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El Congreso tumba el decreto con la reforma de la estiba

Congreso

Este marcador hace historia…

Los estibadores desconvocan los paros anunciados

Este jueves era decisivo para que el Gobierno sacase adelante la reforma de la estiba aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 24 de febrero y que la Comisión Europea apoya «plenamente».

Pero el Real Decreto-Ley no ha obtenido la mayoría necesaria en el Congreso de los Diputados, donde la oposición -PSOE, Unidos Podemos, ERC y la mayoría del Grupo Mixto, incluida CC), ha sumado 174 votos contra la normativa gubernamental.

El PP ha recibido el apoyo de PNV y Foro Asturias, con quienes ha sumado 141 escaños. Pero los 174 votos en contra y la abstención de los 33 diputados de Ciudadanos, socio «preferente» del Gobierno, han tumbado la reforma.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha comparecido en rueda de prensa para defender la postura del Gobierno en este complicado asunto. Más aún si como ya habían adelantado, tanto PSOE como Unidos Podemos siguen apoyando a los estibadores a pesar de que sus intereses afectan a los intereses generales.

De la Serna ha insistido en que la norma cumple la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014 que considera que el actual régimen de manipulación de mercancías en los puertos españoles contraviene el artículo 49 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

La modificación supone suprimir, en su mayor parte, el actual régimen «monopolista» de gestión de los trabajadores para la prestación del servicio portuario recogido en la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

Actualmente, los estibadores forman un colectivo de 6.150 personas que se agrupan en más de un 98% en la Coordinador Estatal de Trabajadores del Mar (CETM). Para trabajar en la carga y descarga de mercancías en los puertos hay que estar inscrito en las Sagep, sociedades anónimas de gestión de las radas, instaladas en las 46 principales terminales de España. Estas Sagep, en las que deben participar las operadoras de estiba, reparten las jornadas de trabajo y seleccionan y forman al personal a su capricho.

Lo ha explicado durante el debate parlamentario el portavoz de Fomento del Partido Popular, Miguel Barrachina, quien, refiriéndose a los sueldos de los estibadores, ha afirmado que «el salario mínimo en el puerto de Valencia en 2015 fue de 109.070 euros brutos, de retribución media».

Barrachina ha defendido la liberalización del sector contando que «cuando llega un barco a Valencia y necesita 6 estibadores para realizar su descarga, si la Sagep que opera allí envía a 18 trabajadores para hacer el trabajo el buque tiene que pagar a esos 18, con lo que resta competitividad» a la rada española. «Y eso es un peligro», ha advertido Barrachina, «porque enfrente de Algeciras, en Tánger, ha nacido hace sólo 10 años un puerto (Tánger Med) que en sólo dos años nos va a duplicar en capacidad».

La situación aún puede reconducirse in extremis. El titular de Fomento ha dejado la puerta abierta a que el texto sea aprobado la semana que viene, «aunque los plazos son ya muy escasos». Si venciesen los plazos definitivos España tendría que pagar una multa de más de 20 millones de euros y una sanción de 130.000 euros al día.

Ayer el Ministerio de Fomento convocó una reunión técnica. Organizada por el mediador en el conflicto de la estiba, el presidente del CES, Marcos Peña, contó con la participación de los servicios jurídicos de las diferentes partes, además del propio ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, el secretario de Estado de Infraestructuras y Transporte, Julio Gómez-Pomar, y el director general de Empleo, Xavier Thibault, una circunstancia que no gustó a los representantes de los trabajadores, que llevaban semanas pidiendo la participación del Ejecutivo en sus reuniones con la Patronal -Anesco- y que se vieron sorprendidos por la reunión.

De la Serna ofreció un acuerdo para subrogar el 100% de los puestos de trabajo y ayudas complementarias, como prejubilaciones a partir de los 50 años con un 70% del promedio del salario durante los seis últimos meses anteriores a la baja. A estas prebendas podrán optar los estibadores a los que les resten 60 meses o menos para acceder a la jubilación ordinaria -55 años en caso de la estiba-.

Después de haber mostrado su disposición a facilitar el mantenimiento del empleo -las «máximas» de procesos de reconversión de un sector de estas características- el titular de Fomento se mostró confiado en contar con el apoyo  de los grupos de la oposición mientras sindicatos y patronal seguían intentando un acuerdo en el marco de la negociación colectiva.

El acuerdo que todavía tiene el Gobierno encima de la mesa prevé que los trabajadores de las actuales sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios sean subrogados por las empresas y sus condiciones laborales, así como la de los estibadores de las nuevas empleadoras, se determinen en convenio colectivo.

Pero los trabajadores están convencidos de que cualquier acuerdo al que se llegue, fundamentalmente la subrogación de los empleos, tiene que quedar plasmado en el decreto ley y «no en una norma menor, de cumplimiento voluntario».

Sea como sea y si el Real Decreto Ley no termina de ser aprobado antes del 24 de marzo, España tendrá que afrontar una sanción de 134.000 euros diarios, que se suman a los cerca de 23 millones de euros que la Comisión Europea ha congelado a la espera de que este texto se apruebe en el Parlamento.

Por último. Como miembro de la Unión Europea España está obligada a cumplir la sentencia. De no convalidarse el Real Decreto supondría incumplir por parte del Reino de España un Tratado por primera vez desde que forma parte de la Unión Europea.

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