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Jueces y fiscales tildan las nuevas tasas judiciales de franquistas

Ruíz Gallardón y Gonzalo Moliner

Ruíz Gallardón y Gonzalo Moliner, presidente del TS y el CGPJ

Y dice que «limitarán e impedirán el acceso de la mayoría de la población a la justicia»

El Congreso de los Diputados celebrará esta tarde a las 16:00 horas el debate de las enmiendas a la totalidad del Proyecto de Ley por la que se regulan las Tasas de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Durante el debate, con toda probabilidad, recordarán al Gobierno las quejas que desde las organizaciones Jueces para la Democracia, Unión Progresista de Fiscales y Sindicato de Secretarios Judiciales se han hecho públicas.

Dichas asociaciones están «rotundamente» en contra del contenido del Proyecto de Ley y advierten «de la grave privación de derechos que sufrirá el ciudadano que quiera acudir a la Justicia, con una ley cuyo precedente se remonta al año 1959, en plena dictadura».

Las organizaciones judiciales arriba indicadas se oponen a la implantación de las nuevas tasas porque, dicen, «limitarán e impedirán el acceso de la mayoría de la población a la justicia, atacando frontalmente el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24.1 de la Constitución, siendo inaceptable que no se dé curso a una demanda por la única razón que la persona que acude a la justicia no pueda afrontar el pago de la tasa».

También critican la elevada cuantía de la tasa fijada con la única finalidad de restringir el uso del servicio público de la justicia a la mayoría de la población, permitiendo litigar sólo a aquellos que económicamente puedan afrontarlas y el hecho de extenderla con carácter general y no excepcional, para todas las jurisdicciones, con la única excepción de la penal.

Jueces para la Democracia centran la crítica en el hecho de que las personas físicas sólo quedarán exentas si acreditan ingresos inferiores al límite de la justicia gratuita. Recordamos que la Ley 1/1996 reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita a quienes acrediten una renta inferior al doble del salario mínimo interprofesional en cómputo anual y contando los ingresos de toda la unidad familiar, lo que significa tener ingresos, por familia, inferiores a 1.100€ netos mensuales aproximadamente

También reprochan al ministro de Justicia que las nuevas tasas no sean excluyentes de las tasas establecidas o que puedan establecer determinadas Comunidades Autónomas, con lo que los usuarios de la justicia en dichos territorios verán doble e injustamente limitados sus derechos. Y acusan a Ruíz Gallardón de buscar la racionalización, agilización y optimización de la administración de justicia vulnerando el derecho fundamental de la tutela judicial efectiva, en vez de a través de reformas organizativas.

Jueces para la Democracia, la Unión Progresista de Fiscales y el Sindicato de Secretarios Judiciales consideran que «en un Estado Social y Democrático de Derecho la justicia no debe convertirse en una herramienta recaudatoria más que está haciendo recaer las consecuencias de la crisis financiera en los sectores más desfavorecidos de la ciudadanía, que además ven como sufragan con sus impuestos servicios que luego quedan al servicio de las clases económicamente más favorecidas».

Las organizaciones contrarias a las nuevas tasas judiciales recuerdan que éstas no son retornables aunque se obtenga una resolución favorable; o lo que es lo mismo, no se devolverá el dinero de la tasa aunque se dé la razón a quien tuvo que pagarlas. Eso sí, pueden repercutirse o no a la parte contraria, lo que en muchas ocasiones también provoca consecuencias indeseables.

Las asociaciones de Jueces, Fiscales y Secretarios Judiciales advierten de que no pueden quedarse «impasibles al continuo intento de culpabilizar a la ciudadanía por la situación en que se encuentra el país. En Sanidad, en prestaciones farmacéuticas, en Servicios Sociales y ahora en Justicia se insiste en que la población, todos y todas, abusamos de las Administraciones Públicas y que es necesario disuadirnos por la vía económica de que recurramos a los servicios públicos. Consideramos que los responsables de la gestión de éstos son quienes deben garantizar que se presten de una manera adecuada, digna y con pleno respeto a los derechos de la ciudadanía».

El Congreso no sólo discutirá esta tarde sobre tasas judiciales. Antes se producirá el debate  de las enmiendas del Senado al proyecto de ley sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero. Y para rematar, el Proyecto de Ley de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. Así pues, tarde animada y tensa, seguro, la que se vivirá hoy en el Parlamento con los resultados de las elecciones gallegas y vascas de fondo.

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