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Indignación por la sentencia del Prestige

Prestige

El barco nunca tuvo que salir del puerto de origen

La sentencia del Prestige ha causado indignación y decepción entre los grupos ecologistas, la plataforma Nunca Máis y los portavoces de la oposición. El hecho de que el Estado haya  quedado exonerado de culpa y, por tanto, no tenga que sufragar los daños que se le reclamaban y de que, al no haber responsables penales, tampoco haya responsabilidad civil (la causa fue tramitada por la vía penal), no ha gustado a parte de los colectivos que reclaman responsabilidades políticas en el hundimiento del petrolero Prestige que asoló las costas gallegas.

La plataforma Nunca Máis ha tildado la sentencia de «fallo político al dictado de los intereses del PP» y ya está estudiando la manera de recurrirla. «Haremos lo posible para que esto no se quede así», ha dicho la portavoz de la asociación Isabel Risco. El abogado de la plataforma, Pedro Trepat, cree que hay «aspectos claramente contradictorios» en la absolución y considera que el fallo «insinúa que hubo responsables por encima de López-Sors».

También el coordinador de Pesca de WWF España, Raúl García, lamenta que «no sólo no pagará quien ha contaminado, sino que ni siquiera se ha identificado un solo responsable del vertido naval de petróleo más complejo de la Historia«. Y el alcalde de Muxía, el socialista Félix Porto, considera que la sentencia «es un pequeño despropósito y al final el responsable parece que ha sido el barco».

El PSOE se ha sumado a las quejas. El diputado socialista Rafael Simancas dice no entender «por qué nadie ha asumido responsabilidades». Y el secretario de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad del PSOE, Hugo Morán, asegurado que 11 años después de la mayor tragedia medioambiental ocurrida en España, “los únicos condenados han sido los ciudadanos”. Una situación que el dirigente socialista califica de “desoladora”, y que “solo han pagado los ciudadanos gallegos en primer término, y el conjunto de la sociedad española que ha visto como se socializaban los descomunales costes de la limpieza y reparación del litoral atlántico español”.

Según Morán, “no es razonable” concluir todo el proceso contra los responsables de aquel drama, “diluyendo responsabilidades y amparándose  en las limitaciones de la legislación del momento y en las discrepancias de los informes presentados. Es absolutamente incuestionable la magnitud de los daños producidos y la manifiesta incompetencia en la gestión para minimizarlos”, dice Morán, que recuerda que tuvo que ser la población civil la que se puso desde el primer momento al frente de las labores de limpieza, ante la “clamorosa ausencia de respuesta por parte de las administraciones responsables en aquel instante que estaban en manos del PP”.

También el diputado de IU Gaspar Llamazares habla de «día negro para la Justicia porque una catástrofe sin condenas es un escándalo«. Y la diputada del BNG Olaia Fernández considera la sentencia «pobre y decepcionante».

Ahora, se abre la vía a las reclamaciones civiles. En este sentido, la Audiencia Provincial de A Coruña tiene que decidir «adónde van» los 22,7 millones de euros de fianza que la aseguradora del Prestige depositó como medida preventina. La propia sentencia calcula que el Prestige generó al Estado español gastos por 368 millones de euros, a la Xunta de Galicia por 145 millones y al Estado francés 67 millones, además de graves consecuencias económicas a empresas y particulares. El fiscal cifró durante el juicio unos gastos totales para el Estado de más de 4.000 millones de euros, por los que solicitó una indemnización de 1.974,54 millones.

Desde el Gobierno, el ministro de Agricultura, Miguel Arias-Cañete, una vez conocida la sentencia, considera que la actuación del Ejecutivo de entonces fue «razonablemente buena ante un suceso complejo». Y el entonces ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, se siente satisfecho con la sentencia, que «ratifica que no hubo ninguna responsabilidad» y que la suya propia nunca debió plantearse. En Galicia, la portavoz del PP regional, Paula Prado, defiende que el fallo «pone de manifiesto que la gestión del Gobierno fue correcta y adecuada» y critica la «manipulación de la catástrofe por parte de determinados sectores políticos que recogieron réditos políticos e hicieron carrera» con el accidente del Prestige.

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