sentencia de 14 de octubre de 2019 conlleva la anulación del mandato de Junqueras, este Tribunal de Justicia no es competente para responder a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo, pues su respuesta tendría carácter hipotético», escribe Szpunar, quien añade «que el problema no radica en el fundamento de la privación de libertad de Junqueras, sino en la pena accesoria de inhabilitación absoluta a la que también ha sido condenado. Esta pena entraña, en particular, la privación definitiva de todo cargo público, incluidos los electivos, así como de la elegibilidad».

Dado que la elegibilidad al Parlamento depende del Derecho nacional, también se ve afectada por la inhabilitación absoluta. Por ello la privación de esta elegibilidad debe conllevar la anulación del mandato. De este modo Oriol Junqueras, pese a haber sido elegido diputado al Parlamento Europeo y a haber adquirido esa condición, aunque sin haber podido iniciar el ejercicio efectivo del mandato, ha sido juzgado y condenado penalmente sin que el Parlamento haya tenido oportunidad de pronunciarse sobre la suspensión de su inmunidad parlamentaria o sobre el eventual mantenimiento de la misma.

Pos eso de cara al futuro, el jurista polaco Maciej Szpunar señala que la adquisición del mandato parlamentario de los diputados europeos resulta únicamente del voto de los electores y no puede estar supeditada a un posterior cumplimiento de formalidad alguna. Por ello considera que el Parlamento Europeo debería poder pronunciarse sobre la oportunidad de suspender o de mantener la inmunidad de uno de sus miembros.

En sus conclusiones que puede leer aquí Szpunar señala la importancia constitucional que reviste este asunto, que plantea la cuestión de la distribución de los respectivos ámbitos de aplicación del Derecho de la Unión y de la ley de los Estados miembros por lo que respecta al proceso de adquisición de la condición de miembro del Parlamento.

El Abogado General expone en primer lugar que, mientras que el procedimiento electoral se rige por el Derecho nacional de los Estados miembros, el estatuto de los diputados al Parlamento, como representantes de los ciudadanos de la Unión elegidos por sufragio directo y miembros de una institución europea, sólo puede regirse por el Derecho de la Unión, so pena de menoscabar la independencia del Parlamento y la autonomía del ordenamiento jurídico de la Unión en su conjunto.

Szpunar considera que la prestación del juramento o de la promesa de acatar la Constitución española no constituye una etapa del proceso de elección al Parlamento Europeo en España y que este proceso debe considerarse concluido con la proclamación oficial de los resultados.

En consecuencia, la condición de miembro del Parlamento debe considerarse adquirida únicamente en virtud de dicha proclamación y desde el momento en que esta última tiene lugar. El Acta de 1976 no permite a un Estado miembro suspender por ninguna razón el mandato de un miembro del Parlamento ni las prerrogativas que lleva consigo.

Por ello el abogado general propone al Tribunal de Justicia que declare que una persona que ha sido oficialmente proclamada electa al Parlamento Europeo por la autoridad competente del Estado miembro en el que tuvo lugar esa elección adquiere, únicamente por ese hecho y desde ese momento, la condición de miembro del Parlamento, independientemente de cualquier formalidad ulterior que esté obligada a cumplir, ya sea en virtud del Derecho de la Unión o del Derecho nacional del Estado miembro en cuestión. Dicha persona conservará esa condición hasta el término de su mandato, salvo en los casos de dimisión, fallecimiento o anulación de su mandato.

Szpunar expone que debía considerarse que una persona en la situación de Junqueras había adquirido el mandato parlamentario y, por lo tanto, la condición de miembro del Parlamento, de modo que podía gozar de la inmunidad establecida en el Protocolo, que establece que los miembros del Parlamento gozan, en su propio territorio nacional, de las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento de su país.

El abogado europeo estima que, si bien el contenido sustantivo de la inmunidad derivada del Derecho nacional depende de ese Derecho, la duración de la protección se rige, no obstante, por el Derecho de la Unión, en pie de igualdad para todos los diputados del Parlamento.

En cuanto al momento en que tal diputado comienza a gozar de esa inmunidad, Szpunar dice que la inmunidad se aplica a los diputados, en principio, desde la apertura del primer período de sesiones del nuevo Parlamento Europeo electo, momento en el que comienza a correr la duración de su mandato. Dado que el Parlamento está permanentemente en período de sesiones, la duración de la cobertura de la inmunidad en cuestión coincide con la duración del mandato.

TJUE

Carátula de las conclusiones del abogado general de la UE

Por otra parte, ninguna disposición supedita el inicio del mandato a la asistencia efectiva del diputado europeo a la sesión constitutiva del nuevo Parlamento electo, ni a que asuma efectivamente sus funciones en general, ni a ninguna otra circunstancia. Según el abogado de la Unión, el mandato de un diputado europeo que no ha asumido efectivamente sus funciones por no haber cumplido todas las formalidades exigidas por el Derecho nacional también comienza con la apertura del primer período de sesiones del nuevo Parlamento electo. En consecuencia, a partir de ese mismo momento, ese diputado está amparado por la inmunidad parlamentaria establecida por el Protocolo.

Los diputados del Parlamento Europeo también estarán amparados por la inmunidad parlamentaria cuando se dirijan al lugar de reunión del Parlamento o regresen de éste. Dado que esta inmunidad puede aplicarse fuera del período en el que el Parlamento se encuentre en período de sesiones, es decir, una vez clausurado éste, el Abogado General no ve razón alguna que impida aplicar dicha inmunidad también antes de ese período, incluso antes de la apertura del primer período de sesiones después de las elecciones.

Por consiguiente, según Szpunar, antes de la apertura de la sesión constitutiva del Parlamento Europeo tras las elecciones, las autoridades nacionales del Estado miembro en el que el diputado en cuestión ha resultado electo están obligadas a abstenerse de adoptar cualquier medida que pueda obstaculizar los trámites del miembro del Parlamento necesarios para asumir efectivamente sus funciones y a suspender las medidas que ya estén en curso, salvo que hayan obtenido la suspensión de la inmunidad por el Parlamento. Esta obligación sólo se aplica a las medidas a las que atañe la inmunidad parlamentaria en virtud del Derecho nacional, al que se remite el Protocolo por lo que respecta al contenido material de la inmunidad.

El jurista indica que la situación se ajusta a lo dispuesto por el artículo 9 del Protocolo, según una interpretación literal del mismo, ya que el diputado al Parlamento goza, en su Estado miembro, de la inmunidad reconocida a los miembros del Parlamento de su país, tal como esté establecida en el Derecho nacional, y este último sólo puede ser interpretado por los tribunales nacionales.

Al estimar poco satisfactorio el resultado a que lleva esta interpretación literal, preconiza una interpretación que refuerce la competencia del Parlamento en materia de inmunidad de sus miembros.

Por ello propone al Tribunal de Justicia que declare que, desde el momento en que el Derecho nacional de un Estado miembro reconoce la inmunidad a los miembros del Parlamento nacional, el artículo 9 del Protocolo debe interpretarse en el sentido de que corresponde al Parlamento europeo pronunciarse sobre la oportunidad de suspender o de mantener la inmunidad de uno de sus miembros.

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