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Iberdrola Renovables también entra en la ‘Operación Tándem’

Xabier Viteri Solaun

Xabier Viteri Solaun es el presidente de Iberdrola Renovables Energía

La Audiencia Nacional investiga a la compañía por contratar al comisario Jose Manuel Villarejo para espiar a competidores

El juez Manuel García Castellón ha acordado en la pieza separada 17 de la llamada ‘Operación Tándem’ citar como investigada a Iberdrola Renovables Energía.

El magistrado sospecha que la empresa domiciliada en Bilbao contrató al comisario Jose Manuel Villarejo para que investigara a la suiza Eólica Dobrogea con la que Iberdrola se había aliado para acometer proyectos en Rumanía.

El magistrado, que acusa a la entidad de un delito de cohecho, tomará declaración a su representante legal asistido de abogado en próximas fechas.

En su auto, el juez asume el criterio del fiscal y acuerda también el sobreseimiento libre para el ex directivo de Iberdrola Juan Antonio del Olmo, contra quien Iberdrola se querelló por un delito de falsedad en documento privado. En relación con esta querella Iberdrola había solicitado su personación como acusación particular, condición que ahora revoca el magistrado en la medida en que no sería perjudicada por los hechos que se investigan.

García Castellón explica en su escrito que de las investigaciones practicadas hasta el momento en esta pieza del caso Tándem aparece indiciariamente acreditado que Iberdrola Renovables SA contrató a Jose Manuel Villarejo a finales de 2011 a través del entonces director de Seguridad de Iberdrola.

Villarejo fue contratado mientras se encontraba en servicio activo en el Cuerpo Nacional de Policía con la finalidad, apunta el magistrado en su escrito, de llevar a cabo una investigación sobre la sociedad suiza Eólica Dobrogea, su accionista mayoritario y su apoderado, con quienes Iberdrola Renovables se había aliado para acometer proyectos en Rumanía y con quienes surgieron diferentes conflictos que fueron resueltos de manera favorable a Iberdrola en un procedimiento arbitral.

Al igual que en los casos de Repsol y Caixabank conocidos ayer, el auto recoge el artículo 31 bis. 1 del Código Penal por el que una persona jurídica puede ser imputada si el delito se comete en beneficio directo o indirecto de la entidad.

En el caso concreto, el juez señala que de lo actuado hasta el momento se desprende que el encargo a Villarejo no se realizó de manera individual por los directivos y empleados de la compañía ‘sino que se hizo en nombre o por cuenta de la mercantil y en beneficio de la propia compañía’.

En este sentido el juez añade que consta en la causa una factura por importe de 29.500 euros emitida por Cenyt con ocasión del encargo del proyecto Wind a Iberdrola Renovables Energía en concepto de servicios de apoyo y logística de seguridad a personal de Rumanía, así como su pago, reconocido por la compañía.

Por todo ello, según el juez, se pone de manifiesto que el encargo fue realizado por los investigados en su condición de administradores de Iberdrola Renovables, en nombre y por cuenta de la compañía y en su beneficio directo.

El magistrado tiene dudas sobre la diligencia empleada en la contratación de los servicios de Villarejo, frente a la convicción argumentada por Iberdrola de que se trataba de un funcionario en excedencia. El juez recuerda que la mercantil tenía al frente de sus servicios de Seguridad a una persona procedente del Cuerpo Nacional de Policía que, aunque en el momento de los hechos no se encontraba en activo, podía verificar el carácter de funcionario activo de Villarejo.

De lo investigado hasta el momento el juez concluye que existieron omisiones relevantes en la diligencia exigible a Iberdrola Renovables que podrían haber influido en la comisión de los delitos materializados por sus empleados.

Por último, el magistrado acuerda el sobreseimiento para el ex directivo de Iberdrola Juan Antonio del Olmo contra quien la compañía se había querellado por manipular un documento privado para perjudicar los intereses de la entidad. El auto no entra a valorar la existencia de indicios de la comisión de delito porque los hechos estarían prescritos. 

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