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Interior traslada a la ex jefa de ETA ‘Anboto’ al País Vasco

Fernando Grande-Marlaska

El departamento de Interior de Fernando Grande-Marlaska es el responsable directo de los acercamientos de etarras (Foto: Borja Puig de la Bellacasa)

El Gobierno de Pedro Sánchez continúa con su política penitenciaria proetarra

Bajo el mandato del socialista se ha trasladado a 192 etarras de los que 97 tienen delitos de sangre

El Ministerio del Interior ha ordenado el traslado de 4 etarras a cárceles próximas y propias al País Vasco y Navarra.

Como ocurre cada viernes desde que Pedro Sánchez ganó la moción de censura contra Mariano Rajoy gracias al apoyo del Partido Nacionalista Vasco y los herederos de ETA (EH Bildu), todos los presos etarras que han sido acercados al País Vasco tienen sobre sus espaldas delitos de sangre.

Entre los beneficiados este viernes por la política penitenciaria del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos destaca María Soledad Iparraguirre ‘Anboto’, ex jefa de ETA con un largo historial delictivo y causas pendientes con la Justicia.

Anboto ha sido llevada desde el Centro Penitenciario Madrid I al Centro Penitenciario de Álava, uno de los que han sido transferidos hace poco a la competencia del País Vasco.

Esta terrorista fue condenada a 39 años de cárcel por el asesinato en junio de 1985 del cartero de la localidad alavesa de Amurrio Estanislao Galíndez. También fue condenada a 61 años de cárcel por ordenar dos acciones terroristas, una de ellas el atentado contra los policías Rafael Leiva y Domingo Durán que vigilaban la entrada de las oficinas del DNI en Bilbao el 13 de enero de 1995. Además, fue condenada a 11 años de prisión por el atentado perpetrado contra una entidad bancaria de Getxo en 1994. También fue condenada a 122 años de cárcel por ordenar y facilitar material para cometer otro atentado, el del comandante del Ejército de Tierra Luciano Cortizo, perpetrado en 1995 en León. Aún le quedan por lo menos 6 juicios.

Además de la ex jefa de la banda terrorista el Gobierno ha ordenado trasladar a José Ignacio Cruchaga Elezcano, quien en 2002 fue condenado por la Audiencia Nacional a 54 años de prisión como responsable del asesinato de Juan Miguel Gervilla el 20 de diciembre del 2000 en Barcelona. Asimismo en 2002 fue condenado a 33 años de prisión como autor del asesinato de Ernest Lluch el 21 de noviembre del 2000 en Barcelona. Además, en el 2003 fue condenado a 34 años y 6 meses de prisión como autor del atentado que acabó con la vida de José Luis Ruiz Casado el 21 de septiembre del 2000 en Barcelona.

Otro de los beneficiados por el ‘pacto’ entre el PSOE de Pedro Sánchez y sus socios del PNV y Bildu es Alberto Viedma Morillas, quien en 2003 fue condenado a 30 años de prisión como responsable del asesinato de Tomás Caballero el 6 de mayo de 1998 en Pamplona. En 2004 fue condenado a 30 años de prisión como autor del asesinato de Francisco Casanova el 9 de agosto del 2000 en Berriozar (Navarra). Igualmente fue condenado por el intento de homicidio del subteniente del Ejército José Díez Pareja en la localidad navarra de Cizur Mayor en 2001.

El último etarra acercado en este caso a la prisión de Léon es Francisco Ruiz Romero, condenado a 30 años de cárcel por el asesinato en 1998 de Tomás Caballero en Pamplona.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) dice abiertamente que el Gobierno de Sánchez ha finiquitado la política de dispersión. Bajo su mandato se ha trasladado a 192 etarras, de los que 97 tienen delitos de sangre.

Así pues, según los datos en posesión de la AVT, quedan por ‘acercar a casa’ a 6 presos etarras que cumplen condena en Andalucía, 1 en Murcia y 2 en Castellón. ‘Todo apunta a que el siguiente paso en la política penitenciaria gubernamental será que todos los presos acaben en cárceles del País Vasco y Navarra’, lamentan las víctimas de ETA, que acusan al Ejecutivo socialcomunista de beneficiar a presos etarras que no se arrepienten de lo que hicieron y que no colaboran con la Justicia para esclarecer los casi 400 atentados terroristas que aún están sin esclarecer.

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