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Jiménez acusa al Gobierno de «agredir a los enfermos» con el cobro de la ambulancia

Trinidad Jiménez

Trinidad Jiménez

Denuncia que “tras un año del Gobierno de Rajoy, la sanidad en España ha dejado de ser universal, está dejando de ser gratuita y cada vez es menos pública”

La noticia de que el Ministerio de Sanidad ha decidido cobrar a los enfermos los transportes en ambulancia ha sacudido hoy las sillas de los diputados socialistas, quienes, a través de su secretaria de Política Social, Trinidad Jiménez, han denunciado que esa decisión de Sanidad supone “una agresión más del PP a los enfermos y a la sanidad pública”.

Desde el ministerio de Sanidad se han apresurado a desmentir las informaciones y aunque reconoce que el transporte sanitario urgente no tendrá aportación del usuario y que nunca los parados de larga duración y las pensiones más bajas tendrán que aportar nada por esta prestación, sí establece límites mensuales de 60 euros para las rentas superiores a los 100.000 euros anuales; 20 euros para quienes ganan 18.000 a 100.000 (activos y pensionistas); y 10 euros para el resto.

La medida se recoge en el borrador de orden ministerial que las Comunidades Autónomas han elaborado, junto con el Ministerio de Sanidad, para regular la aportación del usuario en transporte sanitario no urgente y que deja blindado el transporte sanitario urgente, que no tendrá ninguna aportación por parte del usuario.

Desde el Ministerio de Sanidad aseguran que se trata de un sistema para unificar la aportación de los usuarios en toda España: que todos aporten lo mismo con independencia de la Comunidad Autónoma donde residan. Al igual que en otras prestaciones de la cartera común suplementaria, como los medicamentos, se van a establecer criterios de equidad en función de la renta y de la cronicidad de la enfermedad. Pagará más el que más tiene y menos, o nada, el que menos tiene.

Así, el texto establece un precio único por trayecto: 50 euros. Esta medida se toma para evitar penalizar a pacientes de zonas alejadas de los centros sanitarios o rurales. Como norma general, tendrán aportación reducida, por lo que el usuario aportará el 10% (5 euros). Se establecen límites mensuales de 60 euros para las rentas superiores a los 100.000 euros anuales; 20 euros para quienes ganan 18.000 a 100.000 (activos y pensionistas); y 10 euros para el resto.

Estos límites serán semestrales en el caso de tratamientos periódicos superiores a seis meses, con lo que se protege a los enfermos crónicos, que pagarán 1,6 ó 3,3 euros al mes para la mayor parte de la población. Estarán exentos los mismos grupos que en farmacia (síndrome tóxico, rentas de inserción, parados de larga duración, etc.) y personas que requieran tratamiento derivado de un accidente laboral (lo cubrirá la Mutua de Accidentes, el INSS o el Instituto Social de la Marina).

No se considera transporte sanitario no urgente el traslado entre centros, por lo que también estará exento de aportación. Además, los menores, personas con discapacidad cognitiva, sensorial o visual o cuando su estado de salud así lo requiera podrán llevar acompañante en los trayectos y no tendrá ningún coste.

Estas explicaciones no convencen al PSOE que insiste en que “el transporte sanitario puede no ser urgente, pero en muchos casos es vital, sobre todo, para los enfermos crónicos, como los pacientes en diálisis o los pacientes en radioterapia y quimioterapia”. “Se trata, por tanto, de una medida profundamente injusta, porque supone un nuevo desembolso y una barrera real para los más vulnerables para poder acceder a tratamientos y prestaciones que son clínicamente necesarios de manera habitual”, ha señalado.

Jiménez ha denunciado que “no es aceptable penalizar al enfermo” y ha criticado al Gobierno por su “ausencia total de empatía y comprensión hacia lo que implica el hecho de ser paciente en España, en términos de vulnerabilidad, pérdida de ingresos económicos y aumento de costes indirectos”.

Igualmente, ha recordado que “el Partido Socialista rechaza cualquier tipo de copago, por lo que supone de cambio cualitativo en el modelo de acceso a la sanidad, tanto a los fármacos como a los servicios, lo que genera inequidad y desigualdad entre los ciudadanos”. “El copago afecta claramente a los principios de equidad y de solidaridad y perjudica, sobre todo, a enfermos crónicos, personas mayores, y pacientes con enfermedades raras”.

La secretaria de Política Social socialista ha recordado que esta nueva agresión a los pacientes y a la sanidad pública se suma a otras decisiones adoptadas ya por el Gobierno del PP: “la exclusión de los inmigrantes en situación irregular, que los pensionistas tengan que pagar por sus medicinas por primera vez en la historia, o el “medicamentazo”… “Todo ello, ha supuesto un cambio radical en la esencia del modelo sanitario y la ruptura del consenso que existía hasta ahora sobre la configuración de nuestro Sistema Nacional de Salud”, ha dicho.

La dirigente socialista ha denunciado que “el verdadero objetivo del Gobierno no es hacer sostenible la sanidad, sino abrir un espacio claro y prestigiado para la sanidad privada, mientras configuran un nuevo modelo de diferenciación entre aquellos ciudadanos que pueden pagar por la sanidad y los que no”. “Tras un año del Gobierno de Rajoy, la sanidad en España ha dejado de ser universal, está dejando de ser gratuita y cada vez es menos pública”, ha recalcado.

Por ello, Jiménez ha pedido al Gobierno que “rectifique, abra un espacio al diálogo con el resto de partidos políticos y con los profesionales y pacientes para poner sobre la mesa las alternativas de reforma necesarias que existen para fortalecer el sistema”.

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